jueves, 16 de septiembre de 2010

Ley de Infanticidio

Ley de infanticidio

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de la kirchnerista Diana Conti, que restaura la figura de infanticidio en el Código Penal, con penas de entre seis meses y tres años -excarcelables- tal como lo fue hasta 1994. A partir de entonces, la muerte de un bebé a manos de su madre durante el período puerperal fue considerada homicidio agravado por el vínculo, con condena a perpetuidad (de 8 a 25 años si había atenuantes). El proyecto actual tuvo 170 votos positivos "transversales", 29 negativos y nueve abstenciones. Entre los votos negativos, descolló Patricia Bullrich, aliada a la evangélica Cintia Hotton, quien dijo que la ley plantea "un auténtico permiso para matar".
El proyecto aprobado -que debe ser refrendado en el Senado- encierra una fuerte contradicción: penaliza un acto cometido -según ahí mismo se define- bajo una psicosis temporal o emoción violenta, agravada por un contexto de total desamparo. ¿Desde cuándo la psicosis es imputable? Los diputados "progresistas" se felicitan de penalizar desórdenes mentales.
El texto con media sanción hace una importante concesión a los opositores (la Iglesia en primer término) a la figura de infanticidio porque no precisa la duración del período puerperal. Esto implica que quedará librado a la interpretación de los jueces determinar si juzga un infanticidio o un homicidio. Son los mismos jueces que han impuesto penas altísimas en la mayoría de los casos. La diputada Conti sostiene que "el período puerperal es inmediatamente posterior al parto", un disparate antológico que movería a risa si en ese entresijo no se fuera a decidir la libertad o la prisión de muchas mujeres.
¿Qué es la psicosis puerperal?
El puerperio es un proceso de base hormonal y fisiológica, pasajero, que se extiende unas seis semanas después del parto. En raros casos -uno en 5.000, dice el obstetra Mario Sebastián- genera un desorden psicológico expresado en un fuerte rechazo al bebé, a veces negación de la preñez y el parto, etc. Suelen influir situaciones previas de alto stress o un embarazo no deseado. La psicosis puerperal afecta a mujeres de todas las clases sociales, pero las infanticidas siempre pertenecen a los sectores más oprimidos, que no tienen recursos médicos y familiares capaces de detectar la situación y proteger al bebé y a la madre.
En 1991, el infanticidio fue derogado en nombre de los derechos del niño y de que la causa invocada en el viejo Código Penal -defensa del honor de la madre- no tenía vigencia porque ya "ninguna mujer era objeto de presión social por quedar embarazada fuera del matrimonio". La impostura quedó clara en cada caso que llegó después a la Justicia: mujeres amenazadas por su patrón violador o su familia por haberse embarazado; mujeres hundidas en la peor miseria que no "registraron" ni el embarazo ni al bebé como propio; mujeres que no se atrevieron a denunciar la violación o a contar su embarazo. Cada psicosis puerperal se mostró siempre potenciada por cuestiones de orden social (la gran miseria, la violencia familiar, los prejuicios religiosos o morales, el descalabro hospitalario, la falta de educación sexual y, sobre todo, la ilegalidad del aborto).
La derogación del infanticidio no sirvió para proteger a los bebés sino para victimizar doblemente a las madres. Su reinclusión en el Código Penal no ataca ninguna de las razones sociales, el enorme desamparo que permite que una mujer se convierta en la asesina de su criatura. Contra el infanticidio, lo más eficaz es el respeto a los derechos maternales, subsidio a la embarazada y a la mujer madre, derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo; jardines maternales. Igual de importante: derecho al aborto gratuito y legal, acceso a la anticoncepción gratuita, educación sexual. Y un sistema de salud capaz de brindar la atención necesaria.
En cuanto a Romina Tejerina y todas las Romina que fueron condenadas por homicidio agravado por el vínculo, exigimos que sus causas sean reabiertas y recaratuladas, y que el proceso se sustancie con ellas en libertad.

Olga Cristóbal

Aborto Legal

HACIA EL ENCUENTRO DE LA MUJER

¡Aborto legal ya!

