martes, 18 de diciembre de 2012

ACTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, DE LA FUBA FRENTE AL CONGRESO





   El próximo martes desde las 11hs, día en que se dará tratamiento en las comisiones del Congreso Nacional a las reformas a la Ley de Trata de Personas, la Organización de Mujeres PLENARIO DE TRABAJADORAS – Partido Obrero realizaran un acto de la Secretaria de la Mujer de la FUBA frente al Congreso junto a familiares de victimas de las redes trata. Se montará una muestra de fotos sobre el caso de Marita Verón, imágenes de mujeres desaparecidas y/o asesinadas por las redes de trata y sobre la actividad de la FUBA respecto al tema. Asimismo se difundirán materiales de investigación sobre la trata de personas.

   “El fallo absolutorio en el juicio por la desaparición de Marita Veron ha evidenciado la trama de responsabilidades que implican al poder político, la policía y los empresarios en el millonario negocio de la trata de personas. Las redes de trata no se expandieron por todo el país porque algunos empresarios aprendieron a eludir las leyes, actúan con la complicidad y garantías políticas para comprar, vender y explotar sexualmente mujeres. Para desmantelar las redes de trata hay que desmantelar al poder político proxeneta que las sostiene. El gobierno nacional tuvo que salir de emergencia a tratar las reformas a la Ley de Trata votada en 20! 08 y saludada por el Departamento de Estado norteamericano. El acto del dia de mañana denunciará públicamente el conjunto de responsabilidades del caso de Marita Veron y otras tantas mujeres secuestradas” Sostuvo Mariana Romano, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de la Organización de Mujeres PLENARIO DE TRABAJADORAS. “Queda mas claro que nunca que es necesario que los gremios, las organizaciones sociales, políticas y de mujeres, junto a los familiares y amigos nos organicemos de manera independiente de los poderes del Estado para lograr recuperar a nuestras mujeres y niños/as que son victimas de este flagelo”, agregó.

Contacto:
MARIANA ROMANO, Consejera Superior UBA: 1563713700

MARITA Y PAULINA: Los nombres más conocidos de una larga lista


http://po.org.ar/po1252/2012/12/13/marita-y-paulina-los-nombres-mas-conocidos-de-una-larga-lista/

En febrero de 2006, la provincia se conmocionó con el descubrimiento del cadáver de Paulina Lebbos, estudiante de Filosofía y Letras. Días atrás, había desaparecido de la zona del Abasto a las 6 de la mañana, luego de tomar un remis, presumiblemente de la agencia “5 estrellas”. En todo el procedimiento policial se cometieron fallas inauditas que desviaron la investigación. Cuando encontraron el cadáver, borraron pruebas. El escándalo que estalló obligó a hacer saltar algunos fusibles: cayeron todos los miembros del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo de un exmilitar bussista, Baillo. Alperovich llegó a declarar que sabía el nombre de los asesinos. Se buscaba por todos los medios disipar la reacción popular que había comenzado desde el propio Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, dirigido por el PO.

En ese período se ponía en funcionamiento la Convención Constituyente en la que Alperovich pretendía lograr la habilitación para la reelección.

Han pasado seis años y la causa está en el mismo lugar. La investigación no avanzó un milímetro. Aún no se hicieron los cruces telefónicos de los jefes policiales de Raco, pero sí fueron ascendidos en sus cargos, a pesar de su accionar negligente en borrar pruebas. En el Ministerio de Seguridad fueron nombrados otros, quienes siguen la misma política que sus antecesores. Baillo fue nombrado asesor y hoy sigue en esas funciones. El aparato policial ha sido duplicado en la cantidad de integrantes y se ha llenado de cámaras de seguridad todo el centro de la ciudad. Pero los delitos que afectan a las mujeres se han multiplicado. En cambio, la policía ha sido efectiva para enfrentar las protestas sociales y para el espionaje: el gobierno mantiene el D2 -creado por Bussi en la época del Proceso- para espiar a las organizaciones políticas y sindicales opositoras.

El gobierno declaró que la forma de evitar nuevas Paulinas era limitar el horario de los lugares bailables y reconvertir el sistema de remises. Con esta decisión han proliferados los “after”, fiestas ilegales, y se le dio vida a una suerte de patota de matones y policías que, en nombre de impedirlas, allana ilegalmente domicilios y hasta ha ingresado a la universidad.

A su vez, acaba de descubrirse un régimen mafioso de administración de las licencias de remises, junto a un sistema de coimas para que circulen los que no tienen licencia.

La defensa de la vida es incompatible con la permanencia de este régimen.

Daniel Blanco

LA PROSTITUCIÓN EXISTE Y VA A SEGUIR EXISTIENDO


http://po.org.ar/po1252/2012/12/13/la-prostitucion-existe-y-va-a-seguir-existiendo/

Con esta frase, Betty Alperovich tiró abajo todo el arsenal de macaneos con los que el gobierno ensalzó a su ley de “prostíbulo cero”, sancionada en agosto pasado. En aquel momento, las denuncias de los testigos en el juicio por la desaparición de Marita ponían al rojo vivo el negocio y a muchos de los responsables de las redes de trata. La “Ley de Prostíbulos Cero” fue impulsada por el alperovichismo, pero tuvo que consensuarla con otro proyecto del bloque legislativo de La Cámpora. En la misma se establece la prohibición de locales en donde se ejerza y se ofrezca la prostitución; además, fija la irrisoria pena de arrestos de hasta 60 días para propietarios y encargados, sin opción de multas. Desde el gobierno promocionaron dicha ley como un instrumento fundamental para combatir el negocio de la prostitución y la trata de mujeres en la provincia.

Puro humo. A menos de 200 metros de los Tribunales de San Miguel de Tucumán -donde se juzgó a los trece imputados por el caso Marita Verón- se descubrió un prostíbulo VIP.

De acuerdo con las denuncias de la fundación que preside la madre de Marita, Susana Trimarco, estos sitios proliferan por el microcentro de la capital tucumana.

Lo que sí sorprendió es que en la puerta de ingreso de ese prostíbulo VIP funcionaba un estudio de una ex jueza, la doctora Silvana Sánchez Tardán.

Casi presentándose como una “perejil”, la jueza resumió las relaciones entre la prostitución y los poderes políticos, empresarios y policiales: “me pregunto, las grandes cadenas, los hoteles cinco estrellas, ¿en algún momento hay allanamientos? ¿No tienen preservativos los hoteles cinco estrellas? ¿No tienen books? ¿(La división) Trata de Personas va allí a ver qué pasa, quiénes entran, quiénes son asiduas concurrentes de ese lugar? Van personas de mucho dinero, y no sólo de Tucumán” (La Gaceta, 17/11).

El abogado de la Fundación sostuvo que “estos lugares, al no ser públicos, están fuera de los controles de la ley de Prostíbulo Cero y tienen que actuar los fiscales porque encuadran en la ley de Profilaxis” (ídem, 19/11). Pero los fiscales de la provincia -casi todos ellos con familiares ubicados en el Poder Ejecutivo- no actúan de oficio ni por casualidad. La ley ha sido un simple taparrabos para encubrir a un régimen que promueve el juego privado y que protege a los empresarios, jueces y policías vinculados al negocio prostibulario y de la droga, que son los asientos fundamentales para que se desarrolle el negocio de la trata.

Sebastián (@SuMoralylaMia)

Tucumán: con Miranda y Alperovich, las mafias de la trata son integradas al poder político


http://po.org.ar/po1252/2012/12/13/tucuman-con-miranda-y-alperovich-las-mafias-de-la-trata-son-integradas-al-poder-politico/

En el juicio que acaba de concluir, hubo uno que fue acusado por Susana Trimarco como jefe de la mafia en Tucumán, Rubén “la Chancha” Ale. Sin embargo, no figuró como imputado, a pesar que sí lo estaban dos ex esposas, Jesús Rivero y Daniela Milhein. Esta última acusó a Ale de haberla obligado a ejercer la prostitución cuando solo tenía 15 años. Claro que nada de esto sirvió para citar durante el juicio a la “Chancha”.

