jueves, 28 de junio de 2012

JUICIO POR MARITA VERÓN

http://po.org.ar/po1228/2012/06/28/la-asociacion-mafiosa-de-la-policia-y-los-jueces/

LA ASOCIACIÓN MAFIOSA DE LA POLICÍA Y LOS JUECES
   En la declaración del ex comisario Jorge Tobar ante el tribunal que juzga a los trece imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de María de los Angeles “Marita” Verón, volvió a evidenciarse el alevoso vínculo entre el aparato represivo y la trata de personas.
   Tobar contó que luego de afirmar en un reportaje en Página/12 que “en la Argentina las mujeres se venden como ganado”, el entonces jefe de policía, Hugo Sánchez, lo sancionó. “Me había ordenado verbalmente que no diera entrevistas. Esa nota hizo que iniciara las actuaciones, que luego elevó a tribunales para que se vea en qué causa me iban a encuadrar. Fue archivada por falta de mérito”, precisó (La Gaceta, 7/6).
   Tobar conoce bastante la causa: fue designado al frente de la investigación en mayo de 2002, un mes después de la desaparición de la joven. Se desempeñó en ese rol hasta 2004, cuando la causa se elevó a juicio oral. Luego, por pedido de la titular de la Fiscalía de Instrucción VI, Adriana Reinoso Cuello, continuó investigando hasta su retiro, en 2008. Entre 2006 y 2008 estuvo al frente de la División Trata de Personas de la policía de Tucumán.
   La pretensión de Sánchez de sancionarlo no fue lo único de la declaración de Tobar que involucra a la policía provincial. A los cinco días del 3 de abril de 2002 (día en que desapareció Marita), se supo que vecinos de Los Gutiérrez y de La Ramada (pueblos ubicados a 10 y a 30 kilómetros al noreste de la capital tucumana, respectivamente) la habían visto deambular, como drogada, por la zona. Los policías que la “rescataron” en aquella ocasión dijeron que la subieron a un ómnibus que viajaba a San Miguel de Tucumán. “Cambiaron la versión cuando declararon, para zafar de su negligencia. Pedí los informes telefónicos, porque creo que de la comisaría avisaron a alguien que Marita iba a la terminal, para que la levanten allí”, afirmó Tobar ante los jueces (ídem, 5/6). Estos hechos, que involucran directamente a la Policía, implican lo que se conoce como el segundo secuestro de Marita.
   Tobar también denunció a la policía de La Rioja (provincia donde habría estado secuestrada Marita, obligada a ejercer la prostitución). “Cuando allanamos la casa del ‘Chenga’ (José Gómez, uno de los principales imputados), acababan de borrar toda la memoria de la computadora. Un informante manifestó que a Marita la tenía Irma Medina (otra imputada) en su domicilio encerrada y que la llevaba a trabajar en el Candilejas (una de las wisquerías en la que habría estado la joven). Personal de la Dirección General de Investigaciones de La Rioja no quiso recibirme una denuncia”, aseveró (13/6).
   La policía no resultó la única institución salpicada de connivencia con el delito de trata de personas a partir de las declaraciones de Tobar: de sus palabras se desprende que varios organismos del Estado asfaltaron el camino para la desaparición de Marita. De tres fuentes distintas, Tobar recibió la versión de que la joven permaneció cautiva en España durante algún tiempo. Una de estas fuentes daba cuenta de que, en septiembre de 2003, Ramona Alcaraz la había llevado, junto a otras dos mujeres. Según su relato, Tobar se dirigió a Migraciones para determinar si en los registros figuraba la posible salida del país de Marita. En la oficina, en efecto, están registrados la salida y el regreso de Alcaraz, así como de varios homónimos de Marita, que fueron descartados tras comprobarse que no se trataba de la joven. “Se llegó a la conclusión de que si (Marita) fue sacada del país, es posible que haya sido con documentación falsa”, indicó Tobar al tribunal (21/6).
   En medio de este nuevo testimonio, que vuelve a demostrar la imposibilidad de que se cometa el delito de trata de personas sin el visto bueno policial, Susana Trimarco -la mamá de Marita- se despachó contra los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, quienes están llevando adelante el proceso. “Estos delincuentes presentan estrategias sucias y los jueces se dejan dominar. No están acostumbrados a trabajar, con semejante sueldo que ganan. ¿Cómo van a sesionar tres veces a la semana? Voy a pedir audiencia a la Justicia, porque siento vergüenza ajena, todo el mundo me pregunta qué les pasa a estos jueces”, aseveró Trimarco (15/6) en relación a que el proceso sólo se realiza de martes a jueves. Recién el miércoles 27 se conoció que no suspenderían las audiencias durante la feria judicial, ante el rumor que circulaba sobre la posibilidad de que se tomen el receso.
   A la manifiesta complicidad policial en este delito, se están sumando un accionar de los jueces para nada inocente. Con ese modus operandi dilatan un juicio clave y ponen paños fríos en la causa, con el objetivo de que la sociedad se relaje. Frente a ello, resulta imperativo mantener vivas las denuncias y la movilización popular para que efectivamente se lleve adelante a fondo el juicio y se aplique la máxima condena a todos los imputados. Sería un buen punto de partida para continuar la lucha, con el fin de avanzar en la tarea de desmantelar los aparatos represivos y las redes de trata de personas.
Sebastián @sumoralylamia

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