“Haría falta una ley clarificadora para todo el país que
permita poner fin a las situaciones controversiales”, declaró el titular
del bloque de senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto, en referencia a
los bloqueos al aborto no punible. El tema se encuentra en el centro de
la escena a partir del fallo de la Corte Suprema (13 de marzo) de las
reglamentaciones reaccionarias que se vienen sucediendo en las
provincias K y en las opositoras, del veto de Macri a la ley de la
Ciudad sobre aborto no punible, por lo sucedido en el Hospital Ramos
Mejía y por la aprobación de una “suspensión” a la penalización del
aborto en Uruguay.
Detrás de la declaración de un objetivo “clarificador” que hace
Pichetto, en realidad se esconde la verdadera intención de que el aborto
legal no prospere en el debate parlamentario y de utilizar una
reivindicación tan elemental del movimiento de mujeres para extorsionar a
la derecha. “De todas maneras, dejó bien en claro que su iniciativa
apunta a ese sentido y en nada tiene que ver con lo aprobado este
miércoles en Uruguay, donde fue aprobada una ley que legaliza el aborto
durante el primer trimestre de gestación”, aclaró Télam, citando al
dirigente.
Pujas políticas y aborto
Algunos sostienen que detrás del cacerolazo del 13 de septiembre
actuó también un sector de la Iglesia católica. En la provincia de
Salta, esto fue totalmente ostensible, teniendo en cuenta que el
gobernador K es el más clerical de todos, al punto que ha impuesto la
educación religiosa en el sistema público y la reglamentación más
reaccionaria del aborto no punible. En septiembre, la Iglesia agitaba
con fuerza la pelea contra el Código Civil y Comercial K, que
establecería principios que resultan nocivos para la concepción familiar
que sostiene el clero.
Aunque el nuevo Código Civil K le concede a las posiciones religiosas
el principio de defensa de la vida desde la concepción, la Iglesia va
por más y se queja porque dicho artículo establece que esta defensa se
produce si el embrión es creado “dentro del útero materno”. Pretende
dominar todo el manejo de embriones para la investigación científica y
para limitar el avance de la fertilización asistida, que requiere de
embriones formados fuera del útero materno. Por supuesto que un sector
clerical también pretende eliminar la aceptación de los matrimonios
entre personas de un mismo sexo, la “acción altruista” en la sesión de
vientres y la aceleración de los trámites de divorcio.
La discusión del aborto está sometida al escenario político general
de inflación galopante, de imposición de medidas antiobreras, como el
impuesto a las Ganancias o la ley de ART, impulsada por los K y
aplaudida de pie por la UIA. En el posicionamiento de cada sector en la
pelea contra Clarín, el gobierno se juega a cambiar de empresarios y
sectores sociales de poder, pero no a garantizar la libertad de
expresión y la democracia mediática: la Iglesia es uno de los grandes
beneficiarios de la ley de medios.
La clase política argentina está contra el aborto legal. El proyecto
de aborto legal presentado por cuarta vez por la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto está siguiendo el mismo destino que en las anteriores
presentaciones: el ninguneo. Los bloqueos al aborto no punible se
producen por el lugar que los K y los opositores le han dado a los
sectores “pro vida” en el aparato de salud, porque el gobierno nacional
es un enemigo declarado del aborto legal, porque los gobernadores son
“pro vida”, como ocurre con los kirchneristas Colombi o Urtubey, y con
Macri en la Ciudad.
La única vía posible para encarar una lucha real y sincera contra los
bloqueos al aborto no punible, de los que ahora se queja Pichetto, es
la aprobación del aborto legal en el Congreso y la eliminación de los
funcionarios clericales de los hospitales; y no la recontra
reglamentación de los casos no punibles que, en definitiva, van todos a
parar al campo legal sistemáticamente. El kirchnerismo no reúne la
voluntad política para imponer estas dos condiciones, y la agitación que
por el tema hacen algunos de sus diputados no es más que una cortina de
humo para encubrir que, en la lucha interna del gobierno K, hace mucho
tiempo que los derechos de las mujeres han perdido la pelea.
El 1º de noviembre, a un año del tratamiento del proyecto de aborto
legal en el parlamento -que fuera debut y despedida-, concentramos en el
Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, para exigir aborto legal,
seguro y gratuito.
Vanina Biasi
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