El domingo 16 de octubre, el diario El País de España publicó una nota sobre la penalización de la práctica del aborto en la Argentina. En esa nota, se asegura que “la presidenta Fernández se plantea dar libertad de voto para la ley de plazos (legalización del aborto antes de las doce semanas de gestación), lo que supondría un respaldo al movimiento despenalizador en Uruguay y Brasil”. Pero la presidenta no se ha pronunciado por ninguna “libertad de voto” en lo que se refiere al tratamiento del aborto legal. Por lo tanto, el eje central de la nota -que plantea que bajo la batuta de CFK se revertiría la orientación contraria al aborto legal en América Latina- se desvanece rápidamente.
El llamado progresismo de América Latina le ha propinado un golpe terrible a la lucha por el aborto legal -algo que reconoce la nota de marras. En 2006, Daniel Ortega, antes de llegar a la presidencia de Nicaragua, alineó a sus parlamentarios del Frente Sandinista para derogar la ley que despenalizaba los casos de aborto terapéutico, admitidos por casi toda la legislación de la región. En el año 2008, el presidente de Uruguay del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, vetó una ley que legalizaba el aborto en las primeras doce semanas de gestación. Más tarde, Dilma Roussef en Brasil cerró filas con el clero en plena campaña electoral hacia la presidencia.
La línea de Cristina en la materia fue consecuentemente clerical. En 2009, mandó a Randazzo a juramentar frente a la diputada evangelista Cynthia Hotton, por entonces del PRO, que nunca se aprobaría el aborto legal en Argentina. Antes había cambiado a un ministro de Salud polémico para la iglesia, como Ginés González García, por otros profundamente clericales como Ocaña (la autora de la frase “la cuestión del aborto es un problema de política criminal, no del ministerio de salud”) y luego Manzur, el ex ministro de salud de Tucumán, quien cuenta en su haber el negarse a informar los datos referidos a las internaciones por abortos mal practicados en su provincia.
FPV y “progresistas”: campaña clerical
Sin ir tan lejos, los spots presidenciales de esta campaña tienen una nada asombrosa similitud con la propaganda de la iglesia: “La Fuerza de la Vida” con una mega foto en la que CFK sostiene un niño en brazos. La presidenta ha profundizado en sus discursos el tono religioso, por lo que la iglesia le ha reconocido los gestos bajando el tono confrontativo y auspiciando un mejoramiento de las relaciones -como lo hizo Bergoglio semanas atrás. Sus alianzas provinciales fueron anudadas con los gobernadores que dieron status oficial a la educación religiosa en la escuela pública y que designan todos los días funcionarios clericales a la cabeza de los hospitales, quienes bloquean los abortos no punibles.
El autodenominado “progresismo del 2000” es una fuerza adaptada a lo peor del capital, que dejó en el camino aun sus destellos de antiimperialismo y de anticlericalismo. Ya hace muchos años atrás, en 1994, la centroizquierda (de la mano de los Pino Solanas) dejó pasar en la reforma constitucional una defensa de la vida desde la concepción -lucha en la que hoy se encuentra empeñada la derecha clerical colombiana. El candidato Binner, del frente progresista, ha sido lo suficientemente claro en rechazar el aborto legal. Uno de sus diputados, Cortina, afirmó recientemente que, si se votara la despenalización, Binner haría “como Tabaré” -o sea, vetarla.
El significado de la “libertad de voto”
La famosa “libertad de voto” resulta un recurso político que poco tiene que ver con algo parecido a la libertad y mucho con esconder los lazos que los partidos patronales tienen con las iglesias evangelista y católica, especialmente en épocas electorales. La “libertad” es agitada en época electoral sólo para dejar conformes a los dos bandos. Lo único que puede impulsar la sanción del aborto legal es un vigoroso movimiento de mujeres pugnando por él junto a los sindicatos recuperados y las federaciones estudiantiles. Dentro de la Campaña por el aborto legal operan corrientes como la maoísta o el kirchnerismo, que por sus lazos con la Iglesia católica no tienen reales intenciones de llevar esta lucha a la victoria.
