jueves, 19 de agosto de 2010

Hagamos cumplir la declaración de la UBA

Hace pocos días, el Consejo Superior votó en favor de un proyecto de la mayoría estudiantil en el que se reclama la despenalización del aborto y el apoyo al proyecto de ley de la campaña por el aborto legal. En realidad, el Consejo Superior no desea que esto sea más que un saludo a la bandera.
El decano de Medicina se abstuvo en la votación. El consejero de esa Facultad, Rodolfo Rothlin, votó en contra, alegando un supuesto debate médico sobre el momento inicial de la vida humana. La gestión de Medicina -con el director del Pami a la cabeza, Rojo-  hace punta para privatizar la salud.

La Obra Social, Dosuba - dirigida por el directorio que puso Hallú, integrado por elementos de la camarilla de Medicina y el secretario general del gremio Apuba-  incumple con la ley de salud reproductiva, impone trabas burocráticas al acceso a la anticoncepción gratuita y aumenta los coseguros (se empezó a cobrar la atención ginecológica, por ejemplo). La obra Social no tiene la indicación de la UBA de practicar abortos de acuerdo con la decisión de las afiliadas, ni siquiera en los casos de abortos no punibles. Una institución que privatiza sus propios centros de salud y bloquea el derechos reconocidos al aborto, sólo pudo firmar esa declaración para incurrir en engaño con alevosía.
Los hospitales de la UBA no son a puertas abiertas. Cobran bonos para la atención para desanimar la afluencia de personas sin cobertura. Pero incluso las que la tienen deben recurrir muchas veces a servicios privados, porque la gestión de Hallú vació el Clínicas. No hay reactivos para hacer análisis, la maternidad está vaciada, los turnos se dan a meses.

En Medicina, se han entregado cátedras enteras a elementos de la curia, alguna de los cuales acompañan, con la autoridad académica que ofrece la UBA, las campañas de la Iglesia contra la legalización del aborto y contra el cumplimiento de la despenalización vigente. El Hospital de Clínicas, que está bajo el ala de la Facultad de Medicina, ofrece a la curia un lugar clave en las decisiones más importantes del hospital: un cura integra su comité de bioética.

La declaración de la UBA, progresiva en sí, pretende sumarse a la convocatoria de Carta Abierta, un servicio de los K, sobre la despenalización del aborto. Las charlas y reuniones de este grupo de intelectuales punteros exhortan al cumplimiento del artículo del Código Penal de 1921, sin hacer siquiera una mención a los agentes clericales en los hospitales que designan los funcionarios de su mismo espacio K.

No alcanza con las variables despenalizadas, se requiere la legalización del aborto y la protección integral de la salud de la mujer que decide interrumpir un embarazo. Las exhortaciones, cuando las firma el Consejo Superior de la UBA, se parecen a complicidad.

La cooptación de parte del movimiento de mujeres por parte de los K ha incidido en la adulteración de la cifras de mujeres que mueren por aborto clandestino. En el pasado reciente, se estimaba que por cada muerte que registraba la estadística oficial, había otras siete extraoficialmente. Este registro ahora ha caído ‘en desuso'. El gobierno habla de 100 muertas por año, especialistas de la Maternidad Sardá, dijeron 2.400 en el diario Clarín, y nadie se atrevió a desmentirlos. Los profesionales del Hospital de Jujuy manifestaron su asombro por el crecimiento de muertes de mujeres embarazadas en su provincia, incluso a pesar de una mayor utilización del aborto químico (uso del misoprostol). La clandestinidad del aborto es un vejamen que sufre una inmensa cantidad de mujeres. No están cuantificadas las mujeres que quedan mutiladas por la práctica del aborto clandestino.

Luego de la aprobación de la declaración en favor de la despenalización, vamos para enfrentar a la camarilla de la UBA con los hechos: que se apruebe una disposición para que Dosuba entregue la anticoncepción gratuita a sus afiliadas sin obstáculos burocráticos. Que en los hospitales de la UBA y en las prestaciones dependientes de la obra social Dosuba se practiquen los abortos sin intromisión de ningún agente externo a la propia decisión de la mujer o niña. Que sea retirado el cura y cualquier elemento clerical del comité de bioética del Hospital de Clínicas. Que se pronuncie la UBA en contra de cualquier apoyo de médicos de la UBA a las campañas clericales criminales que incentivan el aborto clandestino y la muerte y vejación de las mujeres pobres.

