jueves, 1 de marzo de 2012

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

El debate para el armado de una actividad común

   El Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero estamos participando de reuniones de diferentes organizaciones (CTA, Fuba, Campaña por el derecho al aborto, partidos de izquierda, PCR, FPDS, entre otras) que se están realizando en la CTA. Como organización, hemos propuesto y acordado que la marcha sea encabezada por tres grandes consignas relacionadas con ataques contra las mujeres, por parte del Estado: el reclamo de aborto legal, el desmantelamiento de las redes de trata y la denuncia de los femicidios.
  
   Junto a estos reclamos, hemos propuesto rechazar la precarización laboral que padecen las mujeres, reclamar igual salario por igual trabajo, derecho a la organización sindical en los lugares donde las mujeres son la mayoría de los trabajadores, además del reclamo del 82% móvil y el salario igual a la canasta familiar para todas las paritarias que se abren. También hemos propuesto el rechazo al aumento de la carestía de vida, a los impuestazos y a los tarifazos -identificando en este terreno tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales, ya que dentro de los aumentos de tarifas, los gobiernos de Macri en la Ciudad y Bonfatti en Santa Fe han sido pioneros.

   El rechazo a denunciar las políticas de ajuste contra el pueblo fue enarbolado en la reunión por una integrante de la Campaña por el derecho al aborto que milita en las filas del Frente Amplio Progresista (FAP), que se opuso tajantemente a denunciar el ajuste. La participación dentro de dicha organización de mujeres que están tanto dentro del poder del Estado (kirchneristas) como en la oposición, muestra que el punto de unidad es, antes que el programa de las mujeres, la cobertura y defensa de las políticas de Estado de sus respectivos bloques políticos.

   Las docentes santafesinas están en plena lucha contra el intento de Bonfatti de otorgar un aumento ínfimo de salarios; sobre esto sus adeptas tampoco tendrán nada para decir.

   La cobertura política del Partido Socialista ha permitido que Rafael Pineda permaneciera a cargo del sector de Ginecología del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), cuando su equipo se ha declarado todo como "objetor de conciencia" para no tener que practicar los abortos admitidos por la ley argentina. Dicho elemento clerical a la cabeza de un sector tan sensible -según denuncian trabajadores del hospital-, no solamente tiene consecuencias en la negativa a practicar abortos no punibles, sino que tampoco recomiendan métodos anticonceptivos a las pacientes, entre otras aberraciones oscurantistas.

   Desde el Plenario, rechazamos cualquier política de sometimiento del programa de defensa de la mujer a los proyectos políticos de la burguesía. Tanto el gobierno nacional como la oposición parlamentaria han demostrado estar en las antípodas de los reclamos de las mujeres trabajadoras.

   Por un 8 de Marzo sin ataduras con las políticas que afectan a las mujeres trabajadoras.

   El 8 de marzo concentramos, desde las 14 horas, en Plaza de Mayo, desarrollando diferentes actividades desde las diversas organizaciones y luego realizaremos una marcha, cuyo destino no está definido aún.
  
   El Plenario propondrá que sea la casa de la provincia de Tucumán para acompañar el juicio por Marita Verón y denunciar la complicidad estatal con las redes de trata que mantienen desaparecidas a cientos de mujeres.