Las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han "advertido" al gobierno por los altos índices de muerte materna (44 cada 100.000 nacidos vivos), incluidas adolescentes y niñas, por no garantizar ni la anticoncepción gratuita, ni la educación sexual, ni cumplir los abortos no punibles. En una inusual declaración, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que "debe modificar su legislación" para que "ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos" (Página/12, 1/4). Esto explica las contramarchas del Gobierno y de su eclesiástico ministro Juan Manzur respecto de la Guía de Abortos No Punibles.
La situación es grave: la Argentina triplica los índices de mortalidad materna de Uruguay y Chile. Cada año, según cifras oficiales, mueren unas 300 gestantes, parturientas o puérperas y otras 6.000 quedan con lesiones. Los expertos lo adjudican al aborto ilegal y al colapso sanitario. "Muchas mujeres mueren por fallas del sistema de salud. De las 768 maternidades públicas, el 42 por ciento no tiene los servicios indispensables para la atención de partos y recién nacidos", reconoce el Ministerio. Faltan anestesistas, quirófanos, sangre, ambulancias, respiradores. En las provincias del Norte, pero también en la de Buenos Aires y en la Capital (Página/12, 28/5/09).
Aborto ilegal
Aunque es ilegal en toda la región (menos en Cuba), el aborto es la primera causa de muerte materna sólo en Argentina, Jamaica y Trinidad-Tobago. El Ministerio de Salud dice que el medio millón de abortos anuales causa unas cien muertes: es falso. El subregistro es tan brutal que la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba) afirma que los hospitales porteños sólo registran una de cada tres muertes relacionadas con el embarazo. Mientras el Ministerio informa que en 2008 murieron 10 gestantes en Capital, Sogiba comprobó que son 33 (Artemisa, 28/5).
El mejor modo de evitar los abortos es prevenir el embarazo no deseado. Pero oficialistas y opositores no sólo votaron una ley de educación sexual con todas las ambigüedades que exigió el clero, sino que también bloquean su aplicación. El presupuesto 2010 aprobado por la Legislatura porteña para educación sexual es de 50.000 pesos (para 650.000 alumnos). Desde 2007, el embarazo adolescente subió en la Ciudad 11,8 puntos porcentuales hasta ser el 20% del total. La otra pata de la prevención son los anticonceptivos, que llegan erráticamente a los centros de salud, muchas veces vencidos. Los jefes clericales, además, obstaculizan su distribución (Informe CELS 2008). La influencia de la Curia en las jefaturas médicas y en la Justicia obstruye también los abortos no punibles (que sí se hacen en la práctica privada). Una vez más, la penalización del aborto es la penalización de la pobreza.
¿Aborto legal?
Cristina Kirchner eligió dos ministros militantemente antiabortistas: Graciela Ocaña y Juan Manzur, quien repite que es "hombre de la Iglesia", así como su jefa dice que está contra el aborto porque es peronista y no progresista. En 2009, CFK ordenó congelar los proyectos de reglamentación o ampliación del aborto no punible. Pero ahora los K están divididos, del mismo modo que con el matrimonio igualitario. Al borde de las elecciones, las encuestas coinciden en que la mayoría apoya la legalización del aborto. Entre los cincuenta diputados que "transversalmente" firman el proyecto de la Campaña por el Aborto legal, hay muchos oficialistas que probablemente no impulsen el debate pero voten afirmativamente si llega al recinto; Carta Abierta propone la legalización del mismo modo que los jueces Argibay y Zaffaroni y la constelación de medios K. No es la posición del sanjuanino Gioja, probable compañero de fórmula de NK, uno de los arietes contra el matrimonio igualitario.
La misma división se registra dentro de la oposición patronal, de inmejorables relaciones con el cardenal Bergoglio pero que también pelea los votos de la clase media urbana. La Iglesia promete dar batalla con todos los alfiles que le permitieron conquistar oficialistas y opositores. Todos los médicos del Hospital Provincial de Rosario se declararon objetores de conciencia después de que Binner convirtió en Resolución la Guía de Aborto no Punibles. En el Normal 1, se usó la clase de educación sexual para exhibir una película antiabortista y fraudulenta. En Mendoza, Celso Jaque (otro aliado de los K) impulsa en la Legislatura una Guía de Aborto que admite que los médicos "objetores" no receten anticonceptivos.
A unos y a otros les importa un bledo la vida de las mujeres. Pretenden convertir la lucha por la legalidad del aborto en una pieza más del escenario de choques entre el gobierno K y la oposición, de negociación de sus alianzas electorales. Intentan extorsionarnos con nuestras reivindicaciones y nuestro derecho a la vida y la salud.
La legalidad del aborto no puede quedar librada a los enjuagues, enfrentamientos y capitulaciones de los bloques patronales, comprometidos hasta los tuétanos con el clero. Ni un gramo de confianza en ellos.
Hay que arrancar en la calle la plena legalidad y gratuidad del aborto, el acceso universal a la anticoncepción y una educación sexual científica. Convirtamos el Encuentro Nacional de Mujeres de Paraná en el gran organizador y potenciador de esta lucha.

Olga Cristóbal

Publicado en Prensa Obrera 1146