Vanina Biasi

Publicado en Prensa Obrera 1142 

 

 

Declaración Plenario de Trabajadoras Córdoba

Ni una MUERTE más por ABORTOS CLANDESTINOS! ABORTO LEGAL YA!


 Basta de muertes por abortos clandestinos, defendamos la vida:

¡LEGALIZACION DEL ABORTO YA!

La clandestinidad del aborto es un vejamen que se acrecienta año tras año entre las mujeres en edad reproductiva, especialistas de la maternidad Sardá hablan de 2.400 muertes al año por esta causa y nadie se atrevió a desmentirlos, asimismo profesionales del Hospital de Jujuy manifestaron su asombro por el aumento de muertes de embarazadas en su provincia, a esto se suman las mujeres no cuantificadas  que quedan mutiladas por esta práctica.
Sin embargo, a pesar de estas alarmantes cifras, el asunto ha tomado nuevamente estado público por la crisis desatada en el Ministerio de Salud de la Nación en los últimos días cuando frente a la objeción de conciencia y la consecuente judicialización de los casos de aborto no punibles del art. 86 del Código Penal, intentó lanzar una guía práctica para su aplicación en los hospitales, que terminó en un bochornoso recule ante la presión de sectores del clero; evidenciando de esta manera su  incapacidad de siquiera garantizar el acceso a un derecho establecido desde el año  1921 en el Código Penal.
A esto se suma el pronunciamiento público de la Presidenta de la Nación y su ministro de Salud contra la legalización del aborto, lo que terminó de derrumbar su política de cooptación a las organizaciones de mujeres con el proyecto de ley por la legalización del aborto que se encuentra estancado desde hace años. No hace falta más que esto para dejar claro que el gobierno lejos de defender la salud y la vida de las de miles de mujeres que mueren al año por esta causa, defiende  los intereses reaccionarios del clero.
Por otro lado el Consejo Superior de la UNC se ha pronunciado a favor del tratamiento del proyecto de ley por el aborto legal, a pesar de estar integrado por kirchneristas y radicales, los mismos que niegan su tratamiento en el congreso nacional, y son los responsables de la inexistencia de educación sexual y reproductiva, el vaciamiento del Hospital de Clínicas y la Maternidad, y así la destrucción de la salud pública. Este pronunciamiento, progresista en sí, ¡tiene que ser cumplido en los hechos! con una disposición para que el Programa de Asistencia Sanitaria universitaria P.A.S.O.S entregue la anticoncepción gratuita a sus afiliadas sin obstáculos burocráticos, y para que en los hospitales de la UNC se practiquen los abortos sin intromisión de ningún agente externo a la propia decisión de la mujer.
 Por todo esto desde el Plenario de Trabajadoras llamamos a hacer cumplir el mentiroso pronunciamiento del Consejo Superior de la UNC, convocamos  a las mujeres en general, a las organizaciones de género, de la diversidad sexual, estudiantiles, sociales, políticas a desarrollar una fuerte campaña para terminar con el aborto clandestino, la muerte y la vejación de las mujeres, en  defensa de la vida, la salud y la maternidad libre, exigimos:
  • Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir.
  • Que se trate y se apruebe en el Congreso el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
  • Separación de la Iglesia del Estado. Basta de subsidios a la curia.
¡NI UNA MUERTE MÁS POR ABORTOS CLANDESTINOS!
                             PLENARIO DE TRABAJADORAS. 