Plenario de Trabajadoras

Marita Verón: el Día de la Mujer trabajadora a los Tribunales de Tucumán

Todo el régimen político es una red de tratas

   "Como estúpida iba a la Casa de Gobierno. Digo estúpida, porque la mafia estaba ahí". En 2002, cuando fue secuestrada Marita, gobernaba Julio Miranda. Alperovich, que lo sucedió, era ministro de Economía.
   Las palabras de Susana Trimarco no sorprenden en la sala de audiencias, porque son perogrullo. La mamá de Marita Verón lleva declarando hace cuatro días en el proceso oral por la desaparición de su hija.
   Trimarco hacía referencia a un pacto entre la administración mirandista y los Ale, una familia mafiosa de la provincia. Un convenio que firmó el gobierno con la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán (Arut) declaraba a los remiseros ‘custodios de la ciudad'. "Arut pretende ser una especie de ‘gremio', dirigido por los Ale. Pero jamás defendió a los trabajadores. Julio Díaz (entonces secretario de Seguridad) me dijo que ellos tenían más autos y mejores armas que la Policía", declaró Susana ante el tribunal (La Gaceta, 16/2). Fernado Juri, ex vicegobernador de Alperovich y actual legislador, incorporó a toda esta mafia, con la flota de remises 5 estrellas, como un brazo del sistema de seguridad de la provincia. Dos ex mujeres de Rubén "La Chancha" Ale, uno de los jefes del clan, se encuentran entre los 13 imputados en el juicio, así como María Jesús Rivero (ex presidenta del club San Martín) y Natalia Daniela Milhein. En el juicio, Natalia señaló que "La Chancha" la inició en la prostitución, cuando ella tenía 16.
   Las críticas de Trimarco involucran al gobierno nacional. Susana dijo al tribunal que, en lugar de perseguir a las mafias, desde el gobierno ensuciaron a su familia. Según La Gaceta (21/2), la Secretaría de Inteligencia del Estado Nacional se dedicó a investigar al hermano de Marita (Horacio Verón). "Lo siguieron, averiguaron todos sus movimientos. Una noche estaba durmiendo en el departamento y entró la Policía Federal por la fuerza. Lo encañonaron y le exigieron que les diga dónde estaba Marita. Lo mismo pasó con sus suegros, que les allanaron la casa diciéndoles que ellos tenían a mi hija. En vez de buscarla donde (debían), escarbaron en la familia", declaró Trimarco (ídem). Según Carlos Garmendia (abogado de la Fundación María de los Ángeles), el husmeo en la familia llegó al punto que excavaron el patio de los Verón sin orden de allanamiento, cuando éstos se encontraban en Buenos Aires (ídem).
   Trimarco señaló que ella se internó en el sistema prostibulario de La Rioja para buscar a Marita y que allí rescató a otras mujeres esclavizadas, quienes señalaron que entre sus clientes había jueces y comisarios.
   También acusó al Poder Judicial de Tucumán: "Cada vez que había una pista, yo pedía participar en los allanamientos; es que yo buscaba a mi hija, la Justicia no buscaba"; o "Ernesto Baaclini (secretario de Fiscalía, en 2002) hacía todo mal; eran juegos para ensuciar toda la investigación" (ídem).
   Trimarco denunció la trama que se encargó del secuestro de Marita: denunció a empleados de la maternidad (uno de ellos actualmente integra el agrupamiento burocrático que dirige Atsa).
   El juicio recién comienza. En las filas del oficialismo se nota nerviosismo. Nadie quiere hacer olas. De acuerdo con los medios públicos, los Ale comenzaron su carrera como mafia vinculada con la política como guardaespaldas de Chebaia, unos de los dirigentes históricos de la UCR, luego cambiaron de patrón y se pasaron al peronismo. Ya aparecieron las fotos de Alperovich con "la Chancha" Ale cuando éste dirigía el Club San Martín, al que el gobierno entregaba jugosos subsidios.
   Varias organizaciones de la mujer, entre ellas el Plenario de Trabajadoras, han decidido conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en las puertas de los tribunales.
Sebastián

miércoles, 29 de febrero de 2012

SÁBADO 3/3 14.30HS. - LANÚS ESTE

PARA CORSI, UNA PENA MENOR

   Al momento de ser acusado de integrar una banda de pedófilos, Corsi era un hombre de referencia a nivel académico e institucional. Director de la Carrera de Especialización en Violencia Familiar de la Facultad de Psicología de la UBA, profesor de la Universidad de Palermo y de la de Barcelona. También era un hombre de consulta de organismos de gobierno, como el programa que dirige Eva Giberti desde el Ministerio de Justicia de la Nación. Para llegar a ser un teórico de referencia del poder político y de la camarilla universitaria, es necesaria una condición: que el análisis no coloque la responsabilidad de la violencia familiar en el sistema social y en el Estado, o -si lo hace- es condición estar dispuesto a admitir lavarle la cara al mismo Estado que genera las condiciones materiales y sociales para la violencia familiar, dejándose usar como referencia académica de "renombre".

