Encuentro Tucumán-Córdoba contra la trata-"Felices" los niños-30 años de abusos sexuales de la Iglesia-Víctimas del Paco - Mortalidad Infantil

Defendamos el Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán
El Encuentro Nacional de Mujeres de Tucumán, cuya realización está prevista este año en Tucumán para el mes de octubre, ya ha dado lugar para que sectores derechistas y clericales comenzaran a atacar a las organizaciones y mujeres que promovemos y organizamos los ENM.
El dirigente de la agrupación fascista "La Barbarie", Ernesto Damián Sánchez Anche, anunció en un reportaje su intención de perturbar el desarrollo del próximo ENM(http://www.tsunamipolitico.com/reportaje901.htm).
La misma organización fue la encargada de afichar, hace unos meses atrás, la ciudad de Tucumán contra el derecho al aborto.
En ese marco, también debe mencionarse la marcha promovida por un sector de la Iglesia, que se realizó en diciembre del año pasado "en defensa de la vida y en contra del aborto". Desde la cual se llamó a "organizarse contra las proabortistas que vendrán al Encuentro Nacional de Mujeres".
Está planteada una gran campaña de clarificación, organización y movilización en todo el país para enfrentar la campaña derechista, que es funcional a los intereses del gobierno, en la medida que ponen una piedra en el intento de que se realice una masiva asamblea nacional de mujeres y distraen la atención en un momento que la crisis general se va poniendo al rojo vivo, y donde el debate inevitable debería girar sobre quién debe pagar la crisis y que en relación con ellos nos preparemos para votar un plan de lucha, para que la crisis la paguen los capitalistas y sus políticos.
Alejandra

Córdoba: Que renuncie Alejo Paredes
No queremos más trata
Desde el Plenario de Trabajadoras hemos exigido la renuncia del jefe de policía de la provincia de Córdoba, Alejo Paredes, en repudio a las declaraciones que se empecina en hacer. En el programa televisivo de la ciudad más visto, El Show de la Mañana, Paredes volvió a decir que no cree que "cinco tipos secuestren a una piba y luego la liberen" (falseando testimonios). Paredes sostiene que, como el tema está de moda, las chicas lo utilizan para figurar o para engañar.
La Organización Internacional de Migraciones ha sostenido que es enorme el nivel de violencia y complicidad policial en Córdoba en cuanto a la trata. Sabemos que desaparecen 600 mujeres al año; que se genera un negocio millonario a nivel mundial con la trata de personas; que una madre como Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, teniendo que huir incluso de la propia policía, liberó a más de cien pibas secuestradas, cosa que no hace la fuerza a cargo de Paredes. Sabemos que existen constantes remociones en la fuerza en medio de investigaciones. Sabemos que convencen a las familias de que sus hijas se "fugaron" y no realizan investigación alguna.
Al igual que el ministro Aníbal Fernández, salen más rápido a desmentir que a investigar y a garantizar el desmantelamiento de las redes que saben perfectamente que existen, pero las suculentas sumas que se mueven hace que se refuerce el encubrimiento que venimos denunciando hace ya varios años.
Lo hemos desafiado a Paredes a que se siente a debatir frente a frente con nosotras.
Porque el delito organizado se aloja en las estructuras del Estado. Este sistema se ha transformado en un verdadero negocio ilegal por la simple razón de que los negocios ilegales aseguran una mayor tasa de ganancia, mientras en medio de la crisis se derrumban el resto de las actividades. Y por eso garantizan el funcionamiento bajo la impunidad y la destrucción de nuestras vidas.
Además de repudiar las declaraciones de Paredes, exigimos su renuncia, ya que hace cada vez más evidente su intención de minimizar para ocultar y de poner a las víctimas en el banquillo de los acusados, en su política de encubrimiento. Paredes se convierte desenmascaradamente en un enemigo público. Responsabilizamos al gobierno provincial de las consecuencias que el accionar de Paredes nos depare a las mujeres, niñas y niños de la provincia.
La enorme movilización del 6 de mayo contra la trata en la ciudad ha hecho temblar a un aparato descompuesto. Por eso ladra.
Para terminar con la trata hay que terminar con el encubrimiento y el amparo de las instituciones del Estado. Y de esa manera venimos luchando.
D.B. (Plenario de Trabajadoras Córdoba)