Los Ale son una familia mafiosa que alcanzó su cumbre bajo el gobierno de Miranda, cuando Alperovich era ministro de Economía. Se habían iniciado como guardaespaldas de una de las figuras de la UCR, Rubén Chebaía, que llego a ser intendente de la Capital.. Luego cambiaron de mano y se pasaron al PJ. En todo este periodo dirimieron a los tiros sus internas con otros grupos mafiosos. En estos choques hubo tiros y muertos. De todos estos casos salieron absueltos. Con el PJ avanzaron en una diversidad de negocios. La “5 estrellas”, el logo que identificó a los remises de los Ale, operaba mejor que el aparato del sistema radioeléctrico de la policía, lo que llevó a que Fernando Juri, primer vicegobernador de Alperovich, a promover que se integrara a la remisería como una colateral del sistema policial. Bajo el calor oficial, los negocios fueron aumentando. Comercios. Líneas de colectivos, transporte. También se volcaron a hacerse de tierras, muchas de ellas conseguidas a través de actos de usurpación. La “Chancha” fue convocada en época del Argentinazo para poner “orden”. Con Miranda tanto la “Chancha” como Jesús Rivero, incursionaron en el sindicalismo, fundaron ARUT, un sindicato de remiseros manejado por la patronal, y también intentaron suerte en la política como candidatos de las listas del PJ. Estos Corleones comarcanos se subieron también al deporte y de jefes barrabravas llegaron a tomar la conducción del club más popular de la provincia, San Martín.

En toda esta historia de más de 30 años, la Justicia y el poder político actuaron para brindar protección e impunidad asociándose a la mayor mafia de Tucumán.

Juicio y Castigo a Miranda y Alperovich, y a todos los responsables, políticos, jueces, policías y funcionarios, por Marita y por todos los crímenes y atropellos cometidos.

Daniel Blanco (@danielblancopo)

POLÍTICA E IMPUNIDAD


http://po.org.ar/po1252/2012/12/13/politica-e-impunidad/

¿Qué se juzgó en este juicio? El secuestro y posterior sometimiento a prostitución de Marita Verón. ¿Con qué legislación? Con la que existía en el año 2004, fecha en la que cerró la instrucción del juicio oral y público que luego tardó ocho años más en comenzar. Por entonces aún no existía la Ley Nacional de Trata de Personas 26364, aprobada en 2008. ¿Quiénes fueron imputados? Regenteadores de prostíbulos de Tucumán y La Rioja. ¿Quiénes quedaron fuera de la imputación en 2004? La querella de Trimarco acusaba a 12 personas que habían sido imputadas originalmente, junto a los 13 que llegaron a juicio, entre ellos la enfermera acusada de entregarla. Luego la justicia las absolvió. ¿Qué pasó con el dueño de la empresa de remises 5 estrellas? Rubén “La Chancha” Ale nunca fue imputado, tampoco el poder político provincial que en 2002 integraban José Miranda, gobernador, y Alperovich, ministro de Economía.

Rubén “La Chancha” Ale
Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012 estuvo detenido, aunque nunca pisó la cárcel. El hombre fue acusado de usurpar la finca Los Pereyra junto al candidato a delegado municipal por Los Ralos, Daniel Jorrat. Allí se robaron la cosecha de soja y luego la vendieron en el mercado negro por alrededor de medio millón de pesos. Alegando razones de salud, Ale estuvo dos meses internado y luego cumplió prisión domiciliaria. En agosto fue excarcelado. Se sospecha que la soja robada pertenecía a un testaferro de Alperovich. Robar ganado y soja es más importante que robar mujeres y someterlas. En el pasado reciente, entre 2003 y al menos hasta 2007, Rubén Ale era el empresario estrella aliado al kirchnerismo provincial, su presencia permanente en actos y en reuniones en la casa de gobierno lo demuestra. Advertido sobre su complicidad con el caso Verón, Néstor Kirchner igual lo colocó a su lado en el palco de la plaza Independencia cuando viajó a la provincia en el año 2006. La impunidad del delincuente procede de lo más alto del poder político.

Daniela Milhein
Es una de las acusadas de haber mantenido retenida en su casa a Marita. En el juicio declaró que ella no había sido esposa de Rubén Ale, como algunos medios informaban, sino que había sido sometida a esclavitud sexual a los 16 años por parte del mafioso tucumano. Los fiscales tucumanos, que dependen del Estado, no encontraron aún razones, parece, para abrirle una causa de oficio al explotador de mujeres. Por robar soja, en cambio, fue rápidamente juzgado.

Alperovich
El gobernador Alperovich no es un aliado más del gobierno de CFK. Su mujer es la siguiente a Boudou en la línea sucesoria nacional. El ministro de Salud de la Nación, Manzur, salió del mismo riñón político. Las elecciones provinciales han eliminado cualquier tipo de oposición política. Desde 2003 Alperovich gobierna la provincia manteniendo el monopolio total no sólo de las instituciones, incluida la Justicia, sino también de los medios de comunicación, que domina en un 90%.

El kirchenrismo y la trata
El juicio por el secuestro de Marita no se hizo bajo el imperio de la Ley de Trata porque la instrucción cerró antes de 2008, momento en que se aprobó la ley. No obstante esto, a la Justicia no le faltaron herramientas legales para condenar a los culpables: simplemente le faltó voluntad política.
La aprobación de la Ley de Trata en la Argentina en 2008, no se debió en ningún momento a una preocupación por las finalidades por las cuales las personas son tratadas (captadas, trasladadas y vendidas a un tercero).
Ni el trabajo esclavo ni la explotación de la prostitución han disminuido. Una de las industrias que utiliza trabajo esclavo, la de la indumentaria, ha mantenido a su máximo líder como referente máximo de la UIA. Así fue bajo el gobierno de Duhalde, continuó siendo bajo el de Néstor Kirchner y ahora con el de CFK. Su segundo en la entidad patronal le sigue los pasos esclavistas: Nicholsones junto a Blaquier, el máximo responsable del Ingenio Ledesma. Una de las principales industrias avícolas del país está en manos del intendente K de Pilar y  jamás se afectó su negocio.
La Presidenta impulsó el trabajo esclavo y en negro a partir de enaltecer la figura del responsable de La Salada, que regentea el funcionamiento de alrededor de 20 mil talleres clandestinos. La mano derecha de CFK, Moreno, viajó promocionando esa “industria” a Angola junto al esclavista, y también lo hizo junto a Alberto Fernández, un proxeneta de la Recoleta que no cuenta con otro dato en su currículum que el de ser propietario de un prostíbulo.
La Ley de Trata de personas fue una exigencia de la embajada norteamericana. A partir del año 2000 con la reunión que elaboró el Protocolo de Palermo, que debe su nombre a la ciudad italiana en la que se realizó, decidió convertir el problema en virtud, y así fue que uno de los países que recibe mayor tráfico de personas para el negocio de la prostitución, pretendió erigirse en su combatiente. Junto a la ley antiterrorista, esta ley sienta las bases de futuras excusas para la intervención sobre cuestiones de seguridad interna de países “en vías de desarrollo”. Lo mismo ocurre con la excusa del combate al narcotráfico.
La ley no tiene nada sobre los bienes de los tratantes, establece como legal la trata en los casos en que la Justicia entienda que hubo consentimiento de la víctima, y la carga penal para el tratante es menor que la que existe por robar ganado. La modificación de estos aspectos denunciados por las organizaciones que luchan contra la trata, tuvieron un tratamiento dispar: la UCR se opuso férreamente en comisión, junto a los K, a la incautación de los bienes de los tratantes. Finalmente se aprobó en el Senado una modificación de algunas de estas cuestiones y los kirchneristas la dejaron morir en Diputados. En Argentina, la esclavitud consentida no es delito.

Los apoyos políticos
Muy tempranamente el kirchnerismo comenzó una política de seducción sobre la familia de Marita, el caso más conocido de la Argentina y el mundo. Una denuncia a fondo de parte de la familia hacia el Estado hubiera significado un escenario de enorme conflicto político. Esta política de cooptación la llevó adelante el kirchnerismo con muchos casos donde se ponía en juego la impunidad del Estado. Poner al desnudo esta metodología es un aporte a la clarificación del caso Marita.
El fallo absolutorio coincide con una política de intento del gobierno de no avanzar en modificaciones a la ley de trata que no son del agrado de proxenetas y políticos de la burguesía cercanos a las fuerzas de seguridad, ya que ellos y los funcionarios policiales viven de las cajas negras de la prostitución. La reforma de la ley, con media sanción del Senado desde agosto de 2011, fue cajoneada durante todo el año.
La condena a los 13 imputados hubiera hecho justicia con una parte del entramado que mantiene a Marita desaparecida después de diez años. Los máximos responsables aún ni llegaron al banquillo. Denunciemos la impunidad desde arriba. Castigo a los jueces comprados. ¡Que el ex gobernador Miranda, Alperovich y el mafioso Ale sean enjuiciados y castigados por sus responsabilidades!

