El asesinato de Vanessa Martínez

Cómo operan las redes de trata
"Intentamos hablar con el embajador Jorge Yoma, pero jamás nos atendió. La vicecónsul García una vez me preguntó: '¿Y qué quiere que hagamos, que salgamos a buscar a todas las chicas argentinas que se pierden en este país?'", dice Silvana Martínez, la hermana de la chica que murió en manos de las redes de trata en México (Terra magazine, 18/6). Vanesa Martínez, 27, llegó a México en mayo de 2007. Tenía experiencia como actriz porno y una pareja la contrató en Buenos Aires para bailar table dance "en el prestigioso cabaret Royal Club de la capital azteca" (sic, Sur, 15/6). "Prestigio", en este caso, quiere decir prostitución de lujo para jueces, políticos, empresarios, deportistas. En julio, la chica se comunicó con su familia y le dijo que estaba encerrada y pasaba hambre, que tenía que "pagar multas" para que la dejaran volver. La familia denunció ese mismo día su desaparición ante la Cancillería, la embajada argentina en México y la oficina contra la Trata de Personas de la Procuraduría mexicana. El embajador Jorge Yoma y la vicecónsul Mónica García, "ignoraron el desesperado pedido de ayuda".
En abril, los estudiantes reconocieron el cuerpo de la muchacha en la morgue de la Escuela de Medicina, un diario había publicado su foto. "Las autoridades nada hicieron. ¿Por qué nos mintieron? Queremos saber si la tenían encerrada, si la torturaron, si no le daban comida, si estaba enferma. Todo este año supieron que estaba muerta y no nos dijeron nada", dice Silvana.
El caso "podría sacudir la estantería del mercado internacional de la trata, entre otras causa por la indiferencia de las delegaciones diplomáticas de ambos países. Las investigaciones que no habían sido hechas se hicieron de un tirón" (ídem) y llevaron hasta 12 miembros de una red que trafica mujeres desde Buenos Aires hacia México, Colombia y España. Son "policías, agentes de inteligencia, productores de cine pornográfico y operadores financieros destinados al lavado de dinero procedente de esas operaciones ilegales". Una de las más importantes productoras de cine porno argentino es la reclutadora.
Según fuentes judiciales, los mexicanos pagan por cada chica hasta 30.000 dólares al contado para no dejar rastros del dinero. "Los pagos se blanquean luego principalmente en el rubro inmobiliario de alta categoría a través de inversiones que llegan a la Argentina desde paraísos fiscales y contabilizadas de a cientos de miles" (Reforma, 12/6). Las promesas de visa de trabajo y mucho dinero se acaban al llegar: les quitan los documentos, las golpean, las amenazan con dañar a la familia. El costo del alojamiento, pasaje aéreo, comidas y hasta preservativos se convierte en las multas que debía pagar Vanesa (ídem). El circuito "comienza en clubes caros pero termina en tugurios infames".
Un taxista de los que trasladan a las bailarinas del Aeropuerto a la Zona Rosa y de los antros a las casas de huéspedes dijo: "Actualmente estamos invadidos de argentinas, venezolanas y brasileñas; ya no vienen tanto las chicas de Europa del Este". Cada semana, él solo, recoge unas cinco chicas que llegan de Sudamérica (Reforma, 12/6). La vicecónsul, si se lo propusiera, tendría mucho trabajo.
La muerte de Vanesa ejemplifica en toda su crueldad la operatoria de las redes, la complicidad de los funcionarios, el reenvío del dinero de la trata al circuito financiero legal. Delata la impostura de quienes, como Vilma Ibarra, sostienen que la prostitución de lujo es voluntaria. Pero, por sobre todo, pone de manifiesto que la ley kirchnerista contra la trata, en vez de perseguirla, la promueve. Como Vanesa viajó por su voluntad y era mayor de edad, su secuestro no sería un delito porque existió "consentimiento de mayor de edad". Entonces, la máxima pena para los que la llevaron y los "que no la dejaban volver" sería de 3 años y excarcelable. Sólo si alguien probara que fue engañada o secuestrada, sería levemente mayor. ¿Quién podría hacerlo? Sólo las chicas que se encuentran en su misma situación. Pero al precio de su propia vida: la ley no prevé ninguna protección para las denunciantes, por lo tanto las deja a merced de poderosos rufianes, que permanecen todo el proceso en libertad.
Olga Cristóbal
Prensa Obrera 1043