"Felices" los niños
Durante casi 24 horas, una fuerza de choque del cura Julio Grassi, ante la pasividad de la Policía Federal y las autoridades del Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente (CNNyA) de la capital, impidieron que fueran trasladados los menores del Hogar San José Obrero y sitiaron y destruyeron las camionetas donde estaban chicos que habían salido antes. La orden de evacuar "el hogar del horror" (sic, La Nación, 24/5) llegó después de nueve meses de un proceso escandaloso en el que la Fundación Felices los Niños y el macrismo -a través de la presidencia del CNNyA- burlaron las decisiones de la jueza Myriam Rustán de Estrada y del defensor de menores Marcelo Jalil (ellos y sus hijos repetidamente amenazados de muerte).
En sePtiembre de 2008, el obispo auxiliar porteño y director de la escuela Santa Teresa, Horacio Benites Astoul, "comunicó" a la Justicia que un alumno de 8 años, interno del hogar, había intentado ahorcarse. Probablemente, la Curia ya estimaba que no había dios que salvara a Grassi y que "sacarlo" al Vaticano -como hicieron con el obispo paidófilo Edgardo Storni- era de un costo político excesivo. Así que Benites "comunicó" y la jueza ordenó al Consejo que viera al chico. Pero las monjas a cargo del hogar -que ya habían negado el ingreso a trabajadores del Consejo sin que éste lo denunciara- lo habían llevado a la sede de Felices los Niños, en Hurlingham. La jueza entonces ordenó al Consejo que interviniera el hogar y evaluara a todos los internos. Las conclusiones fueron "espeluznantes": los internos mayores violaban colectivamente a los más chicos y las monjas lo registraban con lujo de detalle en los legajos; muchas noches los dejaban solos, pasaban hambre, no había agua caliente pero sí ratas, cables pelados y pisos inundados; se había dejado sin atención médica ni remedios a niños discapacitados y con enfermedades crónicas, nenes de seis años eran encerrados en galpones bajo llave, a oscuras y desnudos cuando se hacían pis. Mientras, algunos "mayores privilegiados" tenían buena ropa y celulares. Las monjas sabotearon activamente la investigación.
Las conclusiones no impidieron que en febrero el macrismo levantara la intervención y devolviera el hogar a la Fundación. La jueza ordenó entonces el traslado de los chicos; el Consejo pidió tiempo. Vencido el plazo, la jueza ordenó el desalojo pero una patota rodeó el hogar mientras las monjas encerraban a los más chicos y los mayores se amotinaban en la terraza. La patota golpeó al fiscal y a trabajadores del CNNyA, y sitió y desguazó durante horas las camionetas con los chicos adentro, ante la televisión y a cara descubierta, con el aval de la policía "que me desobedeció deliberadamente", dijo la jueza.
Mientras, un directivo de Felices los Niños ofreció a la Justicia "sacar a las personas que obstaculizan el desalojo a cambio de la entrega de la llave del predio". Así se supo que el enorme terreno es propiedad del Estado nacional y "está a préstamo con la condición de que sea utilizado para alojar a los menores" (La Nación, 21/5).
Al día siguiente, Rustán de Estrada informó que "hasta que se complete el traslado": el hogar y los chicos que quedan están bajo control del Arzobispado. O sea ¡de los jefes de Grassi! Inadmisible: lo que correspondía es que el Estado recuperara el predio y designara un equipo que cuidara a los chicos hasta que fueran reintegrados a sus familias -con el apoyo necesario- o se les encontrara una familia sustituta.
Acá sobran responsables: los jueces que les quitan los chicos a sus familias y los tiran en los hogares de los Grassi; Scioli -son de la provincia- que le paga a Grassi 3.000 pesos por chico en vez de subsidiar a la familia. Los gobiernos que le cedieron enormes predios, y el kirchnerismo que no se los quitó. El ministro Aníbal Fernández, jefe de la Federal. Macri y Michetti, responsables de que en la ciudad haya cárceles infantiles clericales con estatuto de zona liberada. Y, por supuesto, la Iglesia, responsable por Grassi, las monjas y las patotas. El abanico de verdugos que quiere bajar la ley de imputabilidad. Nadie sabe cuántos chicos hay en estas instituciones tenebrosas: Néstor Kirchner vetó el artículo de la Ley de adopción que obligaba a censarlos. Los usan para financiar a la Iglesia. Hay que prohibir todo subsidio al clero e impedirle el contacto con la infancia. El dinero que se deriva a la Curia debe ser empleado para garantizarles a los chicos y su familia vivienda, salud y educación.
Olga Cristóbal