Vanina Biasi

¡¡FUERA ALPEROVICH!!

http://po.org.ar/po1252/2012/12/13/fuera-alperovich-2/

   La absolución de los imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón ha dejado instalada una crisis política de fondo en Tucumán. Ocurre que el caso Marita hunde sus raíces en el corazón del régimen de José Alperovich. En una reunión de emergencia, el gobernador decidió impulsar el jury al tribunal.

   Pero se trata de la Justicia que ha sido crecientemente colonizada por el alperovichismo a través de designaciones o, posteriormente, a través de un Consejo de la Magistratura que domina. Uno de los jueces del Tribunal cuestionado es primo del ministro de Gobierno. Una vocal de la Corte colocó a su hijo como secretario privado de Alperovich. Otro de sus integrantes, Estofan, era fiscal de Estado del gobierno de Alperovich. La mayoría de los fiscales tienen familiares designados en cargos en el Poder Ejecutivo de la provincia

   Alperovich se aseguró la supremacía en la Corte para promover una forzada interpretación de la Constitución que lo habilitó a un tercer mandato, el que está cumpliendo actualmente. Este objetivo re-reeleccionista ha estado en el fondo de todo este operativo de copamiento de la Justicia. Cualquier “juicio a la Justicia” debería involucrar a la camarilla gobernante.

   Durante el juicio, quedó en claro que la trata de personas se organiza con la complicidad del Estado, con participación de funcionarios políticos, jueces y policías. Todo el juicio venía manipulado desde la época de su instrucción, la que se llevó adelante con deliberada desidia. Luego se procedió a no procesar a la mitad de los imputados originales, entre ellos a la “Chancha” Ale y al exgobernador Miranda. Este fue un golpe decisivo a la causa: tenerlos en el banquillo hubiera llevado directamente a Alperovich, quien en aquella época -en la que florecieron las casas de juego en la provincia- era ministro de Economía.

   Este accionar mafioso de la Justicia sólo se explica por su estrecha dependencia del poder político y los intereses que éste defiende.

   Esta Justicia opera con el aparato policial del gobierno, el cual ha mostrado una gran eficiencia para espiar a las organizaciones opositoras, pero fue incapaz de descubrir un solo caso de trata. Desde el gobierno, se reivindica a Susana Trimarco por haber liberado, ella sola, a 129 mujeres sometidas en la redes. Es toda una confesión de una completa impericia que sólo se explica por la complicidad entre las redes de trata y el Estado.

   Tucumán está bajo el yugo de un régimen de secuestros, torturas, violaciones, desapariciones, espionaje, corrupción, negociados e impunidad. Si el tribunal corrupto debe ir al banquillo, sólo puede hacerlo junto con Alperovich y todo su régimen.

   Aparición con vida de Marita. Juicio y castigo a los responsables. Desmantelamiento de las redes de trata.
Fuera Alperovich y todos los responsables.


Daniel Blanco (@danielblancopo)

miércoles, 12 de diciembre de 2012

MARITA VERON


   Sin complicidad de lo más alto del poder del estado, no hay impunidad y esclavitud sexual

   La indignación popular que produjo el fallo absolutorio para los 13 imputados se va a reflejar hoy en masivas movilizaciones en todo el país.
Los jueces han plasmado en el fallo, la integral impunidad que el estado le brinda en todo el país a este delito. La alianza, durante años, del gobernador Alperovich con el mafioso Ruben Ale, le ha dado a este el poder que acumuló hasta el presente. La vinculación de los jueces, los funcionarios políticos y la policía con la explotación sexual de las mujeres y las niñas es total en todo el país.
   El gobierno no sólo no ha desmantelado una sola red de trata, sino que en estos días de cierre de la tarea legislativa ha quedado claro que el kirchnerismo se negó a tratar la media sanción de la reforma de Ley de Trata, para sacar la figura del consentimiento, defendida por los propios senadores kirchneristas cuando se aprobó la ley en 2008.  
La causa por la aparición de Marita y de todas las desaparecidas, la lucha por terminar con el negocio de la explotación sexual de mujeres y niñas, es una lucha independiente de los poderes del estado y de sus representantes políticos.

Cárcel a los 13 imputados.

Juicio y Castigo para el ex gobernador Miranda, Alperovich, por entonces Ministro de Economía, Rubén Ale y todos los responsables.

Aparición con vida de Marita y de todas las desaparecidas.

Miércoles 18 hs concentramos en Congreso para marchar a la Casa de la provincia de Tucumán

martes, 11 de diciembre de 2012

Marita Verón aparición con vida y castigo a todos los culpables



Hoy se conocerá la sentencia del tribunal oral del juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Cuando se está llegando a los 11 años, la lucha de la familia y amigos de Marita ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a una parte importante de las bandas que actúan explotando la prostitución ajena y sometiendo mujeres a las redes de prostitución. Parte de los 13 imputados siguieron actuando durante todo este tiempo gracias a que la justicia y el poder político se lo permitieron. La condena máxima para estos involucrados es una etapa importante de esta lucha.
Faltan los responsables máximos, los jefes de las redes de trata, los funcionarios policiales, judiciales y políticos involucrados, desde el ex Gobernador Miranda, de quien Alperovich era el ministro de Economía, hasta el mafioso Rubén Ale. Las redes que llevaron a Marita a estar sometida en la zona de Río Gallegos también siguen intactas. Desde hace décadas el poder político provincial mantuvo intacto el entramado prostibular en la provincia y aunque fueron cerradas “Las Casitas” en Río Gallegos, siguió adelante el negocio y algunos de los lugares de explotación volvieron a abrir.
El gobierno kirchnerista, lo único que persiguió hasta ahora es ocultar su propia responsabilidad en la desaparición de mujeres en este país. Sin embargo el apoyo declamativo hacia la madre de Marita, en los hechos no significó ni la aparición de Marita, ni la disminución de la explotación de la prostitución de mujeres y niñas, ni que los “peces gordos” del caso Marita fueran a parar al banquillo. Quizá se logre avanzar sobre el mafioso Rubén Ale, cabeza de la banda de secuestradores, porque ha entrado en choque con el gobernador kirchnerista robando soja de sus campos, pero esto no pasa de ser una especulación por ahora, porque el propio mafioso ha sido socio político de Néstor Kirchner y Alperovich durante muchos años.
Condena máxima para todos los acusados y apertura inmediata de un nuevo juicio con los responsables políticos, judiciales, policiales y empresariales de la desaparición de Marita.
 
 
Plenario de Trabajadoras
Partido Obrero

Carolina Fernández
Vanina Biasi

DERECHO A SER MADRE EN LA UBA



“DERECHO A SER MADRE EN LA UBA”

Ni privilegios, ni derechos

Silvia tiene 43 años y a comienzos de 2011 se encontraba dictando clases en dos materias de grado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y coordinando el Taller de Prototipos de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, cuando consiguió quedar embarazada después de buscarlo por trece años. Tanto su obstetra como el Departamento de Medicina Laboral de la UBA le asignaron reposo absoluto por tratarse de un embarazo de alto riesgo.

El departamento de Medicina Laboral de la UBA mantuvo el reposo obligado hasta el período preparto (cabe aclarar que todo médico laboral dictamina reposo en resguardo de los intereses del empleador frente al riesgo de accidente en el lugar de trabajo o in itinere).

