MARIANO FERREYRA: UN CRIMEN POLITICO Y SU TRAMA
Martes 9/11 17 hs. Movilización de Callao y Corrientes a Plaza de Mayo
La causa de Mariano Ferreyra destila, por todos los poros, la trama de un crimen político. En ella asoma la acción coordinada de la burocracia sindical, sus sicarios, los concesionarios ferroviarios y fuerzas de represión, todos ellos con un vértice común en el aparato del Estado.
Ha trascendido, por caso, la tramitación del ingreso de Cristian Favale,
principal sospechoso del asesinato de Mariano, al concesionario Ugofe, por pedido expreso de la Unión Ferroviaria. O sea que las empresas y la burocracia sindical coordinan el empleo de patoteros o sicarios en el ferrocarril, como contraprestación de sus apretadas contra los trabajadores. El ingreso de estos elementos sirve para provocar un clima de terror en los talleres ferroviarios, contra aquellos trabajadores que resulten “señalados” por la burocracia sindical. Se ha revelado, también, que las principales tercerizadas del ferrocarril Roca pertenecen al grupo Roggio, a su vez, socio de la Ugofe. O sea que Roggio se subcontrata a sí misma, en las barbas de la secretaría de Transporte; el objetivo es desviar a sus arcas los subsidios millonarios que recibe esa contratista de su propiedad. Los trabajadores de “sus” tercerizadas a un régimen laboral indigno.
La causa no ha avanzado en las responsabilidades de la policía bonaerense y federal; en el caso de la federal, por haber “liberado la zona” en vísperas del ataque criminal. La federal se ha defendido con el increíble argumento de que no actuó para “no reprimir la protesta social”, dándole carácter de ‘protesta social’ a la emboscada criminal de un grupo de sicarios. La policía repite un tesis oficial, que se ha convertido en una tercerización de la represión por parte de patotas. La misma “zona liberada” rigió, en el pasado, para el Hospital Francés, el Casino, el subte, los docentes de Neuquen o Santa Cruz, o el Indec.
La causa, en definitiva, cruza por todas sus aristas al Estado. Nos referimos a una burocracia entrelazada con el gobierno y el empresariado, que contrata a “barrabravas” que, a su vez, prestan servicios regulares al poder político; a la trama empresarial entre esa burocracia y los concesionarios ferroviarios para montar un régimen de explotación laboral y violencia en los ramales, financiado y amparado por el Estado y sus subsidios; nos referimos al amparo brindado por el aparato policial, a su vez dependiente de los ministerios de seguridad nacionales y provinciales, al accionar de esa red criminal.
A la luz de estas evidencias abrumadoras, el silencio oficial se está transformado en complicidad. El gobierno privilegia sus pactos políticos –y “sociales”- con la burocracia sindical y los grupos capitalistas (entre ellos, los concesionarios de ese ferrocarril) por encima del asesinato político de Mariano. ¿Son esos pilares políticos la condición para preparar una eventual reelección? La impunidad para con este crimen sería una venia para la patota sindical, las “zonas liberadas” y el trabajo en negro, tres hipotecas demasiado pesadas para el pueblo argentino. En oposición a ello nos volveremos a movilizar el próximo martes 9, a partir de las 17 horas.
Juicio y castigo a TODOS los culpables del crimen político cometido contra la clase obrera.
Para comunicarse:
Jorge Altamira: 14 44 23 78 73
Néstor Pitrola: 15 53 24 23 56
Marcelo Ramal: 15 56 90 19 43
Ha trascendido, por caso, la tramitación del ingreso de Cristian Favale,
principal sospechoso del asesinato de Mariano, al concesionario Ugofe, por pedido expreso de la Unión Ferroviaria. O sea que las empresas y la burocracia sindical coordinan el empleo de patoteros o sicarios en el ferrocarril, como contraprestación de sus apretadas contra los trabajadores. El ingreso de estos elementos sirve para provocar un clima de terror en los talleres ferroviarios, contra aquellos trabajadores que resulten “señalados” por la burocracia sindical. Se ha revelado, también, que las principales tercerizadas del ferrocarril Roca pertenecen al grupo Roggio, a su vez, socio de la Ugofe. O sea que Roggio se subcontrata a sí misma, en las barbas de la secretaría de Transporte; el objetivo es desviar a sus arcas los subsidios millonarios que recibe esa contratista de su propiedad. Los trabajadores de “sus” tercerizadas a un régimen laboral indigno.
La causa no ha avanzado en las responsabilidades de la policía bonaerense y federal; en el caso de la federal, por haber “liberado la zona” en vísperas del ataque criminal. La federal se ha defendido con el increíble argumento de que no actuó para “no reprimir la protesta social”, dándole carácter de ‘protesta social’ a la emboscada criminal de un grupo de sicarios. La policía repite un tesis oficial, que se ha convertido en una tercerización de la represión por parte de patotas. La misma “zona liberada” rigió, en el pasado, para el Hospital Francés, el Casino, el subte, los docentes de Neuquen o Santa Cruz, o el Indec.
La causa, en definitiva, cruza por todas sus aristas al Estado. Nos referimos a una burocracia entrelazada con el gobierno y el empresariado, que contrata a “barrabravas” que, a su vez, prestan servicios regulares al poder político; a la trama empresarial entre esa burocracia y los concesionarios ferroviarios para montar un régimen de explotación laboral y violencia en los ramales, financiado y amparado por el Estado y sus subsidios; nos referimos al amparo brindado por el aparato policial, a su vez dependiente de los ministerios de seguridad nacionales y provinciales, al accionar de esa red criminal.
A la luz de estas evidencias abrumadoras, el silencio oficial se está transformado en complicidad. El gobierno privilegia sus pactos políticos –y “sociales”- con la burocracia sindical y los grupos capitalistas (entre ellos, los concesionarios de ese ferrocarril) por encima del asesinato político de Mariano. ¿Son esos pilares políticos la condición para preparar una eventual reelección? La impunidad para con este crimen sería una venia para la patota sindical, las “zonas liberadas” y el trabajo en negro, tres hipotecas demasiado pesadas para el pueblo argentino. En oposición a ello nos volveremos a movilizar el próximo martes 9, a partir de las 17 horas.
Juicio y castigo a TODOS los culpables del crimen político cometido contra la clase obrera.
Para comunicarse:
Jorge Altamira: 14 44 23 78 73
Néstor Pitrola: 15 53 24 23 56
Marcelo Ramal: 15 56 90 19 43
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