Tarde piaste

A 15 días de que la Justicia dicte el veredicto contra Grassi por 17 casos de abuso sexual agravado, Bergoglio le soltó la mano. Este fin de semana, en todas las misas de la capital, se leyó un documento del Consejo Episcopal que respalda "la comunicación" ("y no denuncia", aclaran) del obispo auxiliar de Buenos Aires, Horacio Benites Astoul, contra el Hogar San José Obrero, uno de los tantos de la Fundación Felices los Niños. El documento critica sin nombrarlos a quienes obstruyeron el desalojo del Hogar, ordenado por la Justicia. Los argumentos muestran de cuerpo entero la catadura moral de los prelados: "La exposición de los hechos a través de los medios de comunicación llevaron el caso a un marco de gran confusión y manipulación, implicando a personas e instituciones que en su momento actuaron buscando el bien de los menores: monseñor Benites Astoul, autoridades de la escuela, el párroco de la zona y otros". Como se ve, al Episcopado lo preocupa "la exposición de los hechos", no que los chicos fueran violados, golpeados y pasaran hambre. En la misma línea, el Episcopado finge demencia y no dice palabra sobre las violaciones de Grassi contra sus pupilos. Más allá del lenguaje sibilino de la Curia, el documento parece indicar que, por lo menos ante la opinión pública, Jorge Bergoglio decidió administrarle la extremaunción a su otrora cura favorito. No le va a ser tan fácil borrar sus huellas: durante los nueve años que mediaron entre la acusación y el juicio, Bergoglio, que fue y es el confesor del cura, jamás negó que es "una de las personas a las que Grassi consulta y pide consejos" (Veintitrés, 12/8/06). Tampoco lo desmintió el año pasado cuando, ya comenzado el juicio, Grassi se jactó enfáticamente: "Tengo el apoyo de Bergoglio" (28/8/08).Grassi repite que "la Iglesia institucional lo apoya" y ofrece como prueba que nunca le retiraron la función sacerdotal; el obispo de Morón, Jorge Eichhron, lo autorizó a dar misa en el barrio donde viven sus víctimas (Crítica, 4/7/08). Numerosos obispos han defendido a Grassi, por ejemplo el de Gualeguaychú, Jorge Lozano (AICA, 31/10/02) y el de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín (Perfil, 2/9/07). No se trata de pedir peras al olmo. La Iglesia practica la violencia sexual con la misma frecuencia con la que imparte misa. Se trata de denunciar al gobierno kirchnerista que la financia con los dineros públicos y le sirve los niños en bandeja, con la complacencia de todo el arco político-sindical, desde Duhalde hasta Carrió y Moyano, desde Michetti hasta la CTA.
Olga Cristóbal

