Gobiernan los proxenetas
La ley de trata de personas obliga a las víctimas de trata mayores de edad a demostrar que no han consentido con ser captadas, trasladadas y vendidas. Las penas son menores a las que el código penal establece para el robo de cabezas de ganado, no determina el seguimiento de la ruta de los bienes de los tratantes y no establece un programa de asistencia a las víctimas, subsidios, trabajo, etc. La denuncia de diferentes organizaciones ha obligado al Congreso a considerar la modificación.
Las modificaciones pasarían fundamentalmente por la eliminación de la figura del "consentimiento" de mayores de edad a ser tratados o tratadas, una aberración social que sólo se le podía ocurrir al equipo de especialistas del Ministerio del Interior designado en el año 2006 por Aníbal Fernández.
Las comisiones respectivas no llegaron a un acuerdo sobre el aumento de las penalidades a los proxenetas; el programa de cobertura de las víctimas sigue siendo inexistente.
En las audiencias organizadas por las comisiones de Familia y Legislación Penal, respectivamente, se expresaron víctimas y organizaciones que luchan contra la trata y funcionarios. "Marcelo Colombo de la Ufase (fiscal contra trata) reconoció que en dos años se logró sólo diez condenas en todo el país" (12/8 Noticias Urbanas). En la declaración en la jornada anterior, la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, informó que en la causa que está por ser elevada a juicio oral, luego de 8 años de la desaparición de su hija, hay 426 tratantes denunciados.
En la última audiencia, se le negó la palabra a la policía Nancy Miño, quien denunció a la División Trata de Personas de la Federal por complicidad con tratantes y proxenetas.
Las omisiones flagrantes de las propuestas de modificación muestran que, con mejores o peores herramientas legales, el negocio de la prostitución y la esclavitud laboral no será tocado porque sirve al régimen de los punteros patronales.
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 800 prostíbulos que no pasan desapercibidos para nadie, los que también integran la red del turismo porteño. Nada dicen de las ordenanzas que los concejales de los partidos patronales impulsan en todo el país para reglamentar la explotación de la prostitución ajena, como ocurrió en Salta Capital por parte de los concejales de Urtubey. Sólo las Concejales del PO denunciaron esto en su momento. Ni una palabra sobre la política de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, radicales y kirchenristas, sojeros y defensores del negocio de la prostitución y de la esclavitud laboral. Mucho menos de las 70 granjas avícolas de la familiar de Zúccaro, el intendente de Pilar, cuyo abogado defensor es el ex intendente Bivort, las que siguen en pie aún después de las repercusiones mediáticas de las denuncias de reducción a la servidumbre y trabajo infantil. Es que exportan a China y proveen de huevos baratos a todos los supermercados.
La ley debe ser derogada. Deben ser eliminados todos los factores que permiten mantener las causas en el limbo por la declaraciones de incompetencias entre juzgados federales y ordinarios; federalizar el delito de explotación de prostitución, las penas deben ser mayores a los 15 años y la incautación de bienes de tratantes debe servir para subsidiar a las víctimas.
La modificación que está en curso es cosmética. Sin embargo, la mejor herramienta legal no terminará con la raíz con la naturaleza de un régimen social que comercializa a las personas y recicla las ganancias por medio de los bancos. Lucha callejera e independencia absoluta de los partidos patronales contra la esclavitud laboral y sexual.
Vanina Biasi
publicado en www.po.org.ar
Las modificaciones pasarían fundamentalmente por la eliminación de la figura del "consentimiento" de mayores de edad a ser tratados o tratadas, una aberración social que sólo se le podía ocurrir al equipo de especialistas del Ministerio del Interior designado en el año 2006 por Aníbal Fernández.
Las comisiones respectivas no llegaron a un acuerdo sobre el aumento de las penalidades a los proxenetas; el programa de cobertura de las víctimas sigue siendo inexistente.
En las audiencias organizadas por las comisiones de Familia y Legislación Penal, respectivamente, se expresaron víctimas y organizaciones que luchan contra la trata y funcionarios. "Marcelo Colombo de la Ufase (fiscal contra trata) reconoció que en dos años se logró sólo diez condenas en todo el país" (12/8 Noticias Urbanas). En la declaración en la jornada anterior, la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, informó que en la causa que está por ser elevada a juicio oral, luego de 8 años de la desaparición de su hija, hay 426 tratantes denunciados.
En la última audiencia, se le negó la palabra a la policía Nancy Miño, quien denunció a la División Trata de Personas de la Federal por complicidad con tratantes y proxenetas.
Las omisiones flagrantes de las propuestas de modificación muestran que, con mejores o peores herramientas legales, el negocio de la prostitución y la esclavitud laboral no será tocado porque sirve al régimen de los punteros patronales.
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 800 prostíbulos que no pasan desapercibidos para nadie, los que también integran la red del turismo porteño. Nada dicen de las ordenanzas que los concejales de los partidos patronales impulsan en todo el país para reglamentar la explotación de la prostitución ajena, como ocurrió en Salta Capital por parte de los concejales de Urtubey. Sólo las Concejales del PO denunciaron esto en su momento. Ni una palabra sobre la política de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, radicales y kirchenristas, sojeros y defensores del negocio de la prostitución y de la esclavitud laboral. Mucho menos de las 70 granjas avícolas de la familiar de Zúccaro, el intendente de Pilar, cuyo abogado defensor es el ex intendente Bivort, las que siguen en pie aún después de las repercusiones mediáticas de las denuncias de reducción a la servidumbre y trabajo infantil. Es que exportan a China y proveen de huevos baratos a todos los supermercados.
La ley debe ser derogada. Deben ser eliminados todos los factores que permiten mantener las causas en el limbo por la declaraciones de incompetencias entre juzgados federales y ordinarios; federalizar el delito de explotación de prostitución, las penas deben ser mayores a los 15 años y la incautación de bienes de tratantes debe servir para subsidiar a las víctimas.
La modificación que está en curso es cosmética. Sin embargo, la mejor herramienta legal no terminará con la raíz con la naturaleza de un régimen social que comercializa a las personas y recicla las ganancias por medio de los bancos. Lucha callejera e independencia absoluta de los partidos patronales contra la esclavitud laboral y sexual.
Vanina Biasi
publicado en www.po.org.ar
3 de septiembre - 17 horas: concentración en Congreso.
Cierre de las jornadas de la Fuba. Marcha hasta el Obelisco para denunciar la trata de personas.
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