 

 

Modificación a la Ley de Trata de Personas

Gobiernan los proxenetas

La ley de trata de personas obliga a las víctimas de trata mayores de edad a demostrar que no han consentido con ser captadas, trasladadas y vendidas. Las penas son menores a las que el código penal establece para el robo de cabezas de ganado, no determina el seguimiento de la ruta de los bienes de los tratantes y no establece un programa de asistencia a las víctimas, subsidios, trabajo, etc. La denuncia de diferentes organizaciones ha obligado al Congreso a considerar la modificación.
Las modificaciones pasarían fundamentalmente por la eliminación de la figura del "consentimiento" de mayores de edad a ser tratados o tratadas, una aberración social que sólo se le podía ocurrir al equipo de especialistas del Ministerio del Interior designado en el año 2006 por Aníbal Fernández.
Las comisiones respectivas no llegaron a un acuerdo sobre el aumento de las penalidades a los proxenetas; el programa de cobertura de las víctimas sigue siendo inexistente.
En las audiencias organizadas por las comisiones de Familia y Legislación Penal, respectivamente, se expresaron víctimas y organizaciones que luchan contra la trata y funcionarios. "Marcelo Colombo de la Ufase (fiscal contra trata) reconoció que en dos años se logró sólo diez condenas en todo el país" (12/8 Noticias Urbanas). En la declaración en la jornada anterior, la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, informó que en la causa que está por ser elevada a juicio oral, luego de 8 años de la desaparición de su hija, hay 426 tratantes denunciados.
En la última audiencia, se le negó la palabra a la policía Nancy Miño, quien denunció a la División Trata de Personas de la Federal por complicidad con tratantes y proxenetas.
Las omisiones flagrantes de las propuestas de modificación muestran que, con mejores o peores herramientas legales, el negocio de la prostitución y la esclavitud laboral no será tocado porque sirve al régimen de los punteros patronales.
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 800 prostíbulos que no pasan desapercibidos para nadie, los que también integran la red del turismo porteño. Nada dicen de las ordenanzas que los concejales de los partidos patronales impulsan en todo el país para reglamentar la explotación de la prostitución ajena, como ocurrió en Salta Capital por parte de los concejales de Urtubey. Sólo las Concejales del PO denunciaron esto en su momento. Ni una palabra sobre la política de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, radicales y kirchenristas, sojeros y defensores del negocio de la prostitución y de la esclavitud laboral. Mucho menos de las 70 granjas avícolas de la familiar de Zúccaro, el intendente de Pilar, cuyo abogado defensor es el ex intendente Bivort, las que siguen en pie aún después de las repercusiones mediáticas de las denuncias de reducción a la servidumbre y trabajo infantil. Es que exportan a China y proveen de huevos baratos a todos los supermercados.
La ley debe ser derogada. Deben ser eliminados todos los factores que permiten mantener las causas en el limbo por la declaraciones de incompetencias entre juzgados federales y ordinarios; federalizar el delito de explotación de prostitución, las penas deben ser mayores a los 15 años y la incautación de bienes de tratantes debe servir para subsidiar a las víctimas.
La modificación que está en curso es cosmética. Sin embargo, la mejor herramienta legal no terminará con la raíz con la naturaleza de un régimen social que comercializa a las personas y recicla las ganancias por medio de los bancos. Lucha callejera e independencia absoluta de los partidos patronales contra la esclavitud laboral y sexual.

Vanina Biasi
publicado en www.po.org.ar

3 de septiembre - 17 horas: concentración en Congreso.
Cierre de las jornadas de la Fuba. Marcha hasta el Obelisco para denunciar la trata de personas.