Treinta años de abusos sexuales de la Iglesia

En tres décadas, la Iglesia católica irlandesa abusó de 30.000 chicos. Es el 1% de la población (Irlanda tiene 3,5 millones de habitantes). Los abusos, violaciones y golpizas se desarrollaron en colegios, hogares, reformatorios y hospitales que pertenecían al Estado irlandés pero eran manejados por órdenes religiosas, como las Hermanas de la Misericordia – a cargo de la mayoría – , los Hermanos Cristianos – principal gestor de hogares para chicos de entre 10 y 16 años – y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio” (EFE, 20/5). A los abusos sexuales y palizas se añadían pobreza y abandono: “Los niños tenían hambre a menudo y la comida que recibían era inadecuada, incomible y mal preparada” (www.elperiodico.com).
El informe de una comisión designada por el Estado, de 2600 páginas, relata las atrocidades vividas por irlandeses que hoy tienen entre 30 y 80 años. Las 2.000 entrevistas permitirían identificar a casi un millar de responsables, si el gobierno y la Justicia irlandesas no le hubieran garantizado a la Iglesia que se reservaría la identidad de los abusadores y que no serían juzgados. La “principal preocupación” de la Curia era “la mala publicidad y los potenciales escándalos que se generarían si se llegaba a conocer el verdadero alcance de los abusos” (EFE, Dublín, 20/5). “El informe no nombra a los acusados, cuyo número supera los 800, debido a la causa presentada por los Hermanos Cristianos, la orden religiosa que dirigió muchos de los reformatorios. Como resultado, ninguno de los hallazgos puede usarse para abrir un proceso criminal. La Comisión también se vio obstaculizada por la postura del Departamento de Educación, que soslayó la responsabilidad de las instituciones” (New York Times, El Universal, 21/5). La connivencia del Estado abarca al Departamento de Educación, “que no intervino durante décadas a sabiendas de lo que sucedía en las instituciones y cuyos integrantes no se entrevistaron nunca con los niños”. A las víctimas no se les permitió ingresar en la sala donde se presentó el informe.
El cardenal Sean Brady, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, dijo que el informe “documenta un vergonzoso catálogo de crueldad; el abandono, el abuso físico, sexual y emocional perpetrado contra niños”. Sin embargo, los abusos se realizaron con el conocimiento de la cúpula eclesiástica y “eran de carácter endémico”. Cuando un caso de pedofilia era muy evidente, simplemente se trasladaba al abusador a otra institución. “Nada se hacía para tratar el daño infligido sobre el menor. En el peor de los casos, se culpaba al niño y se consideraba que estaba corrompido por la actividad sexual y era castigado con severidad” (EFE, 20/5).
La Iglesia lucraba explotando el trabajo de los internos, como las lavanderas de la orden de Las Magdalenas, donde eran forzosamente esclavizadas jóvenes madres solteras, mujeres prostituidas o consideradas de moral dudosa. Muchas veces, los embarazos eran producto de violaciones dentro de las instituciones eclesiásticas. El informe detalla que: “Las niñas padecían menos abusos sexuales, pero sí golpes y humillaciones con el objeto de hacerlas sentir despreciables. En algunas escuelas se aplicaban rutinariamente golpizas rituales... Se golpeaba a las niñas en todas partes del cuerpo con artefactos diseñados para provocar el máximo dolor” (NYT, El Universal, 21/5).
El Estado irlandés dejó durante un siglo en manos de la Iglesia católica el cuidado de los niños pobres y pagó por eso generosos subsidios. En el año 2000, una serie de denuncias de las víctimas y la presentación de la película “Las Hermanas de las Magdalenas”, que relata la vida de las jóvenes en ese infierno, lo obligó a abrir una comisión que nació con las manos atadas: no acusa, no juzga ni detiene a los responsables. Por lo tanto, Iglesia y Estado siguen siendo co-responsables y cómplices.