A partir de su prescripción de reposo absoluto, la compañera comenzó a ser objeto de presión y hostigamiento constante por parte de la Dirección de la Carrera (Arq. Andrea Saltzman y Marcela De Zen) quienes, sabiendo el dictamen de Medicina Laboral y a riesgo de la salud de Silvia y su embarazo, le exigían que volviera a trabajar argumentando “una cuestión ética”. En ese marco le dieron de baja el contrato de locación de servicios que cobraba como coordinadora del taller de prototipos que, al igual que muchos otros precarizados, la compañera trabajaba con contratos de 3 meses complementados con cargos docentes. Idéntica situación se dio con el titular de la cátedra Técnicas de Producción, Ing. Eduardo Hernández y su adjunto Manuel Parada (cátedra en la que ejerce como Jefa de Trabajos Prácticos regular concursada) quienes la presionaron para que renuncie acusando a la compañera de "no organizar una fecha de finales" el mismo día que dió a luz, internada de urgencia y sometida a una cesárea. Acusación ilegítima y falsa, además de no corresponderle esa tarea por trabajar como JTP y que se encontraba bajo licencia preparto, este adelantamiento de la cesárea fue resultado de una reunión dos días antes donde fue presionada duramente por la dirección de la carrera generando una descompensación emocional y poniendo en riesgo su embarazo.

Esta situación fue denunciada cientos de veces tanto por la compañera Silvia como por AGD. En este momento no se le asignan tareas por dos de los cargos, no se cambió el asiento del cargo concursado en donde se la ha hostigado al punto de que 12 docentes de la cátedra que fueron testigos del manoseo y el hostigamiento padecido por Silvia, decidieron renunciar. No se le permite hacer vista al expediente abierto por este caso, no se le responden telegramas e intimaciones, y el decano y secretarías niegan una reunión junto al gremio desde hace dos meses.

Esta situación muestra claramente el nivel de precariedad que los docentes universitarios soportamos. Nuestra licencia por maternidad es la peor de todos los Convenios Colectivos: solo dura 90 días entre pre y pos parto. Y encima, cuando se trata de un embarazo de riesgo ni siquiera se nos respeta la mínima estabilidad laboral.

A raíz del caso de Silvia, hemos tomado conocimiento de que varias compañeras fueron objeto de presión estando embarazadas o transitando su licencia por maternidad. Las docentes universitarias tenemos que dar un paso en nuestra organización para exigir todas las reivindicaciones que hoy nos son negadas.

Por ello desde la Comisión de Mujer y género de AGD UBA exigimos a las Autoridades FADU:

-Que se garantice a Silvia la continuidad laboral y se le asigne tareas en su trabajo de grado, como mínimo reasentando su cargo regular, y resguardándola de otro amedrentamiento en su concurso de renovación.

-Que se garantice continuidad y asigne tareas de extensión como reemplazo a su trabajo en el taller de prototipos del que se encontraba en calidad de coordinadora y del que fue desplazada.

-Que los reasientos no deben representar un aumento de dedicación, ni tampoco una disminución de sus ingresos. Que se le garantice el derecho a guardería que perdió como resultado de la baja del contrato.

COMISIÓN DE MUJER Y GÉNERO

AGD UBA

Petitorio de la Comisión de Mujer y Género de AGD

Llamamos a adherir al petitorio, pulsar:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG15MVdOel9OYWpxMVlHeVV0ZHVxSUE6MQ

O enviar tu apoyo a todosconsilvia@gmail.com, dejanos tu Nombre, apellido, ocupación y DNI. Si querés hacer algún comentario también podés hacerlo. Muchas gracias.DEREC

martes, 20 de noviembre de 2012

EL PLENARIO DE TRABAJADORAS DE BERAZATEGUI DEBATIO SOBRE LA "VIOLENCIA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO"


Artículo 14
Director Periodístico: Ulises P. Caballero

Hudson
EL PLENARIO DE TRABAJADORAS DE BERAZATEGUI DEBATIO SOBRE LA "VIOLENCIA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO"
19/11/2012 | El mismo fue organizado por el Partido Obrero (PO) local; se destacó la presencia de la trabajadora de Prensa de 'Diario Popular', Norma Gimenez, quien aseguró que "en nuestro país, el delito contra las mujeres va en aumento, y todas estas víctimas tienen algo en común: la total indefensión de las mujeres ante la ausencia del Estado".
El Plenario de Trabajadoras de Berazategui, debatió en Hudson sobre la "violencia en las condiciones de trabajo". Del mismo participó la trabajadora de Prensa de ‘Diario Popular’, Norma Giménez, quien aseguró que "en nuestro país, el delito contra las mujeres va en aumento, y todas estas víctimas tienen algo en común: la total indefensión de las mujeres ante la ausencia del Estado". 

Para Giménez, "esta ausencia se hace tangible a la hora de hacer una denuncia por violencia, ya que se las hostiga o se las ignora. Y en los casos donde la denuncia se concreta, no hay una intervención real que prevenga que las mujeres violentadas no sufran la venganza de su agresor". 

"El desamparo que las mujeres sufrimos no es una cuestión aislada o algo que podamos resolver individualmente, ya que las mujeres somos víctimas de la violencia que ejercen las propias parejas, en el ámbito familiar, del cual dependemos económicamente. Las mujeres somos vulnerables en relación con la fuerza de los hombres no sólo por una condición de género, sino también por una situación material y concreta, nuestra condición laboral y social", agregó. 

"Mientras exista un régimen que nos oprime la única salida que tenemos las mujeres es organizarnos de forma independiente y exigir al Estado que garantice nuestra integridad física y la de nuestros hijos; que se destine un presupuesto para las víctimas de violencia familiar; hogares de refugio y la inserción en el sistema laboral con un salario acorde a la canasta familiar para garantizar la subsistencia de nuestras familias", concluyó la trabajadora de prensa.

miércoles, 31 de octubre de 2012

Comunicado Movilización por Aborto Legal 1º/11

"Para terminar con las muertes y mutilaciones de miles de mujeres al año por aborto clandestino, para evitar los embarazos no deseados, para que ya no haya interrupciones ilegales de abortos no punibles, hay que aprobar la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito" afirma Vanina Biasi, de la organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras y dirigente nacional del Partido Obrero , una de las organizadoras de la marcha que el jueves 1º irá de Congreso a Plaza de Mayo para exigir al gobierno nacional el tratamiento parlamentario y la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
"Marchamos a Plaza de Mayo porque esta política oscurantista, hipócrita y criminal del gobierno nacional provoca más de 80 mil externaciones de mujeres con complicaciones por abortos inseguros al año, más de medio millón de abortos, miles de mutilaciones y cientos de muertes. Esta situación demanda un abordaje inmediato y una resolución. La práctica clandestina del aborto produce un negocio a costa del padecimeinto de las mujeres, en el que ganan empresas de medicina y laboratorios. Ellos cuentan con la protección del estado mientras las mujeres están en un estado de indefensión total" denunció Biasi

"Las legislaciones de aborto no punibles, que restringen este derecho, muestran el camino del oscurantismo en el que está metida la clase polítca argentina. Desde Rosario hasta Jujuy, en todas las ciudades del país funcionarios clericales impiden abortos no punibles sin pagar por sus ilegalidades. La mujer y las niñas pobres siempre son las víctimas. Por eso esta movilización exige la separación de la iglesia del estado"

La movilización será a partir de las 17 hs desde Congreso a Plaza de Mayo, a un año de que se impidiera el tratamiento del Proyecto de Ley de Aborto Legal en el Congreso y las organizaciones convocantes elaboraron un documento común que será leido en la misma.

Vanina Biasi
1554859472

DERECHO AL ABORTO: Pichetto: “no aclares que oscurece”