La Argentina hoy está más cerca de Daniel Ortega que del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hagamos lo nuestro para torcer ese rumbo. El 23, llevemos al Congreso diputados de izquierda que defiendan sin extorsiones ese derecho. Y el primero de noviembre, ante el tratamiento que se le daría en la Comisión de Legislación Penal, todos al Congreso para reclamarlo desde las calles.
El llamado progresismo de América Latina le ha propinado un golpe terrible a la lucha por el aborto legal -algo que reconoce la nota de marras. En 2006, Daniel Ortega, antes de llegar a la presidencia de Nicaragua, alineó a sus parlamentarios del Frente Sandinista para derogar la ley que despenalizaba los casos de aborto terapéutico, admitidos por casi toda la legislación de la región. En el año 2008, el presidente de Uruguay del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, vetó una ley que legalizaba el aborto en las primeras doce semanas de gestación. Más tarde, Dilma Roussef en Brasil cerró filas con el clero en plena campaña electoral hacia la presidencia.
La línea de Cristina en la materia fue consecuentemente clerical. En 2009, mandó a Randazzo a juramentar frente a la diputada evangelista Cynthia Hotton, por entonces del PRO, que nunca se aprobaría el aborto legal en Argentina. Antes había cambiado a un ministro de Salud polémico para la iglesia, como Ginés González García, por otros profundamente clericales como Ocaña (la autora de la frase “la cuestión del aborto es un problema de política criminal, no del ministerio de salud”) y luego Manzur, el ex ministro de salud de Tucumán, quien cuenta en su haber el negarse a informar los datos referidos a las internaciones por abortos mal practicados en su provincia.
FPV y “progresistas”: campaña clerical
Sin ir tan lejos, los spots presidenciales de esta campaña tienen una nada asombrosa similitud con la propaganda de la iglesia: “La Fuerza de la Vida” con una mega foto en la que CFK sostiene un niño en brazos. La presidenta ha profundizado en sus discursos el tono religioso, por lo que la iglesia le ha reconocido los gestos bajando el tono confrontativo y auspiciando un mejoramiento de las relaciones -como lo hizo Bergoglio semanas atrás. Sus alianzas provinciales fueron anudadas con los gobernadores que dieron status oficial a la educación religiosa en la escuela pública y que designan todos los días funcionarios clericales a la cabeza de los hospitales, quienes bloquean los abortos no punibles.
El autodenominado “progresismo del 2000” es una fuerza adaptada a lo peor del capital, que dejó en el camino aun sus destellos de antiimperialismo y de anticlericalismo. Ya hace muchos años atrás, en 1994, la centroizquierda (de la mano de los Pino Solanas) dejó pasar en la reforma constitucional una defensa de la vida desde la concepción -lucha en la que hoy se encuentra empeñada la derecha clerical colombiana. El candidato Binner, del frente progresista, ha sido lo suficientemente claro en rechazar el aborto legal. Uno de sus diputados, Cortina, afirmó recientemente que, si se votara la despenalización, Binner haría “como Tabaré” -o sea, vetarla.
El significado de la “libertad de voto”
La famosa “libertad de voto” resulta un recurso político que poco tiene que ver con algo parecido a la libertad y mucho con esconder los lazos que los partidos patronales tienen con las iglesias evangelista y católica, especialmente en épocas electorales. La “libertad” es agitada en época electoral sólo para dejar conformes a los dos bandos. Lo único que puede impulsar la sanción del aborto legal es un vigoroso movimiento de mujeres pugnando por él junto a los sindicatos recuperados y las federaciones estudiantiles. Dentro de la Campaña por el aborto legal operan corrientes como la maoísta o el kirchnerismo, que por sus lazos con la Iglesia católica no tienen reales intenciones de llevar esta lucha a la victoria.
La Argentina hoy está más cerca de Daniel Ortega que del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hagamos lo nuestro para torcer ese rumbo. El 23, llevemos al Congreso diputados de izquierda que defiendan sin extorsiones ese derecho. Y el primero de noviembre, ante el tratamiento que se le daría en la Comisión de Legislación Penal, todos al Congreso para reclamarlo desde las calles.
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