Clementina Robles


Pedofilia clerical, sí; derecho al aborto, no
El Vaticano opinó sobre las atrocidades cometidas por su sucursal en Irlanda por boca del actual prefecto vaticano y ex obispo de Toledo, Antonio Cañizares: “No es comparable lo que haya podido pasar en unos cuantos colegios con los millones de vidas destruidas por el aborto” (El Periódico de Aragón, 28/5). E insistió: “No es comparable lo que pueda haber ocurrido en Irlanda con lo que está ocurriendo con el aborto. Más de 40 millones de seres humanos destruidos legalmente, cuando la legislación tendría que apoyar el derecho y la justicia” (20minutos.es, 28/5). Es de público conocimiento que el Vaticano se encarga de “guardar” a los curas pedófilos y de pagar sus abogados durante los procesos -si es que no logran esconderlos antes tras los muros de su Estado.
El ex primado de España “había sido despedido con honores en enero pasado por Rodríguez Zapatero” (La Nación, 29/5). Su respaldo al Estado y a la Iglesia irlandesa se produce en medio de la reforma de ley de aborto en España, que ampliaría a 14 semanas el plazo para abortar y reconocería ese derecho a las menores de 16 años sin que medie autorización de los padres. El gobierno español sintió la estocada y calificó de “irresponsables” los dichos del cura y le aclaró que “ambas cosas son francamente distintas” (ídem). Pero no dijo ni una palabra de suspender el financiamiento de una institución de abuso a menores y ataque permanente a las mujeres.
Clementina Robles


VICTIMAS DEL PACO
Financian la campaña electoral con la vida de nuestros hijos
A raíz del cierre de uno de los centros terapéuticos donde estaban alojados 50 chicos, y viendo que esto se iría expandiendo hacia otros centros, como en el que están internados muchos de nuestros hijos, el viernes 8 de mayo los padres de los chicos internados en centros terapéuticos de rehabilitación, nos reunimos con el director, quien nos había informado que, debido a la falta de pago, tanto de las obras sociales como de minoridad, estos lugares se veían en la situación de recortar presupuesto, y que ya se estaban adeudando sueldos de los terapeutas. Obviamente, ya se había notificado a los juzgados correspondientes.
Nos sorprendió que ese mismo día viniera el ministro de Salud a reunirse con los directivos, del centro terapéutico. Al señor ministro le preocupaba que los padres hiciéramos pública la situación que están pasando estos lugares. El ministro se comprometió a pagar la deuda la semana siguiente, correspondiente a enero y febrero y, sin fecha, depositarían marzo y abril, con un aumento del 40 por ciento.
El viernes 22 de mayo nos reunimos todos los padres con los directivos, y gente de Sedronar Nos encontramos con que el compromiso no se cumplió en su totalidad, ya que sólo se depositó parte de enero.
Ante esta situación, los padres hicimos una asamblea, que resolvió que no vamos a permitir que nuestros hijos sean trasladados y depositados en neurosiquiátricos, donde sólo los mantienen dopados y no dan ninguna solución a la enfermedad. Todos estuvimos de acuerdo con que este gobierno quiere mantener a nuestros hijos en la calle, donde muchos de ellos robaban para la policía, y donde la droga los convertiría en zombis. Ese es el futuro que este gobierno nos ofrece para los que logren sobrevivir, si el paco no los mata antes.
En esta asamblea se resolvió hacer un acto en las puertas del Congreso, el 19 de junio a las 11 de la mañana, convocando a todos los medios de comunicación y a todos aquellos que quieran sumarse a nuestra lucha. Nuestra consigna es: Por el derecho a la salud de nuestros hijos.
Miriam González (contacto: 15-5467-2871