“Haría falta una ley clarificadora para todo el país que permita poner fin a las situaciones controversiales”, declaró el titular del bloque de senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto, en referencia a los bloqueos al aborto no punible. El tema se encuentra en el centro de la escena a partir del fallo de la Corte Suprema (13 de marzo) de las reglamentaciones reaccionarias que se vienen sucediendo en las provincias K y en las opositoras, del veto de Macri a la ley de la Ciudad sobre aborto no punible, por lo sucedido en el Hospital Ramos Mejía y por la aprobación de una “suspensión” a la penalización del aborto en Uruguay.
Detrás de la declaración de un objetivo “clarificador” que hace Pichetto, en realidad se esconde la verdadera intención de que el aborto legal no prospere en el debate parlamentario y de utilizar una reivindicación tan elemental del movimiento de mujeres para extorsionar a la derecha. “De todas maneras, dejó bien en claro que su iniciativa apunta a ese sentido y en nada tiene que ver con lo aprobado este miércoles en Uruguay, donde fue aprobada una ley que legaliza el aborto durante el primer trimestre de gestación”, aclaró Télam, citando al dirigente.
Pujas políticas y aborto
Algunos sostienen que detrás del cacerolazo del 13 de septiembre actuó también un sector de la Iglesia católica. En la provincia de Salta, esto fue totalmente ostensible, teniendo en cuenta que el gobernador K es el más clerical de todos, al punto que ha impuesto la educación religiosa en el sistema público y la reglamentación más reaccionaria del aborto no punible. En septiembre, la Iglesia agitaba con fuerza la pelea contra el Código Civil y Comercial K, que establecería principios que resultan nocivos para la concepción familiar que sostiene el clero.
Aunque el nuevo Código Civil K le concede a las posiciones religiosas el principio de defensa de la vida desde la concepción, la Iglesia va por más y se queja porque dicho artículo establece que esta defensa se produce si el embrión es creado “dentro del útero materno”. Pretende dominar todo el manejo de embriones para la investigación científica y para limitar el avance de la fertilización asistida, que requiere de embriones formados fuera del útero materno. Por supuesto que un sector clerical también pretende eliminar la aceptación de los matrimonios entre personas de un mismo sexo, la “acción altruista” en la sesión de vientres y la aceleración de los trámites de divorcio.
La discusión del aborto está sometida al escenario político general de inflación galopante, de imposición de medidas antiobreras, como el impuesto a las Ganancias o la ley de ART, impulsada por los K y aplaudida de pie por la UIA. En el posicionamiento de cada sector en la pelea contra Clarín, el gobierno se juega a cambiar de empresarios y sectores sociales de poder, pero no a garantizar la libertad de expresión y la democracia mediática: la Iglesia es uno de los grandes beneficiarios de la ley de medios.
La clase política argentina está contra el aborto legal. El proyecto de aborto legal presentado por cuarta vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está siguiendo el mismo destino que en las anteriores presentaciones: el ninguneo. Los bloqueos al aborto no punible se producen por el lugar que los K y los opositores le han dado a los sectores “pro vida” en el aparato de salud, porque el gobierno nacional es un enemigo declarado del aborto legal, porque los gobernadores son “pro vida”, como ocurre con los kirchneristas Colombi o Urtubey, y con Macri en la Ciudad.
La única vía posible para encarar una lucha real y sincera contra los bloqueos al aborto no punible, de los que ahora se queja Pichetto, es la aprobación del aborto legal en el Congreso y la eliminación de los funcionarios clericales de los hospitales; y no la recontra reglamentación de los casos no punibles que, en definitiva, van todos a parar al campo legal sistemáticamente. El kirchnerismo no reúne la voluntad política para imponer estas dos condiciones, y la agitación que por el tema hacen algunos de sus diputados no es más que una cortina de humo para encubrir que, en la lucha interna del gobierno K, hace mucho tiempo que los derechos de las mujeres han perdido la pelea.
El 1º de noviembre, a un año del tratamiento del proyecto de aborto legal en el parlamento -que fuera debut y despedida-, concentramos en el Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, para exigir aborto legal, seguro y gratuito.
Vanina Biasi

Uruguay: maniobra clerical de un progresista

En 2008, Uruguay aprobó una ley de salud sexual y reproductiva que incorporaba la legalización del aborto. Esa ley fue vetada por el frenteamplista presidente Tabaré Vázquez, quien se alineó directamente con la posición clerical. En la Argentina, este veto fue defendido y acompañado tanto por Cristina Kirchner como por Hermes Binner, quien en la campaña de 2009 se identificó con Tabaré en la posición sobre el aborto.
Hace unos días, el parlamento uruguayo aprobó una nueva ley que mantiene en la ilegalidad la práctica del aborto, estableciendo un mecanismo para despenalizarlo en algunos casos. El principio legal que rige en Uruguay, a partir de la aprobación de esta ley, sigue siendo aquél que determina que la mujer no puede decidir sobre su cuerpo.
En diciembre del año pasado, la Cámara de Senadores había aprobado la reincorporación a la ley de salud sexual y reproductiva de los artículos vetados por el ex presidente Tabaré. Sin embargo, el gobierno de Mujica congeló la iniciativa -que no avanzó en Diputados- e introdujo el proyecto que hoy es ley, que no legaliza el aborto, que obliga a la mujer a atravesar la intervención de un equipo interdisciplinario para que la convenza de no abortar, y que no establece penalización para médicos y para instituciones que no cumplan con la práctica.
El equipo interdisciplinario -según el texto de la ley frenteamplista- debe informarle a la mujer sobre las “bondades de la maternidad” y sobre “los riesgos que conlleva la práctica del aborto”; una posición sesgada y falsa, desde el punto de vista científico: el aborto no es riesgoso si se practica legalmente. La ley establece las excepciones a la penalización hasta las doce semanas de gestación y, en caso de violación, malformación y riesgo de vida de la madre, hasta las 14 semanas. En este punto, la ley uruguaya ha dejado al país vecino por detrás de los derechos a los que se puede acceder en la Argentina, ya que la ley no establece un límite para esos casos. La ley también reconoce que hay instituciones que “por su ideario pueden no prestar la práctica”.
El límite de 14 semanas para casos de violación o riesgo de vida de la madre se asemeja al planteado en la Argentina en reglamentaciones dictadas por gobiernos provinciales kirchneristas y por el de Macri, contrarios al Código Penal y a las reglamentaciones existentes hasta el día de hoy.
La oposición derechista en Uruguay está dividida, debido a que, en definitiva, la ley frenteamplista sacó, por ahora, a ese país de la peor de las opciones para ellos: la legalización del aborto. Los blancos impulsan iniciativas para derogar la ley, los colorados los llaman a no oponerse, a sabiendas de que han salido ganando en medio de un escenario en el que después del 27 de diciembre pasado, con media sanción aprobada para la legalización del aborto en el Senado, el gobierno de Mujica retirara la iniciativa de la Cámara de Diputados y se inclinara por esta restrictiva y tramposa opción.
Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sin que el Estado la tutele ni le diga qué debe hacer, es un principio que los gobiernos latinoamericanos no resisten.

domingo, 23 de septiembre de 2012

XVII Encuentro Nacional de Mujeres


El ataque a las mujeres viene desde arriba

A organizarnos!

En estos días, en que la discusión por la reforma del Código Civil ocupa la primera plana de los diarios, pocos han reparado en que dicha reforma no ofrece a la mujer las bases para una igualdad legal, reafirma el principio de defensa de la vida desde la concepción, e impulsa la “acción altruista” eufemismo detrás del cual se pretende dar estatus legal al “alquiler de vientres”.

O sea, la reforma kirchnerista consagra la minusvalía legal de las mujeres, preservando el régimen social que se basa en la opresión de la mujer como uno de sus pilares fundamentales.

En otros de los pasajes de la reforma, el gobierno ha introducido un artículo que colabora en la desvinculación de la responsabilidad empresarial sobre el trabajo esclavo, ofreciendo más herramientas legales a los mafiosos que dirigen la industria de la indumentaria y el trabajo en el campo, dos fuentes de trabajo precario y esclavo, en el que las mujeres son sometidas no sólo a malas condiciones de trabajo y bajos salarios, cuando los hay, sino también a abusos psicológicos y sexuales.

Mientras esto ocurre, el gobierno ha reforzado el sistema de subsidios a la iglesia católica, otra vez denunciada por casos de pedofilia y ha sobrevolado sus responsabilidades en casos de tráfico de niños. Esta política también refuerza el lugar de subordinación en el que estas instituciones colocan a la mujer.

En el mercado de trabajo la mujer encuentra el lugar más precarizado, sin asistencia social ni acceso a jardines maternales. Los planes Argentina Trabaja impulsados por el kirchnerismo son una enorme fuente de trabajo precarizado para miles de mujeres que están en estado de absoluta vulnerabilidad. Las pocas viviendas construidas por planes son objeto del manejo clientelar de elementos como Milagros Sala o Schoklender y no responden a las necesidades de mujeres solas a cargo de hogares que de esta forma terminan más expuestas a la dependencia económica de hombres que terminan maltratandolas.

El golpe que ejecuta el hombre violento, en muchos casos hasta llegar al asesinato, es la expresión más visible de esta violencia que se impulsa desde el Estado. Poner en discusión esta responsabilidad en nuestro desafío para terminar con la suboridnación social que coloca a la mujer en un lugar degradado.