martes, 17 de agosto de 2010

Libertad a la iraní condenada a muerte por lapidación

PO 1142 19/8/2010 Mujer

Libertad inmediata a la iraní amenazada de lapidación

La iraní Sakineh Mohamadi Ashtiani, de 43 años y madre de dos hijos, fue condenada a morir lapidada por adúltera. En el juicio, en 2005, Ashtiani fue absuelta del cargo de homicidio, pero la semana pasada la llevaron a la televisión y "confesó" que había matado a su marido. Estas confesiones públicas suelen preceder a la ejecución. Irán rechazó una oferta de asilo de Lula y sugirió que tal vez sustituya la lapidación por el ahorcamiento.
Según los informes de Amnistía Internacional, el marido atacó a Ashtiani con un cuchillo y la golpeó hasta dejarla inconciente porque la vio hablar con un vecino. Cuando despertó, su esposo había sido asesinado. Aunque el vecino fue encontrado culpable, dos años después los tribunales reflotaron los cargos contra la mujer.
A principios de agosto, el diario inglés The Guardian logró entrevistar a Ashtiani en la prisión, a través de un intermediario. "El asunto es simple: como soy mujer, en este país piensan que pueden hacer lo que quieran conmigo. Para ellos, el adulterio es peor que la muerte, pero no todos los tipos de adulterios: un hombre adúltero probablemente ni siquiera tenga que pasar tiempo en la cárcel".
Ashtiani es pobre, analfabeta y en el momento del juicio desconocía sus derechos a tener un abogado y un traductor. La mayoría de los condenados a muerte en Irán son campesinos pobrísimos que no hablan ni entienden farsi, la lengua culta que utilizan los tribunales iraníes. Ashtiani, que no tuvo abogado hasta la apelación, fue torturada y obligada a firmar una confesión que ni siquiera podía leer. Los jueces iraníes, además, pueden basar el veredicto en su "sabiduría" y no en evidencias.
La situación de las mujeres iraníes es desesperante: la ley islámica considera que el testimonio de un hombre en un juicio vale el doble que el de una mujer, y el precio de la sangre (la indemnización que el homicida paga a la familia de la víctima) también es doble si se trata de un hombre. Una mujer violada necesita cuatro testigos hombres que hayan visto el acto sexual para confirmarlo, algo casi imposible. En caso contrario, será condenada por el delito de haber estado en presencia de un hombre que no es su marido. Las iraníes en ningún caso pueden - sin permiso de su esposo-  estar a solas con un hombre que no sea familiar.
Las autoridades se han ensañado con los hijos de Ashtiani: el mayor fue "invitado" a comparecer a la cárcel de Tabriz. "El mensaje es claro: se lo citó en la oficina donde se tortura a los detenidos", dijo un defensor de los derechos humanos. Peor suerte corrió el abogado, Mohammad Mostafaei, que debió huir de Irán después de que las autoridades intentaran capturarlo y apresaran a su esposa y su cuñado. Mostafaei, que denunció que la confesión fue arrancada por medio de la tortura, dijo que el programa donde "confesó" es controlado por los servicios de Inteligencia y que Ashtiani está tratando de salvar su vida. En un audio que la televisión presentó como grabado por la condenada, la mujer después desautorizó estas denuncias. Según Amnistía Internacional, actualmente al menos siete mujeres y dos hombres están expuestos a ser lapidados.
A nadie se le escapa que una parte de la campaña por la liberación de Ashtiani busca arrimar fuerzas para justificar el ataque contra Irán que están preparando Obama y Netanyahu. Los derechos más elementales son usados para madurar una campaña que apunta a la muerte masiva de iraníes, como ocurre en Afganistán o Irak y hasta Colombia. Por esta razón elemental, la campaña por la libertad inmediata para Ashtiani y por el derecho de asilo para ella y sus hijos debe ser desarrollada con completa independencia de los alcahuetes del imperialismo. Del mismo modo, ninguna victimización del régimen despótico de los ayatollas justifica la complicidad de muchos antiimperialistas con estos crímenes ciudadanos. La independencia de Irán solamente será garantizada por un pueblo en pleno goce de su libertad política.
Llamamos a quienes marchan a las embajadas sionistas en defensa del pueblo de Gaza a que se sumen por la libertad incondicional de Skineh Mohamadí Ashtiani.

Olga Cristóbal




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Sakineh Mohamadi Ashtiani

Iraní, 43 años, madre de dos hijos, pobre y analfabeta. 
Condenada a morir por lapidación acusada de adúltera.



Libertad inmediata
Derecho a asilo para ella y sus hijos



Que este elemental derecho no sea usado de excusa para iniciar un ataque contra Irán que provocará la muerte masiva de iraníes.!
Que ninguna victimización del régimen despótico de los ayatollas frente al ataque imperialista justifique ninguna complicidad con estos crímenes!

Llamamos a todas las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres y los explotados a sumarse por la Libertad incondicional de Skineh Mohamadí Ashtiani!

Organización de Mujeres 
PLENARIO DE TRABAJADORAS