El 3 de abril de 2002 desapareció en la provincia de Tucumán, Marita Verón. Recién diez años después se está realizando un juicio, en el que figuran 13 imputados. La instrucción del presente juicio se cerró en el año 2004. Afuera de él quedaron eslabones claves como lo es el empresario Alé. Entre los 13 imputados solamente hay un ex policía acusado de entregar a Marita a un prostíbulo en La Rioja.
La causa investigada de forma detallada por Susana Trimarco y sus abogados muestra cómo funciona una red de trata con fines de explotación sexual, como señala el abogado Garmendia (Página/12, 9/2). Sin embargo, aunque los 13 imputados fueran condenados, la Justicia no estaría desbaratando una banda, sino sólo condenando a algunos de sus miembros, a penas menores y por el alto grado de complicidad judicial y política con el delito que ha tenido hasta ahora, podríamos asegurar que nada impediría que estos mafiosos siguieran operando desde la cárcel, si obtuvieran penas de cumplimiento efectivo.
Todo el mérito de un triunfo parcial que condene a los actuales imputados sería de forma excluyente de Susana Trimarco, su madre, los profesionales que la acompañan y del movimiento de mujeres que lucha contra la trata.
El gobierno kirchnerista durante todo este tiempo ha tenido la política, comandada por Aníbal Fernández, de garantizarse la opinión positiva de la mujer que es referencia internacional en la denuncia contra la esclavitud sexual y la trata, mientras que en todos los años de gobierno no ha sido desbaratada una sola red, los funcionarios policiales colocados a la cabeza de la División Trata de Personas terminaron denunciados por encubrir el negocio de la esclavitud sexual y las movidas de Garré en la Policía Federal no desactivaron una sola red de trata como lo demuestran las denuncias de coimas a prostíbulos que se suceden en la Ciudad de Buenos Aires.
Por el contrario, dirigentes políticos kirchneristas han quedado marcados a fuego en su defensa de la explotación sexual, como ocurrió en Río Gallegos con el escándalo de las casitas, uno de los posibles destinos por lo que podría haber pasado Marita, como tantas otras mujeres o como ocurre en la propia Tucumán de Alperovich.
La declaración de Trimarco a Alperovich señalando que si él hubiera sido gobernador cuando Marita desapareció, entonces Marita hoy no estaría desaparecida (Clarín, 7/2) es, al menos, infundada. Alperovich era ministro de Hacienda del gobierno de Miranda. Por entonces, el actual gobernador kirchnerista estaba renunciando a su afiliación radical para convertirse en el candidato de Miranda. En una decisión de Estado que lo involucra, la flota de remises de Alé había sido incorporada a la seguridad provincial. El gobierno de Alperovich está marcado por la cobertura cotidiana al sostenimiento policial y político a la red de prostíbulos que funcionan en todo el territorio provincial, así como también de los empresarios involucrados con el delito, como es el caso del propio Alé.
El desarrollo del juicio por el secuestro de Marita debe servir para desarrollar una extendida agitación política en Tucumán y en todo el país para lograr las máximas penas que se pueda alcanzar para los responsables enjuiciados y para luchar contra este flagelo que se lleva la vida de cientos de mujeres en nuestro país, mostrando para ello las complicidades políticas y económicas de un negocio que mueve millones de dólares, y que se produce al amparo del Estado.
V. B.
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