   El hombre estuvo siete meses detenido y llegó libre al juicio, luego de pagar una fianza de 100 mil pesos -un lujo para ricos que la Justicia admite, aunque se trate de un personaje que, en libertad, constituye un peligro para niños y jóvenes.

   Gracias a la figura del "juicio abreviado" y mediante un acuerdo entre las partes, el abogado de una de las víctimas, el abogado de Corsi y la fiscalía, el teórico de la violencia familiar admitió su culpabilidad por uno de los casos de los cinco que lo acusan y obtuvo una pena de tres años de prisión efectiva.

   El abogado de la querella explicó que el joven abusado "llegó a los 18 años y de haberse concretado el juicio oral, hubiera tenido que declarar en público y enfrentarse con su victimario, sin las garantías de privacidad que benefician a los menores" (Página/12, 2/2).

   O sea que la Justicia, con su dilación -ya que la denuncia fue hace más de tres años- y debido a que no cuenta con mecanismos que eviten este atropello de las víctimas mayores en los juicios orales, creó las condiciones para que la querella debiera acordar un "juicio abreviado" para proteger a la víctima, con el consiguiente beneficio para el pedófilo.

   Aunque aún debe ser juzgado, junto al resto de la banda, por cuatro causas más que tiene abiertas (que no fueron unificadas), todavía, dentro del campo de la Justicia, Corsi va a recurrir a otras chicanas jurídicas para morigerar la pena.

   El ataque a mujeres y niños forma parte de la naturaleza del régimen capitalista. Sin una condena a fondo a dicho régimen en todos los campos -profesional, teórico y militante- no cesarán esos ataques. La Universidad, gobernada por una camarilla privatista, no tiene las condiciones para ofrecer un análisis profundo de este flagelo social y, por lo tanto, servir para combatirlo. El Estado, a través de su justicia y otras instituciones, es directamente responsable.

V. B.

JORGE CORSI, UN VIOLADOR

La ley y el poder. Las relaciones entre la perversión personal y una sociedad que promulga el goce como único horizonte

   En los últimos tiempos están apareciendo en la prensa nacional e internacional noticias sobre agresiones sexuales a niños y jóvenes. Son solo la punta del iceberg de lo que realmente ocurre, muchas de ellas no trascienden y la mayoría, por lejos, no tienen condena judicial.

   En Argentina, el psicólogo y especialista en violencia familiar Jorge Corsi fue encontrado culpable de abusar sexualmente a un menor de edad y deberá cumplir una leve pena que puede quedar reducida a un mes de prisión de cumplimiento efectivo.

   El abogado y la familia del menor estuvieron de acuerdo porque entienden que al no haber debate oral se evitó una revictimizacion del menor.

   En los medios universitarios donde el profesor Corsi desarrollaba su tarea docente, sus textos se continúan leyendo, estudiando y circulando.

   Según la denuncia, el menor sufrió distintas prácticas sexuales idóneas para desviar de tal modo su libre crecimiento psicosexual. Por supuesto no es más que uno de los tantos casos.

   Si este caso interesa no es solo por que está en juego el desarrollo humano de los involucrados en particular sino que refleja y compromete a la sociedad en su conjunto.

   Cuando sujetos como Corsi se arrogan el derecho de violentar a un joven o niño, ¿están hablando solamente de sus conciencias, sus inconcientes, sus modelos identificatorios? Por la repulsa que suscitan en la sociedad parecería que si, quedando confinados como demonios de un goce particular, perverso.