La mortalidad infantil en Soldati casi triplica la de Belgrano

El Gobierno de la Ciudad acaba de publicar estadísticas sobre mortalidad infantil. Es notable que mientras el macrismo celebra una leve -levísima- baja de 7,9 a 7,3 cada mil nacidos vivos, un informe del Ministerio de Salud de la Nación le adjudica a la Capital, en el mismo período, un aumento del 8,3 al 8,4 (Página/12, 11/4). Como denuncian los trabajadores de la salud, todos han montado su propio Indec sanitario para esconder los efectos dramáticos del desmantelamiento hospitalario y del deterioro de las condiciones de vida de las masas. Pero lo que revelan los índices, aunque los manipulen, es que la mortalidad materna e infantil por causas evitables aumenta desde 2000 en la Argentina, revirtiendo la tendencia a la baja.
Los indicadores son tan alarmantes que el gobierno nacional acaba de dibujar un nuevo plan -y van...- para "facilitar el acceso de la mujer embarazada al sistema de salud, mejorar la calidad de los servicios de alta complejidad y prevenir embarazos no deseados" (Infobae, 1/6). Ginés González García tuvo el propio, del mismo modo que cada uno de sus predecesores, mientras los recortes del presupuesto de salud, el desmantelamiento hospitalario y la desnutrición se traducían en muertes evitables.
Macri y Ocaña tampoco pueden esconder que los bebés nacidos en Soldati, Lugano o el Riachuelo tienen casi el triple de posibilidades de morir antes del año de vida que los nacidos en Colegiales, Belgrano o Núñez. Entre 2006 y 2008, en Soldati, Lugano y el Riachuelo la mortalidad infantil pasó de 10 cada mil (2006), a 10,7 (2007) y a 11,9 (2008). Creció el 11,9% en tres años. En Belgrano, Colegiales, Núñez, en cambio, descendió de 7,1 (2006) a 4,6 (2007) y a 4,3 (2008).
En las barriadas de la zona sur no sólo se mueren cada vez más bebés antes del año sino que se agudiza geométricamente la brecha con los barrios ricos de la zona Norte[1]. La brecha, que era de 2,9 en 2006 pasó a ser de 7,6 en 2008. Los indicadores de la zona Norte (4,34 cada mil) superan los de Dinamarca, el país con mayor índice de desarrollo humano (IDH) del planeta, mientras que los de la zona Sur apenas mejoran los de La Matanza (13,3) o Santiago del Estero.
El informe del gobierno de Macri reconoce que la principal causa de mortalidad infantil durante 2008 fueron los nacimientos prematuros y el bajo peso al nacer, dos cuestiones "que pueden atacarse con prevención y diagnóstico o tratamiento oportuno en el embarazo" (Clarín, 26/5). La mortalidad infantil, dice el mismo informe, es "uno de los indicadores más sensibles de las condiciones de salud de la población" y refleja tanto "la distribución y disponibilidad de los servicios de saneamiento, salud y educación de la población". Otros factores son "la situación habitacional, el ambiente sanitario, la nutrición de la madre y el niño, los programas de inmunización y control de las enfermedades". ¡A confesión de partes relevo de pruebas!
Los vecinos de Lugano llevan años reclamando que construyan un hospital en la zona. Enfrente de la Villa 20 está el cementerio de autos de la Policía Federal, que ya ha generado que "a un tercio de los chicos de la villa se les haya detectado plomo en sangre debido a los residuos tóxicos de las baterías y los combustibles, que drenan sobre el terreno contaminando el suelo y las napas de agua". ¿Quién podría extrañarse de las estadísticas?
En síntesis: para disminuir la mortalidad infantil y la muerte materna tendría que haber turnos y profesionales suficientes en los hospitales; centros de salud accesibles que impidan que las embarazadas lleguen al parto con solo uno -o ningún- control previo y que garanticen el seguimiento médico del recién nacido. Pero no sólo eso: el Estado también debería garantizar alimentación adecuada, barriadas sin focos infecciosos, con cloacas y agua potable, y una vivienda digna.
Nada de eso están en los planes del kirchnerismo ni de la oposición, que descargan sobre los trabajadores despidos, suspensiones, desalojos y tarifazos, y tiene en carpeta una megadevaluación para después de las elecciones. Por lo tanto, el incremento de la mortalidad infantil y materna en los sectores populares debe considerarse una política de Estado.
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[1] http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/397_mortalidad_infantil_19902008.pdf

Olga Cristóbal