La integración de la Comisión Organizadora del Encuentro por parte de sectores clericales y patronales, cuestiona la posibilidad que el Encuentro tiene de convertirse en un organizador de las mujeres por sus derechos. Decimos Fuera la Iglesia del Encuentro, Fuera las enemigas de los derechos de las mujeres!

El Encuentro nació para aportar en la liberación de la mujer no para cobijar las alianzas electorales y políticas de un sector que cada día se aleja más de estas reivindicaciones. Retomemos el objetivo fundamental de los Encuentros Nacionales.

Septiembre de 2012

 

Para las mujeres, ni el cumplimiento de las leyes

El artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo (año 1974) establece que “en los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas y guarderías para niños”.

La mayoría de los Convenios Colectivos de trabajo no contempla el punto sobre las guarderías. Los sindicatos y el Estado omiten y relegan a la mujer trabajadora. El régimen social se opone al aborto legal y tampoco garantiza el derecho de quienes eligen ser madres.

Impulsemos una campaña por jardines maternales en todos los lugares de trabajo.

Flor (Bancaria)

Las mujeres de los planes Argentina Trabaja

El sistema de los planes se ha convertido en un mecanismo de precarización laboral total: el estado en vez de garantizar la estabilidad laboral y la igualdad salarial ha producido una nueva categoría de trabajadores que ganan “sueldos” que representan menos de la mitad que los sueldos de los trabajadores convencionados. Las compañeras no tienen derecho a organizarse gremialmente, ni acceso a la asistencia social, ni a la salud propia ni de sus hijos. Las condiones de trabajo son deplorables y la vulnerabilidad de la contratación las coloca en carne de cañon de los ataques de punteros. Exigimos:

El pase a planta en todos los municipios, comenzando por las mujeres, la equiparación salarial con todos los trabajadores de planta, el aumento d esalarios para los trabajadores municipales, la instalación de jardines maternales a los que tenga acceso todos los trabajadores. Basta de discriminación.

Trabajadoras del gremio de la indumentaria

En el año 2008 las patronales de la industria de la indumentaria y el gobierno intentaron  terminar con la Ley de Trabajo a Domicilio y así despejar la herramienta legal por la cual se establece la “responsabilidad solidaria” de los dueños de las grandes marcas de ropa con las condiciones de trabajo en las que se realiza la ropa que compran. Ahora el gobierno ha vuelto sobre este punto por otra vía: la reforma del código civil y comercial y con su principal espadachín en el tema, el presidente de la Comisión de Reforma, Lorenzetti, quien es conocido por sus posiciones favorables a las patronales de la indumentaria que dirige el presidente de la UIA, De Mendiguren.

Las mujeres ocupamos un lugar muy importante en esta industria. El gobierno de CFK, lejos de trabajar para mejorar las condiciones de trabajo, se encuentra amparando a los dueños de la salada que administran 20 mil talleres “clandestinos”, o sea que ha decidido erigir al más alto nivel al símbolo mismo de la esclavitud laboral.

Repudiamos este nuevo intento, decimos no a la reforma del código civil y comercial. Blanqueo de la industria de la indumentaria, cárcel a los dueños de las grandes empresas que se hacen ricos con al esclavitud laboral.

Corresponsal

La Fuba y la lucha por los derechos de las mujeres

En la UBA, el cogobierno kirchnerista radical, se ha pronunciado por el aborto legal. Sin embargo, en los hechos, sostienen a la cabeza de la Facultad de Medicina a Bussi, un declarado enemigo del aborto legal, quien adapta la currícula de la carrera a estos conceptos acientíficos y retrógrados de la iglesia evangelista y católica. El  comité de bioética del Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA sigue estando integrado por un cura. Como buenos funcionarios, su intelectualidad está al servicio del kirchnerismo, no de los intereses de las mujeres.

El último censo estudiantil estipula que estudian en la UBA más de 116 mil mujeres, pero para ninguna de ellas existen condiciones especiales de cursada por embarazo o maternidad ni acceso a centros de primera infancia gratuitos (26mil estudiantes han declarado ser padre o madre), empujando a las estudiantes a la expulsión de la universidad pública.

Las autoridades de la UBA mantienen el régimen de precarización  laboral y de bajos salarios, o incluso nulos (ad honorem), para las trabajadoras docentes.  No se garantizan tampoco condiciones dignas de cursada y trabajo. La higiene necesaria para las mujeres en los baños de las facultades rara vez es llevada adelante, lo cual para muchas mujeres se traduce en infecciones y enfermedades. Las estudiantes embarazadas o madres no poseen un régimen especial que les permita agilizar su cursada.

La UBA no hizo nada por Florencia. Pennacchi, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, secuestrada en 2005. El pronunciamiento para otorgar el reconocimiento Honoris Causa a Susana Trimarco es, entonces, otro saludo a la bandera.

Contrastando esta actitud de los funcionarios, la FUBA desde hace años se ha puesto a la cabeza de la lucha por el desmantelamiento de la redes de trata, junto con los familiares de las chicas desaparecidas, habiendo realizado ya 3 jornadas en todas las Facultades de la UBA.

Desde la Secretaría de la Mujer de la FUBA vamos por las licencias por maternidad, por el ingreso irrestricto a los jardines materno-paternales, por las cursadas especiales para embarazadas. Por condiciones de trabajo y de estudio. Por un régimen de fertilización asistida amplio, gratuito y acorde a las necesidades de las mujeres. Y vamos plenamente para que la estudiantes universitarias nos pongamos a la cabeza de la lucha por el aborto legal, por el derecho de todas las mujeres a decidir.

Vamos por defender la Federación de Estudiantes que pelea por el aborto legal y por todos los derechos de las mujeres estudiantes y trabajadoras. En este recorrido vemos cuál es la importancia de desplazar a todas las burocracias de todos los sindicatos. Adelante compañeras!

Eri

Tucumán

La ley de “prostíbulos cero”, maquillaje de un régimen prostibulario.

            Ha comenzado a aplicarse la nueva ley denominada “prostíbulo cero”. Esta iniciativa había sido impulsada inicialmente por La Cámpora con el apoyo de la madre de Marita Veron y la Fundación María de los Ángeles con el objetivo de combatir la trata de mujeres. La iniciativa camporista se producía en un momento de crecientes choques y rumores conspirativos entre la agrupación K con el alperovichismo. En esas circunstancias desde el gobierno provincial consideraron que no se les podía “regalar” una iniciativa de este tipo a La Cámpora. La crisis de los k brota por todos lados.

La “nueva” ley prohíbe  los lugares donde se practique o facilite el ejercicio de la prostitución y “que funcionen bajo cualquier modalidad, como wisquerías, saunas o locales de alterne.  Estos establecimientos, están prohibidos desde hace más de ochenta años y su regenteo tipificado como delito por la ley de profilaxis. La ley de “prostitución cero” es un poco de marketing electoral, entonces.

La “nueva” ley contempla arrestos de hasta 60 días para propietarios y encargados, sin posibilidad de pago de una multa. La ley de profilaxis establece penas mas duras para los mismos delitos. Con una o con la otra, el negocio sigue en pie, aunque rote la modalidad.

En Córdoba ya se promovió una iniciativa similar y aunque se han producido decenas de detenciones de quienes regentean los boliches, las chicas siguen desapareciendo o entrando a la prostitución empujadas por el cuadro de deterioro social y los prostíbulos funcionando bajo otras condiciones: en privados y hoteles. En ningún casose ha desmantelado una sola red. Si así fuera deberían meter en cana a funcionarios policiales y políticos cómplices.

La norma prevé, además, la “creación de una comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual” destinada a las mujeres que “no puedan acreditar identidad y domicilio” al momento del cierre y/o clausura de los prostíbulos. No establece la asignación de subsidios para las víctimas y en concreto no se armó ningún dispositivo para ampararlas.

La Cámpora decidió apoyar la iniciativa alperovichista. Todas estas piruetas se han dado en el marco de una suerte de apaciguamiento de la interna, con Alperovich haciendo declaraciones a favor de la reforma constitución y la reelección de Cristina, y al camporista intendente de la capital, Amaya, declarando a favor de una Reforma constitucional provincial y la re-reelección de Alperovich.