   Pero cuando se repite tantas veces y cuando la pena judicial es asombrosamente leve la sociedad se inquieta (o debería hacerlo) y comienza a interrogarse.

   Cuando el profesor Corsi sedujo y penetro sexualmente al joven, era porque su placer estaba del lado de una elección de objeto sexual que le daría mas placer carnal o lo que buscaba era el terror, la indefensión y el poderío absoluto?

   Cuando los pederastas y violadores atacan a sus victimas, así sea con seducción, es el mero goce de la carne o esta en juego lo peor del simbolismo que esta sociedad machista, ha desarrollado desde sus entrañas?

   En estos casos no se trata de un vínculo consensuado, sino del ejercicio del poder, de abusar del partenaire. No se entiende lo que genuinamente esta en juego en las relaciones sexuales.

  Desde del psicoanálisis podemos decir que en todo acto de disparidad de poder sexual, de no responsabilizarse ante el hecho, lo que esta en juego es llevar a la victima al mas allá del placer. Se lleva a la victima a la vergüenza, a la culpa, a la desviación de lo que libremente ese proyecto humano, me refiero al niño, podría dar. En este caso el episodio de la violación se conoció luego que el niño hiciera un brote psicótico.

   Llevar al otro mas allá del placer hace que la vida humana ya no valga la pena, o sea un remedo de lo que vale la pena. Es lo que constantemente esta sociedad realiza.

   El concepto del más allá del placer es un concepto de la teoría sicoanalítica y sintéticamente significa la degradación de la vida humana de todas sus posibilidades de realización.

   Por supuesto el profesor Corsi es un extremo vergonzoso del arco infinito de la violencia social. Ejemplos de violencia social emparentados con violencia individual llenan las noticias todos los días.

   Un ejemplo de ello es el asesinato de Soria, el gobernador de Río Negro. Toda la sociedad esta atónita ante el crimen de Río Negro, donde en lugar de ser penalizada una conducta criminal, la de la esposa del gobernador, acude todo el poder en auxilio de la autora del crimen.

   ¿No son estas conductas, donde la ley se violenta y se burla, las que van a dar luego en el imaginario colectivo una sensación visceral de que todo se puede? De que la ley es solo el poder?

   Cuando en la búsqueda de placer se termina el conocimiento y el reconocimiento del otro y se va a solo la descarga pulsional se esta hablado de una sociedad en la cual el objeto de goce no es mas que eso. Un objeto de descarga.

   Al otro no se lo inviste, no se lo bruñe y fundamentalmente no se lo ama. No se lo considera.

   En psicoanálisis decimos que solo el amor hace decaer el goce salvaje en deseo.

   Una vida humana sin goce seria miserable, pero tener solo al goce como horizonte revela el peor aspecto humano. El perverso no es inhumano porque no es una conducta animal, pero es el aspecto mas degradado de la condición humana.

   Es el resultado de querer avasallar al otro.

   Perversos sexuales siempre hubo y estarán presentes en todas las culturas, pero la sociedad capitalista, con su doble discurso y su veneración del goce avasallante del otro es el caldo de cultivo donde violadores como Corsi pueden burlarse de condenas tan pequeñas con las cuales la sociedad hace el remedo de defenderse.

   ¿Que piensa Corsi cuando sabe que en la Universidad se siguen leyendo sus libros?

   ¿Le recorre un estertor de placer?

   ¿En que piensa la comunidad psicológica cuando recomienda sus libros?

   Hubo un tiempo, el del comunismo primitivo, en el cual la sociedad no estaba dividida en clases y el bien individual era exactamente igual al bien general. Cuando el bien general se violentaba, el consejo comunal sancionaba la falta. No hacia falta policía ni ejercito. La nobleza de ese tiempo pasado nos invita a terminar con esta sociedad que apuesta al goce desenfrenado, a la veneración del objeto por el objeto mismo, sea el oro, sea la descarga pulsional sin consentimiento de la pareja. En fin, ese tiempo pasado nos llama a inventar otro.

