miércoles, 31 de octubre de 2012

Comunicado Movilización por Aborto Legal 1º/11

"Para terminar con las muertes y mutilaciones de miles de mujeres al año por aborto clandestino, para evitar los embarazos no deseados, para que ya no haya interrupciones ilegales de abortos no punibles, hay que aprobar la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito" afirma Vanina Biasi, de la organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras y dirigente nacional del Partido Obrero , una de las organizadoras de la marcha que el jueves 1º irá de Congreso a Plaza de Mayo para exigir al gobierno nacional el tratamiento parlamentario y la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
"Marchamos a Plaza de Mayo porque esta política oscurantista, hipócrita y criminal del gobierno nacional provoca más de 80 mil externaciones de mujeres con complicaciones por abortos inseguros al año, más de medio millón de abortos, miles de mutilaciones y cientos de muertes. Esta situación demanda un abordaje inmediato y una resolución. La práctica clandestina del aborto produce un negocio a costa del padecimeinto de las mujeres, en el que ganan empresas de medicina y laboratorios. Ellos cuentan con la protección del estado mientras las mujeres están en un estado de indefensión total" denunció Biasi

"Las legislaciones de aborto no punibles, que restringen este derecho, muestran el camino del oscurantismo en el que está metida la clase polítca argentina. Desde Rosario hasta Jujuy, en todas las ciudades del país funcionarios clericales impiden abortos no punibles sin pagar por sus ilegalidades. La mujer y las niñas pobres siempre son las víctimas. Por eso esta movilización exige la separación de la iglesia del estado"

La movilización será a partir de las 17 hs desde Congreso a Plaza de Mayo, a un año de que se impidiera el tratamiento del Proyecto de Ley de Aborto Legal en el Congreso y las organizaciones convocantes elaboraron un documento común que será leido en la misma.

Vanina Biasi
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DERECHO AL ABORTO: Pichetto: “no aclares que oscurece”

“Haría falta una ley clarificadora para todo el país que permita poner fin a las situaciones controversiales”, declaró el titular del bloque de senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto, en referencia a los bloqueos al aborto no punible. El tema se encuentra en el centro de la escena a partir del fallo de la Corte Suprema (13 de marzo) de las reglamentaciones reaccionarias que se vienen sucediendo en las provincias K y en las opositoras, del veto de Macri a la ley de la Ciudad sobre aborto no punible, por lo sucedido en el Hospital Ramos Mejía y por la aprobación de una “suspensión” a la penalización del aborto en Uruguay.
Detrás de la declaración de un objetivo “clarificador” que hace Pichetto, en realidad se esconde la verdadera intención de que el aborto legal no prospere en el debate parlamentario y de utilizar una reivindicación tan elemental del movimiento de mujeres para extorsionar a la derecha. “De todas maneras, dejó bien en claro que su iniciativa apunta a ese sentido y en nada tiene que ver con lo aprobado este miércoles en Uruguay, donde fue aprobada una ley que legaliza el aborto durante el primer trimestre de gestación”, aclaró Télam, citando al dirigente.
Pujas políticas y aborto
Algunos sostienen que detrás del cacerolazo del 13 de septiembre actuó también un sector de la Iglesia católica. En la provincia de Salta, esto fue totalmente ostensible, teniendo en cuenta que el gobernador K es el más clerical de todos, al punto que ha impuesto la educación religiosa en el sistema público y la reglamentación más reaccionaria del aborto no punible. En septiembre, la Iglesia agitaba con fuerza la pelea contra el Código Civil y Comercial K, que establecería principios que resultan nocivos para la concepción familiar que sostiene el clero.
Aunque el nuevo Código Civil K le concede a las posiciones religiosas el principio de defensa de la vida desde la concepción, la Iglesia va por más y se queja porque dicho artículo establece que esta defensa se produce si el embrión es creado “dentro del útero materno”. Pretende dominar todo el manejo de embriones para la investigación científica y para limitar el avance de la fertilización asistida, que requiere de embriones formados fuera del útero materno. Por supuesto que un sector clerical también pretende eliminar la aceptación de los matrimonios entre personas de un mismo sexo, la “acción altruista” en la sesión de vientres y la aceleración de los trámites de divorcio.
La discusión del aborto está sometida al escenario político general de inflación galopante, de imposición de medidas antiobreras, como el impuesto a las Ganancias o la ley de ART, impulsada por los K y aplaudida de pie por la UIA. En el posicionamiento de cada sector en la pelea contra Clarín, el gobierno se juega a cambiar de empresarios y sectores sociales de poder, pero no a garantizar la libertad de expresión y la democracia mediática: la Iglesia es uno de los grandes beneficiarios de la ley de medios.
La clase política argentina está contra el aborto legal. El proyecto de aborto legal presentado por cuarta vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está siguiendo el mismo destino que en las anteriores presentaciones: el ninguneo. Los bloqueos al aborto no punible se producen por el lugar que los K y los opositores le han dado a los sectores “pro vida” en el aparato de salud, porque el gobierno nacional es un enemigo declarado del aborto legal, porque los gobernadores son “pro vida”, como ocurre con los kirchneristas Colombi o Urtubey, y con Macri en la Ciudad.
La única vía posible para encarar una lucha real y sincera contra los bloqueos al aborto no punible, de los que ahora se queja Pichetto, es la aprobación del aborto legal en el Congreso y la eliminación de los funcionarios clericales de los hospitales; y no la recontra reglamentación de los casos no punibles que, en definitiva, van todos a parar al campo legal sistemáticamente. El kirchnerismo no reúne la voluntad política para imponer estas dos condiciones, y la agitación que por el tema hacen algunos de sus diputados no es más que una cortina de humo para encubrir que, en la lucha interna del gobierno K, hace mucho tiempo que los derechos de las mujeres han perdido la pelea.
El 1º de noviembre, a un año del tratamiento del proyecto de aborto legal en el parlamento -que fuera debut y despedida-, concentramos en el Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, para exigir aborto legal, seguro y gratuito.
Vanina Biasi