Toda la organización mafiosa que promueve y se beneficia del negocio de la trata, que entrelaza a la policía, la justicia, funcionarios de los diferentes gobiernos, empresarios, como se está ventilando en el marco del juicio por la desaparición de Marita Veron, queda intacta con la nueva ley. Este 23 de setiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, es una oportunidad para levantar un programa independiente de lucha contra la trata y la impunidad.

Alejandra- Tucumán

Con la complicidad K, Macri impone barreras al aborto no punible

La Ciudad de Buenos Aires, luego del fracaso del tratamiento en la legislatura, reglamentó el aborto no punible a través de la resolución 1252 del Ministerio de Salud. Dicha reglamentación, aunque se produce en el marco del fallo de la Corte Suprema que llamó a las provincias a realizar reglamentaciones “a los efectos de remover las barreras fácticas o administrativas al acceso a los servicios médicos”, resulta un obstáculo para dicho acceso: impone un límite a la práctica hasta las 12 semanas de gestación, mientras que cuando una mujer necesita practicarse un aborto por riesgo de vida o violación, es habitual que se venza este plazo. También defiende el derecho de los médicos al anonimato en caso de que sean objetores de conciencia, por lo tanto interpone más dilaciones a la práctica.

La iglesia, que quiere la punibilidad total de la práctica del aborto, criticó esta reglamentación exigiendo al gobierno de Macri “no dejarse presionar por la Corte  Suprema”. Los llamados a rebelarse contra el estado de derecho por parte de la Iglesia no motivaron ni una crítica de parte de oficialistas ni opositores.

Por fuera de la caracterización crítica realizada por Página 12, podría destacarse al respecto que el kirchnerismo eligió hacer silencio sobre el punto. Cuando se trató del número telefónico para denunciar actividades políticas en los colegios, el tema se llevó la tapa del diario, y las fuerzas kirchneristas de la Ciudad realizaron una campaña general denunciando  al 0800 Buchón. Tanto la centroizquierda como el kirchnerismo, han elegido no hacer un eje sobre esta cuestión.

Sin embargo la reglamentación de Macri, al igual que las emitidas por provincias gobernadas por el  kirchnerismo como Salta, vulnera el derecho de las mujeres a acceder a un aborto no punible, lejos de facilitar el acceso. Toda mujer tiene derecho a acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, de acuerdo al artículo 86 del código penal, en caso de que corra riesgo su vida y en caso de haber sido violada.

Con la penetración clerical que el kirchnerismo,  el macrismo, el Fap y la Ucr, permitieron y promovieron en todo el país en el sistema de salud, este derecho se vio violentado en innumerables ocasiones. Luego del fallo de la corte en marzo de este año, la mayoría de las 9 reglamentaciones que se produjeron fueron contrarias a derecho, y como la de la Ciudad de Buenos, gozaron del total silencio y complicidad del Ministerio de Salud de la Nación.

Las reglamentación contra derecho de Macri es posible porque el kirchnerismo, con mayoría parlamentaria, se niega a votar el aborto legal seguro y gratuito en el Congreso y porque la propia presidenta ha colocado un Ministro clerical y contrario a los derechos de las mujeres a la cabeza de la cartera de Salud.

Aborto, legal, seguro y gratuito. Separación de la iglesia del estado. 

Vanina Biasi

A un año de la eliminación del Rubro 59

Medida efectista para invisibilizar

Un año después de la prohibición del Rubro 59 vale la pena retomar el hilo de las afirmaciones que se hicieron, para pasar revista de si el relato kirchnerista al respecto tuvo algún asidero en la realidad del flagelo de la prostitución.

 “Erradicar de la prensa gráfica las publicaciones que promueven la prostitución ajena es un gran avance en la lucha contra la trata de mujeres y difusión de violencia simbólica esencialmente ejercida a través de los medios”, dijo la Senadora Fellner. (El Parlamentario Marzo/12).

“El empresario Daniel Vila, presidente del directorio de La Capital, señaló que “no es significativo el perjuicio económico” que sufrirá el diario por la eliminación del rubro 59. Además de indicar que la norma apunta a terminar con la trata de personas: “El bien que se intenta custodiar es muy valioso”. Igual advirtió que es un “parche” ya que nada se ha legislado aún sobre los avisos en internet” (LaCapital Jul/11).

La presidenta esgrimió el argumento de la lucha contra la trata de personas para impulsar la eliminación del Rubro 59. Sin embargo a un año de sucedida, no se desmanteló ni una red de trata, la publicidad de oferta de prostitución se multiplica de a miles a través de otros medios, y en los propios diarios en otros rubros, la complicidad de funcionarios policiales y políticos con la violación de la Ley de Profilaxis ha quedado intacta, ya que la política de “Seguridad democrática” de Nilda Garré incluye el espionaje sobre luchadores sociales, pero de ninguna manera el examen interno de las vinculaciones policiales con el delito.

En definitiva la frase del empresario mediático ultra k, Daniel Vila da en el clavo: la medida no produjo un impacto económico para los empresarios, tal como lo denunciamos desde el PdT hace un año, ni tampoco produjo ningún avance en la lucha contra la trata.

Algunas dirán que es un aporte a la “visibilización” del tema de la prostitución: la deformación conceptual que se produce con las mentiras sobre la supuesta lucha contra la trata no hacen más que reforzar el delito. Se invisibiliza el problema cuando se miente sobre él. La única visibilización que se produjo entonces es la de la multiplicación de los papelitos en la calle para promocionar el negocio.

Sólo se puede luchar contra la trata, de forma independiente del estado que la protege y promueve.

VB

La Boca: condena a prostituyentes infantiles

“Dos hombres que lideraban una red de trata de personas que sometía a niñas para la prostitución fueron condenados ayer a 23 y 21 años de prisión, mientras que dos clientes recibieron una pena de seis y un año de cárcel. El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Criminal 22, por la explotación sexual de niñas de 8, 10 y 12 años en hechos ocurridos en 2006 en el barrio de La Boca, donde operaba la banda” (P/12 18 de septiembre).

Las víctimas llevaron al estrado de forma valiente, sus casos y lograron una condena, siempre insuficiente si se tiene en cuenta que el delito ha sido la violación y explotación de menores.

En la causa quedó al desnudo la complicidad policial. Cabe reflexionar sobre que la Ministra Garré removió en dos oportunidades al comisario de la 24, en su ronda de renovaciones de la mayoría de los comisarios de la Federal en la Ciudad de Buenos Aires. Dichas modificaciones fueron cosméticas y apuntaban a conformar un cuerpo de comisarios disciplinado a la Ministra. Ni uno fue investigado por su alianza con estos delitos.

“Cuando en una operación mediática de acompañamiento a Garré se allanaron una cantidad de boliches en Recoleta y Barrio Norte -María Servini de Cubría dio la orden- para reprimir la prostitución y la trata de personas, la jueza se vio obligada a investigar a 120 policías de dos comisarías. Es decir todo, absolutamente todo el personal de calle. En otras palabras: si la ministra va a fondo no queda nadie. Pero tal cosa, por supuesto, no ocurrirá.”(AG Prensa Obrera abril/11)

El caso de las redes de La Boca, causa en la que sin haber sido juzgados los policías, quedó en clara su participación en el delito de prostitución de menores, muestra de forma cruda que la “Seguridad Democrática” es más de lo mismo pero con nombre progre.

Para cumplir este plan, la ministra y su policía cuentan con el inestimable apoyo de la Metropolitana de Macri, que cual mafias que se reparten la ciudad, ha venido a convivir con la Federal y no se metió en los negocios de esta.

Corresponsal

 

Ley Nacional de Fertilización asistida, para todas las mujeres

La posibilidad de acceder a tratamientos de fertilización asistida es un derecho reproductivo que en nuestro país desde hace treinta años se le niega a las personas con infertilidad. Desde hace 26 años se practican con éxito las técnicas de reproducción humana asistida pero “sólo” a quienes pueden costearlas. El vacío legal dejó a miles de parejas y personas con sus vientres vacíos vetándoles el deseo de ser padres.

En el mes de junio la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de fertilización asistida, que ahora debe  pasar al Senado, con serias limitaciones.  Se pretende conformar a quienes padecen esta enfermedad, y vienen luchando por este derecho, con una legislación que restringe el acceso a los tratamientos y la cobertura.