   ¿De donde saldrá el yunque que rompa esas cadenas?

Lidia Deutsch Psicoanalista

COMIENZA EL JUICIO POR MARITA VERÓN

   El 3 de abril de 2002 desapareció en la provincia de Tucumán, Marita Verón. Recién diez años después se está realizando un juicio, en el que figuran 13 imputados. La instrucción del presente juicio se cerró en el año 2004. Afuera de él quedaron eslabones claves como lo es el empresario Alé. Entre los 13 imputados solamente hay un ex policía acusado de entregar a Marita a un prostíbulo en La Rioja.

   La causa investigada de forma detallada por Susana Trimarco y sus abogados muestra cómo funciona una red de trata con fines de explotación sexual, como señala el abogado Garmendia (Página/12, 9/2). Sin embargo, aunque los 13 imputados fueran condenados, la Justicia no estaría desbaratando una banda, sino sólo condenando a algunos de sus miembros, a penas menores y por el alto grado de complicidad judicial y política con el delito que ha tenido hasta ahora, podríamos asegurar que nada impediría que estos mafiosos siguieran operando desde la cárcel, si obtuvieran penas de cumplimiento efectivo.

   Todo el mérito de un triunfo parcial que condene a los actuales imputados sería de forma excluyente de Susana Trimarco, su madre, los profesionales que la acompañan y del movimiento de mujeres que lucha contra la trata.

   El gobierno kirchnerista durante todo este tiempo ha tenido la política, comandada por Aníbal Fernández, de garantizarse la opinión positiva de la mujer que es referencia internacional en la denuncia contra la esclavitud sexual y la trata, mientras que en todos los años de gobierno no ha sido desbaratada una sola red, los funcionarios policiales colocados a la cabeza de la División Trata de Personas terminaron denunciados por encubrir el negocio de la esclavitud sexual y las movidas de Garré en la Policía Federal no desactivaron una sola red de trata como lo demuestran las denuncias de coimas a prostíbulos que se suceden en la Ciudad de Buenos Aires. 

   Por el contrario, dirigentes políticos kirchneristas han quedado marcados a fuego en su defensa de la explotación sexual, como ocurrió en Río Gallegos con el escándalo de las casitas, uno de los posibles destinos por lo que podría haber pasado Marita, como tantas otras mujeres o como ocurre en la propia Tucumán de Alperovich.

   La declaración de Trimarco a Alperovich señalando que si él hubiera sido gobernador cuando Marita desapareció, entonces Marita hoy no estaría desaparecida (Clarín, 7/2) es, al menos, infundada. Alperovich era ministro de Hacienda del gobierno de Miranda. Por entonces, el actual gobernador kirchnerista estaba renunciando a su afiliación radical para convertirse en el candidato de Miranda. En una decisión de Estado que lo involucra, la flota de remises de Alé había sido incorporada a la seguridad provincial. El gobierno de Alperovich está marcado por la cobertura cotidiana al sostenimiento policial y político a la red de prostíbulos que funcionan en todo el territorio provincial, así como también de los empresarios involucrados con el delito, como es el caso del propio Alé.

   El desarrollo del juicio por el secuestro de Marita debe servir para desarrollar una extendida agitación política en Tucumán y en todo el país para lograr las máximas penas que se pueda alcanzar para los responsables enjuiciados y para luchar contra este flagelo que se lleva la vida de cientos de mujeres en nuestro país, mostrando para ello las complicidades políticas y económicas de un negocio que mueve millones de dólares, y que se produce al amparo del Estado.

V. B.

LA PEDOFILIA DE LA IGLESIA CATÓLICA: EL SOMETIMIENTO SILENCIOSO

   El año pasado un cura de la Iglesia Católica Holandesa, Di Noto, anunciaba entusiasmado que el NVD, partido de pedófilos formado en Holanda en 2006, había desaparecido debido a que no pudo juntar las firmas necesarias para presentarse en las elecciones. Iguales partidos existen en otros países del mundo, catalogados como ejemplo del capitalismo mundial, como Dinamarca.