Uruguay: maniobra clerical de un progresista

En 2008, Uruguay aprobó una ley de salud sexual y reproductiva que incorporaba la legalización del aborto. Esa ley fue vetada por el frenteamplista presidente Tabaré Vázquez, quien se alineó directamente con la posición clerical. En la Argentina, este veto fue defendido y acompañado tanto por Cristina Kirchner como por Hermes Binner, quien en la campaña de 2009 se identificó con Tabaré en la posición sobre el aborto.
Hace unos días, el parlamento uruguayo aprobó una nueva ley que mantiene en la ilegalidad la práctica del aborto, estableciendo un mecanismo para despenalizarlo en algunos casos. El principio legal que rige en Uruguay, a partir de la aprobación de esta ley, sigue siendo aquél que determina que la mujer no puede decidir sobre su cuerpo.
En diciembre del año pasado, la Cámara de Senadores había aprobado la reincorporación a la ley de salud sexual y reproductiva de los artículos vetados por el ex presidente Tabaré. Sin embargo, el gobierno de Mujica congeló la iniciativa -que no avanzó en Diputados- e introdujo el proyecto que hoy es ley, que no legaliza el aborto, que obliga a la mujer a atravesar la intervención de un equipo interdisciplinario para que la convenza de no abortar, y que no establece penalización para médicos y para instituciones que no cumplan con la práctica.
El equipo interdisciplinario -según el texto de la ley frenteamplista- debe informarle a la mujer sobre las “bondades de la maternidad” y sobre “los riesgos que conlleva la práctica del aborto”; una posición sesgada y falsa, desde el punto de vista científico: el aborto no es riesgoso si se practica legalmente. La ley establece las excepciones a la penalización hasta las doce semanas de gestación y, en caso de violación, malformación y riesgo de vida de la madre, hasta las 14 semanas. En este punto, la ley uruguaya ha dejado al país vecino por detrás de los derechos a los que se puede acceder en la Argentina, ya que la ley no establece un límite para esos casos. La ley también reconoce que hay instituciones que “por su ideario pueden no prestar la práctica”.
El límite de 14 semanas para casos de violación o riesgo de vida de la madre se asemeja al planteado en la Argentina en reglamentaciones dictadas por gobiernos provinciales kirchneristas y por el de Macri, contrarios al Código Penal y a las reglamentaciones existentes hasta el día de hoy.
La oposición derechista en Uruguay está dividida, debido a que, en definitiva, la ley frenteamplista sacó, por ahora, a ese país de la peor de las opciones para ellos: la legalización del aborto. Los blancos impulsan iniciativas para derogar la ley, los colorados los llaman a no oponerse, a sabiendas de que han salido ganando en medio de un escenario en el que después del 27 de diciembre pasado, con media sanción aprobada para la legalización del aborto en el Senado, el gobierno de Mujica retirara la iniciativa de la Cámara de Diputados y se inclinara por esta restrictiva y tramposa opción.
Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sin que el Estado la tutele ni le diga qué debe hacer, es un principio que los gobiernos latinoamericanos no resisten.