En primer lugar, no reconoce a la infertilidad como una enfermedad eximiendo al Estado de su responsabilidad como garante. De esta manera puede abandonar a su suerte a las personas que demanden su intervención. Por otra parte esta “simple omisión” deja afuera a los trabajadores que necesiten hacerse los tratamientos ya que no podrán hacer uso de las “licencias por enfermedad”. Bien saben los especialistas del tema y quienes ya intentaron los tratamientos que éstos requieren  de días y hasta semanas de permisos.

El proyecto no establece cuales de las técnicas serán cubiertas por el Programa Médico Obligatorio y tampoco especifica si habrá restricciones con respecto a la edad de la mujer y a la cantidad de tratamientos permitidos. Tampoco se refiere al manejo de los gametos y embriones.

Pese a estas restricciones, el gobierno, pero también la oposición han instalado una campaña para que las organizaciones que vienen luchando por esta reivindicación acepten resignadamente esta ley y no la critiquen. El famoso “Algo es algo” y después peleamos para que se amplíe. En realidad en forma deliberada, el proyecto procura dejar intactos los beneficios de los grupos económicos que lucran con este vacío legal.

Las presiones que ejercen estos sectores junto a la acción de la Iglesia han llevado a que ni este proyecto de ley restrictivo salga con dictamen favorable  en la comisión de Salud y Deporte, Trabajo y Previsión Social, y Justicia y Asuntos Penales del Senado por falta de quórum.

Fertilización asistida ya! Gratuita y en todo el sistema de salud.

 

 

Enfrentemos el copamiento patronal y eclesiástico

La Comisión de Organización del Encuentro 2012, hace rato que viene entregando solapadamente la organización al gobierno provincial Kirchnerista- Renovador. Hace poco, le concedieron la declaración de interés provincial –que se debe más que nada a un “aprovechamiento” turístico por parte de la Direccion de Turismo y la Cámara de Comercio-, y mendigaron el sponsoreo económico al gobierno que por medio de la ex Vice Gobernadora se declaró en contra de la Legalización del Aborto. La excusa económica encubre que no pretenden ni pretendieron hacer ningún tipo de presión política, es decir movilizar y organizar a las compañeras como método para lograr además alguna ayuda financiera para el encuentro. En el texto que esta en su página oficial, le hacen la propaganda al Ministro Coordinador de Gabinetes,  el cual expresó la “voluntad política del Gobierno para con el Encuentro”. http://27encuentronacionaldemujeresposadas.wordpress.com/

Es decir que le despejan el camino para que el Gobierno –el primer saboteador de los derechos de las mujeres- despliegue su doble discurso.

En la Comisión Organizadora, una representante d ela Lista Verde de la Cta michelista llegó a impulsar la propuesta que el recorrido de la marcha no pasara por la Plaza 9 de Julio, centro de la ciudad donde se encuentra la Casa de Gobierno. La intensión es evitar que la marcha llegue a la Catedral, emplazada en el mismo sitio. 

Como si fuera poco, en una reunión a principio de año, militantes del Pcr llegaron a proponer que un “obispo” integre una actividad  previa con fines propagandísticos para debatir el problema del aborto. Los lazos con la Iglesia quedan más que claros cuando en una declaración del párroco de la catedral San José de Posadas, -que sale a contestarle al Equipo Provincial de Trabajo Red Federal de Familias- dice que “…mantenemos un muy buen y respetuoso diálogo con la comisión organizadora del evento (donde incluso hay gente de misa diaria). (…) Dos veces nos hemos reunido formalmente, incluso una vez con la participación de nuestro obispo.” 

Bajo el lema “el encuentro somos todas”,  la comisión nacional no sacó ni media declaración por los casos de violación a los derechos de la mujer más terribles de nuestra provincia, pero tiene tiempo de reunirse con parte de la cúpula eclesiástica, de la que forma parte –vale recordar- el obispo de Oberá, Bitar, quién calificó de “genocidas” a los que están a favor del aborto y dijo que hay que “echarlos de esta Patria”. Para cerrar con moño, el Equipo Provincial de Trabajo Red Federal de Familias solicita que ”…las autoridades disponer de un importante número de agentes de seguridad que cuiden la integridad de los ciudadanos posadeños, de nuestros monumentos y de nuestros templos,…”. http://www.facebook.com/RedFamiliasPorLaVida

La integración de la iglesia católica a la Comisión Organizadora del Encuentro, junto a elementos del kircherismo y el radicalismo en la misma, es un ataque directo al espíritu del Encuentro por parte del Pcr. El Encuentro nació para combatir las prácticas y la ideología dominante de sometimiento a la mujer, y el Pcr lo está convirtiendo en un lugar de componenda con los y las enemigas del programa de emancipación social de la mujer. Denunciemos con todo esta orientación reaccionaria.

Gabriela, PdT Misiones

Violencia de Género

Las noticias sobre mujeres violentadas y/o asesinadas por sus parejas o ex parejas han ganado el espacio mediático. Especialmente luego de que Vázquez, tristemente famoso por la masacre de Cromañón, incendiara y asesinara a su pareja.

El escenario de repercusión mediática de la cuestión ha llevado a determinadas organizaciones a armar una cortina de humo.

El FAP lleva el asunto al parlamento sin otra aspiración que “visibilizarlo”. Esta palabra se ha convertido en un lugar común: no ataquemos a fondo ningún problema social, ‘visibilicémoslo’. El efecto final es la invisibiliación.

Una buena parte de las medidas y leyes que, con “contenido de género”, se propone, o votan en nuestro país (incorporación del agravante de género en el código penal), ya fueron votadas hace muchos años en México, donde la desolación del asesinato en masa de mujeres es la norma inamovible. De las condiciones materiales que permiten a las mujeres comenzar un camino de independencia, no dicen una palabra. Allí donde les toca gobernar, lo hacen sobre la base de la tercerización extrema (en la zona portuaria de Santa Fe o en el campo), precarización, salarios bajos, ausencia de herramientas de socialización de tareas domésticas.

Existe también una categoría de trasnochada, que pasa por los suplementos de Página/12, la cual se atreve a asegurar que la mujer se encuentra liberada sexualmente, o sea que ha alcanzado el status libertario del hombre, a pesar de que tampoco éste se puede jactar de una sexualidad ‘liberada’. Es la teoría de las ‘liberaciones plurales’, que deja de lado la abolición de la explotación social. Significa, a lo sumo, el registro del derecho a la infidelidad en el Código Civil, sin abolir la institución que alberga la contradicción fidelidad-infidelidad -el matrimonio civil. La violencia social contra la mujer es absorbida por los partidos del régimen, por medio del macaneo.

Kirchnerismo

El proyecto de Aníbal Fernández diluye la especificidad de la problemática de la mujer dentro de “la lucha contra la violencia en la familia”, o sea que incluye la hipotética violencia de los hijos menores contra los padres, pero no aborda la violencia del régimen capitalista contra la familia. El propósito de Fernández es defender a la familia, donde la mujer encuentra una posición subordinada, y no a la mujer -contra la cual se ejerce la violencia en la calle, en los lugares de trabajo y en los de estudio. Fernández no da puntada sin hilo; su enfoque clerical pretende la explotación ‘pacífica’ de la mujer dentro de la familia y de todos sus ámbitos. No quiere saber nada con el necesario “empoderamiento” (dar poder) de las mujeres para terminar con la violencia. El arma de las mujeres, como la de los obreros, es su organización independiente y el derecho a controlar el Estado (y sus aparatos) por medio de esa organización.

La presidenta tardó 16 meses en reglamentar la ley de violencia de género, que no se implementó en absoluto.

En la Argentina, el solo registro de los casos publicados en medios de comunicación arroja el saldo de un asesinato diario. Con los casos que no cobran estado público, la cifra se eleva de forma estremecedora. A esto, hay que sumarle las desaparecidas por el negocio de la prostitución y las que mueren por aborto clandestino. Aislar la violencia contra la mujer de la descomposición del capitalismo y de su Estado es una cretinada.

Para terminar con la violencia hacia las mujeres, es necesario salir de la fórmula de reforzamiento del código penal y de frente único con la burguesía.

Mientras todos simulan preocuparse por la violencia contra las mujeres, no han sido capaces de desmantelar una sola red de trata, los patrones esclavistas siguen todos en pie y los cierres de prostíbulos no son más que una puesta en escena para el reciclaje del negocio de la prostitución.

Vanina Biasi