   Mientras tanto un movimiento mucho más silencioso seguía su curso en al oscuridad de las instituciones clericales, conventos, hogares de niños y escuelas regenteados por la misma iglesia católica. El abuso de menores perpetrado por los curas durante años en Holanda, acaba de ser colocado en cifras. La investigación a cargo de Wim Deetman, un ex funcionario gubernamental democristiano, resulta escalofriante: "se sospecha que el número de víctimas que pasaron parte de su infancia en instituciones de la iglesia está entre 10 mil y 20 mil" desde el año 1945 (Clarín, 17/12). En el mismo periodo ya se tienen comprobados más de un millar de casos de violaciones a niños. De los más de 800 curas abusadores identificados, sólo quedan con vida 105.

   A la luz de estos hechos, la campaña contra el NVD por parte de elementos de la iglesia debiera ser leida como un intento de volver las cosas a su lugar: al silencioso y cálido ambiente de un convento de clausura, un seminario o una escuela religiosa.

   Pero la iglesia no está sola en esta cruzada: el primer gran escándalo sobre la masividad de los casos de abusos contra menores está a punto de cumplir diez años: fue en el año 2002 cuando las demandas contra la iglesia católica en Estados Unidos obligaron a esa institución a tener que abonar millonarios resarcimientos económicos. Luego siguieron Bélgica, Irlanda, Alemania... todos países colocados por cierto discurso político como el ejemplo de que el capitalismo es viable y que la competencia capitalista puede no destruir sino coexistir con todos los sectores sociales. La crisis económica en curso y las consecuencias sociales de las condiciones materiales en las que se desenvuelve el capitalismo, han echado por tierra estos "hermosos" ejemplos.

   La sumatoria de países al escalofriante archivo de abusos de la iglesia católica no ha alcanzado para que los estados desistieran definitivamente de seguir enviando al sector más vulnerable de la sociedad, los niños pobres (en su gran mayoría) a las instituciones clericales. Ninguno cambió su conducta con relación a la tercerización de la asistencia social a través de la iglesia católica ni con relación a los abultados subsidios que les destinan.

   En la argentina kirchnerista, luego de los escándalos de Storni y Grassi, entre otros, el ejecutivo sigue traspasando la asistencia de los niños institucionalizados a la iglesia, como es el caso del Hogar Don Bosco del cura pedófilo Grassi. Luego de que fuera acusado por la justicia como responsable de abuso de menores el cura Grassi sigue libre, la institución que maneja sigue recibiendo más de 3.000 pesos por mes por cada niño que "cobija" y desde la cúpula de la iglesia católica se promueven diferentes acciones para hacer lobby frente a la justicia. Este es el caso del libro "Estudio sobre el "caso Grassi", escrito por el abogado penalista Sancinetti a pedido de Bergoglio (Clarín, 17/12). Que la cúpula de la Iglesia católica invierta el dinero en la defensa de curas pedófilos, parece no ser motivo para que el gobierno kirchnerista le quite los subsidios. Tampoco el escándalo de los niños traficados desde Añatuya, Santiago del Estero, hacia todo el país y el resto del mundo. Para encubrir esta actividad, la iglesia habla del trabajo esclavo, y se llena la boca con los pobres. Estos dichos y acciones superficiales son el taparrabos de una actividad cotidiana de socavamiento de la integridad humana de generaciones enteras de niños y de un enorme negociado capitalista montado a partir de la pobreza.

   Separación de la iglesia del Estado. Fin de la tercerización de la asistencia social. Basta de educación religiosa en la escuela pública. Quita de los subsidios de toda la actividad religiosa y su reemplazo por educación y asistencia estatal sin afectar a los usuarios de dichos servicios. Cárcel a los curas pedófilos.

