Ley contra la violencia de género: nada que festejar

Ley contra la violencia de género: Nada que festejar
La ley kirchnerista contra la violencia de género, votada desde Silvia Ausberger (PS) hasta la evangélica Cinthia Hotton (macrista), pretende "prevenir, sancionar y erradicar" la violencia contra las mujeres. Pero no nombra a las secuestradas por las redes de trata ni a las presas. Habla de violencia "física, psicológica, sexual, simbólica, económica y patrimonial" y dice que se ejecuta en el ámbito "doméstico, laboral, institucional, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática". Olvidaron la violencia religiosa.Para "prevenir y erradicar", la ley "pide" campañas educativas a la Secretaría de Medios. A Educación, cambios en los textos y en los planes de estudio. Incluir "la perspectiva de género en la formación de las FFAA y de seguridad". Protocolos de atención, a Salud (¡como el de aborto, que Ocaña cajoneó!). Y a Desarrollo Social - qué perlita- convenios con bancos "para facilitar líneas crediticias" a las víctimas. El Estado no pondrá un peso. La mayoría de las víctimas, de los sectores populares, no reúne los requisitos para un crédito. Las otras, ¿los obtendrán en medio de esta crisis galopante?La ley enumera una lista de derechos y les añade "de género". Muchos ya existen, aunque dispersos. Son del tipo "acceso a patrocinio jurídico gratuito, a asistencia integral, a solicitar subsidios". Para eso no hubo presupuesto ni cuando los K se jactaban del superávit fiscal. Tampoco establece sanciones para la violencia estatal o laboral. Por ejemplo: "Condena a quienes obstaculicen el acceso al empleo, al exigir ‘estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo'". ¡Pero los condena... a nada! Toda trabajadora conoce esos filtros, acentuados por la crisis. Una de las chicas muertas en Rosario abortó "porque la aterrorizaba perder el trabajo". La violencia obstétrica es descripta, entre otras, como "la vulneración del derecho a decidir el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos". Como la ley alcanza a actos "perpetrados desde el Estado", se podría suponer que fija penas a quienes suspendan el suministro de anticonceptivos. Ninguna. No está prevista ni una triste multa para los patrones que no pagan igual salario por igual tarea. Ni a los medios que "promuevan la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille", etcétera.El saludo a la bandera se confirma porque el ejecutor será el Consejo Nacional de la Mujer. Tiene un presupuesto mísero y lo preside Lidia "Cáritas" Mondelo, autora de un proyecto de ley que pagaba por delatar trabajadores extranjeros ilegales. El Consejo deberá "articular" con el clero y el empresariado, expertos en opresión femenina.La ley suma a no convivientes y novios como ejecutores de violencia familiar (la ley de 1995, vigente, sólo sabía de maridos). El juez "podrá" ordenar el alejamiento del agresor, "que cese en los actos de perturbación" y "podrá" prohibirle que ande armado. Las mujeres y sus hijos "podrán" recibir atención médico-psicológica, apoyo económico y jurídico, alojamiento e inserción laboral. El Estado no se obliga a nada.La gravedad de la violencia de género en el país ya es tema de la prensa extranjera. Amnistía Internacional reclamó en 2008 que el gobierno declarara la "emergencia", después de varios asesinatos de mujeres que habían acudido a la Justicia. Basándose en los medios gráficos, La Casa del Encuentro recopiló 207 casos, en su mayoría asesinadas por parejas y ex parejas (2008). Hay unas 600 denuncias anuales de desaparecidas por la trata; 4,5 millones de mujeres son golpeadas en su hogar y se denuncia una violación cada dos horas, mientras otras dos ni se denuncian. Sólo el 10 por ciento de los violadores es procesado. Hay que sumar la escalada de muertas por aborto, el incumplimiento del aborto no punible, el desempleo y los despidos, la debacle educativa y sanitaria, el paco, las cárceles.Las ONGs feministas - que calificaron de "logro histórico" la ley de 1995- vuelven a alborozarse. Las mujeres no tenemos nada que festejar. Estamos ante una farsa, un intento de lavarse la cara por parte de un gobierno que potenció la muerte materna, el aborto ilegal, el embarazo infantil y adolescente, que promueve la trata, nos condena a la miseria y alienta la injerencia clerical en la vida y la salud de las mujeres. La oposición vota con ellos porque comparten la responsabilidad política por el régimen de terror que viven las explotadas en la calle y, muchas veces, en el trabajo y el hogar.La opresión de género es un pilar del capitalismo, que bajo esta crisis asume formas más bárbaras. La movilización por nuestros derechos, independiente de las variantes patronales; una organización revolucionaria de las explotadas que luche por una sociedad sin opresores es el camino para frenarlos.
Olga Cristóbal