En el centro de la escena política platense se encuentra el crimen a sangre fría cometido hace unos días contra cuatro mujeres. A partir de allí varias movilizaciones se han sucedido en busca de justicia, y organizaciones feministas reclaman el esclarecimiento del caso y la pena inmediata del culpable. Lo que se ha colocado en el eje del debate es la indefensión de la mujer ante un Estado completamente ausente y la extensión de penas a los victimarios de casos femicidas.
La mujer trabajadora es vulnerable en relación con la fuerza de un hombre, no sólo por su condición de género sino por su situación material y concreta, su condición laboral y social. Miles de mujeres sometidas a la violencia de sus parejas (en su mayoría) realizan en la provincia de Buenos Aires denuncias al 0800 habilitado desde la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a las víctimas a partir del Programa de Atención a Mujeres (AVM), iniciado en el año 2008. Justamente hacía menos de un mes que las compañeras estatales trabajadoras de este servicio realizaron una huelga, reclamando mejoras en sus condiciones de trabajo, la respuesta del gobierno de Scioli fue descontar los días de paros.
Desde la implementación del programa, las compañeras, todas mujeres, capacitadas para aconsejar a las víctimas y derivarlas, según el caso, a una mesa de profesionales para asistir a las víctimas, vienen denunciando la precariedad con la que trabajan y el abandono progresivo del programa. Las trabajadoras de este call center no tienen a dónde derivar a las víctimas. Se desarmó la mesa de profesionales, no hay ayuda material ni económica para asistir realmente a las mujeres. El trabajo se ha limitado asistir mediante consejos legales o psicológicos, todas medidas para tomar de manera individual sin asistencia directa del Estado.
La indefensión de la mujer es en realidad sostenida desde el propio régimen. Las mujeres trabajadoras ganan el 70% del salario de un hombre a igual tarea, la inestabilidad laboral de la empleada doméstica, el trabajo en negro y precario impide la independencia económica de la mujer.
El alargamiento de las penas a los asesinos de mujeres no soluciona este problema fundamental. El Estado, en primer lugar, no asiste a la víctima, y el régimen en su conjunto mantiene a la mujer trabajadora en situación de desventaja económica.
La reivindicación de las mujeres trabajadoras debe tener dos aspectos: por un lado la exigencia al Estado de una política de amparo a las víctimas de violencia, con asistencia psicológica, con un equipo de profesionales, casas refugios de emergencia; y, por otro lado, trabajo genuino.
¿La descomposición social de las relaciones humanas será resuelta con mayores penas carcelarias? El proyecto de la senadora Liliana Fellner, del Frente para la Victoria, trata justamente de endurecer penas para los femicidios. En una especie de "blumberización" de género contra el femicidio. Aunque está claro que no es lo mismo una mujer indefensa que mata en defensa propia a su golpeador, el proyecto encubre toda una política desde el propio Estado que no defiende a la mujer trabajadora ante una realidad desigual.
Las mujeres trabajadoras levantamos el reclamo al Estado, exigimos amparo y el fin de este flagelo. El salario igual a la canasta familiar, la estabilización laboral, y en blanco, y la triplicación del presupuesto para la implementación de un verdadero programa de defensa de la mujer trabajadora.
Laura Kohn
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