Vanina Biasi

LA ILEGALIDAD DEL ABORTO. UNA POLÍTICA DE ESTADO

El poder político y el clero son los que atentan contra la vida y salud de mujeres y niñas

   Todavía se conserva en el recuerdo -principalmente de las mujeres que viajamos al XXV Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos- la irrupción violenta de una patota, enviada por el clero local, a la escuela donde se desarrollaban los talleres de aborto y anticoncepción, la cual golpeó con furia a mujeres y jóvenes que reclamábamos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En ese momento, el gobernador K Uribarri y el gobierno nacional actuaron con una clara complicidad a través del silencio frente a la agresión física.

   Esta vez, el peso de la Iglesia, así como el del poder político y judicial enterriano, sumado al silencio del gobierno nacional, cayeron sobre una niña de sólo 11 años, embarazada a causa de una violación. La niña y su mamá fueron víctimas de una presión brutal (sostenida por decenas de médicos, profesionales de la salud y ONG) para que la niña, ya violentada una vez, continuara con un embarazo que no deseaba y que no puede sostener ni física ni mentalmente, además de correr riesgo su vida por su corta edad.

   El caso entraba entre los abortos que el Código Penal tipifica como no punibles. Sin embargo, a pesar de que el pedido de la madre de realizar el aborto -el cual no requería autorización ni permisos judiciales-, el director del Hospital Regional de San Salvador, Juan Arletaz, le señaló que debía hacer la denuncia policial y judicial. Desde allí, comienza una fuerte intervención de los poderes político y judicial, que indujeron a la familia a desistir del requerimiento de aborto -objetivo que finalmente lograron, pasando por encima de las súplicas de la niña ante el juzgado, la cual quería volver a la vida de antes. Desde el juez de Familia, Raúl Tomaselli, quien hizo un pedido de investigación médica a la dirección del Hospital Masvernat, cuyo resultado sostenía que la niña se encontraba apta para continuar el embarazo, pasando por los defensores oficiales de la Justicia que decían que la niña no estaba angustiada, hasta el propio ministro de Salud provincial, Hugo Cettour, quien -además de señalar que el caso no entraba en los no punibles- con repugnante descaro negó el abuso sexual a la niña y escondió las dañinas consecuencias físicas y psicológicas de la continuación del embarazo. El ministro expresó: "La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación, el cuerpo está preparado". Y agregó, para quitarse responsabilidad política y naturalizar el embarazo adolescente: "(...) acá repercutió por un pedido de los familiares, pero embarazadas adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, es un tema en la salud pública, no es algo aislado" (extraído de Página/12, 18/1). Este comentario no es casual: más del 27% de los partos atendidos en los hospitales públicos de Entre Ríos son de niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, siendo las zonas más pobres el epicentro de la problemática, según un artículo publicado el 27 de enero por el portal de noticias Gualeguaychúadiario. Mientras, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva a nivel nacional no se cumple en ninguna provincia y se ha aprobado una ley de educación sexual que ni siquiera es aplicada, que habilita la injerencia total de la Iglesia en sus contenidos.

   El caso de la niña enterriana, de 11 años, es uno de los cientos que se reproducen en el país y cada uno de ellos muestra la profunda violencia estatal-clerical sobre mujeres y niñas. Atravesado por la problemática de la ilegalidad del aborto, recordemos el caso de la niña de 13 años, en Salta, que murió producto de un aborto clandestino y que, mientras velaban a la niña, llevaron a su madre presa, acusada de haberle suministrado el fármaco.

   El caso de la niña de Entre Ríos vuelve a mostrar la inutilidad del artículo 86 para garantizar los casos de abortos no punibles, desde el momento que se deja a la mujer a merced de la arbitrariedad de las direcciones de los hospitales, los comités de bioética y la Justicia (totalmente infisionados por el clero). Sin dejar de lado que el aborto es hoy una prerrogativa de quienes pueden pagarlo. El aborto en Argentina sigue siendo la primera causa de muerte de mujeres embarazadas.

   Sólo podrá terminarse con este flagelo contra las mujeres y niñas estableciendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Advertimos que no vendrá de la voluntad política de ningún bloque parlamentario, a pesar de ciertos discursos a favor. Tanto kirchneristas como opositores han cajoneado el tema y Cristina Kirchner ya anunció su rotunda oposición al aborto. Es necesaria una movilización permanente y una acción política masiva que le imponga al poder político esta reivindicación.

Mariela Solesio

FEMICIDIOS EN LA PLATA

El Estado sin política para la defensa de la mujer

   En el centro de la escena política platense se encuentra el crimen a sangre fría cometido hace unos días contra cuatro mujeres. A partir de allí varias movilizaciones se han sucedido en busca de justicia, y organizaciones feministas reclaman el esclarecimiento del caso y la pena inmediata del culpable. Lo que se ha colocado en el eje del debate es la indefensión de la mujer ante un Estado completamente ausente y la extensión de penas a los victimarios de casos femicidas.

   La mujer trabajadora es vulnerable en relación con la fuerza de un hombre, no sólo por su condición de género sino por su situación material y concreta, su condición laboral y social. Miles de mujeres sometidas a la violencia de sus parejas (en su mayoría) realizan en la provincia de Buenos Aires denuncias al 0800 habilitado desde la Secretaría de Derechos Humanos para asistir a las víctimas a partir del Programa de Atención a Mujeres (AVM), iniciado en el año 2008. Justamente hacía menos de un mes que las compañeras estatales trabajadoras de este servicio realizaron una huelga, reclamando mejoras en sus condiciones de trabajo, la respuesta del gobierno de Scioli fue descontar los días de paros.

   Desde la implementación del programa, las compañeras, todas mujeres, capacitadas para aconsejar a las víctimas y derivarlas, según el caso, a una mesa de profesionales para asistir a las víctimas, vienen denunciando la precariedad con la que trabajan y el abandono progresivo del programa. Las trabajadoras de este call center no tienen a dónde derivar a las víctimas. Se desarmó la mesa de profesionales, no hay ayuda material ni económica para asistir realmente a las mujeres. El trabajo se ha limitado asistir mediante consejos legales o psicológicos, todas medidas para tomar de manera individual sin asistencia directa del Estado.

   La indefensión de la mujer es en realidad sostenida desde el propio régimen. Las mujeres trabajadoras ganan el 70% del salario de un hombre a igual tarea, la inestabilidad laboral de la empleada doméstica, el trabajo en negro y precario impide la independencia económica de la mujer.

   El alargamiento de las penas a los asesinos de mujeres no soluciona este problema fundamental. El Estado, en primer lugar, no asiste a la víctima, y el régimen en su conjunto mantiene a la mujer trabajadora en situación de desventaja económica.

   La reivindicación de las mujeres trabajadoras debe tener dos aspectos: por un lado la exigencia al Estado de una política de amparo a las víctimas de violencia, con asistencia psicológica, con un equipo de profesionales, casas refugios de emergencia; y, por otro lado, trabajo genuino.

   ¿La descomposición social de las relaciones humanas será resuelta con mayores penas carcelarias? El proyecto de la senadora Liliana Fellner, del Frente para la Victoria, trata justamente de endurecer penas para los femicidios. En una especie de "blumberización" de género contra el femicidio. Aunque está claro que no es lo mismo una mujer indefensa que mata en defensa propia a su golpeador, el proyecto encubre toda una política desde el propio Estado que no defiende a la mujer trabajadora ante una realidad desigual.

   Las mujeres trabajadoras levantamos el reclamo al Estado, exigimos amparo y el fin de este flagelo. El salario igual a la canasta familiar, la estabilización laboral, y en blanco, y la triplicación del presupuesto para la implementación de un verdadero programa de defensa de la mujer trabajadora.

Laura Kohn