Unidad 33
REPRIMEN PROTESTA CON BALAS DE GOMA Y GASES
Hay al menos 16 detenidas, madres y embarazadas heridas. Tras la muerte de un bebé al momento de nacer, las mujeres realizaban un reclamo por el funcionamiento de Sanidad.
Anoche en la Unidad Penal Nro. 33 se produjo una violenta represión con balas de goma y gases de la que fueron víctimas mujeres, embarazadas y detenidas con sus hijos. El hecho fue denunciado por internas de la unidad y constatado por el Comité contra la Tortura tras recibir la denuncia telefónica. Aproximadamente a las 23 hs Alicia Romero, Laurana Malacalza y Roberto Cipriano García se hicieron presentes en la Unidad Nº 33 y entrevistaron a varias de las detenidas y de las heridas con balas de goma. Estaban también presentes en el lugar la APDH La Plata y la organización La Cantora.
Las mujeres detenidas señalaron que la represión se produjo que los hechos se originan por el reclamo realizado por todas las detenidas del Módulo C (destinado a alojar mujeres embarazas y detenidas con sus hijos) y que contó con el apoyo de los pabellones 2 y 3. Las detenidas reclamaban la urgente adecuación del área de sanidad de la Unidad Penal 33 debido a la reciente muerte de un bebe en el momento del parto, hijo de Patricia Alejandra Rojas NN.
El relato de Patricia
En la entrevista mantenida por el Comité contra la Tortura Patricia Alejandra Rojas NN, manifiesta que se encontraba embarazada de 37 semanas cuando en horas de la noche pierde el tapón de mucosa. En ese momento la llevan del pabellón hacia el área de sanidad, donde la revisan y constatan además el inicio de las contracciones y dolores. La obstetra le indicó que debía volver al pabellón y que si tenía nuevas contracciones debía avisarle para llevarla al hospital. Patricia Rojas señaló que el ecógrafo instalado en Sanidad no funcionaba correctamente. Al día siguiente se levantó con dolores y la obstetra constató que tenía dilatación de 2 cm. La obstetra volvió a indicarle que volviera al Pabellón. “Ya eran las 14 30 yo seguía con pérdidas y sabia que mi hijo estaba por nacer”, afirmó Alejandra. Cuando la obstetra constató que tenía 4 cm de dilatación, la derivó al Hospital San Martín donde llega a las 17:15 hs. “Tuve que esperar quince minutos, yo sabìa la hora porque me estaba controlando las contracciones que ocurrìan cada 5 minutos”. Cuando le realizan en el hospital el primer monitoreo tenía 9 cm de dilatación pero no se constatan latidos fetales. En la ecografía que le realizan luego vuelven a constatar la inexistencia de latidos. “Me pusieron suero, discutieron y finalmente me llevan a la sala de parto. A la quinta vez que pujé, nació con el cordón umbilical rodeando el cuello” recordó Patricia. Eran las 18:30.
Según explicó la detenida ningún medico le explicó lo que había ocurrido, ni en el hospital ni en la unidad penal. Nadie hablo con ella sobre lo ocurrido. Permaneció internada hasta el viernes a la tarde cuando regreso a la unidad. Hasta el día 27 de abril no recibió tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Asimismo, el personal penitenciario de la unidad se comprometió a llamar a sus familiares y a su esposo que también se encuentra detenido en la Unidad Nº 19. “Al final solo se comunicaron con mi familia, mi esposo se enteró después cuando vino en visita intercarcelaria a visitar a su hijo”.
Es preciso señalar que PATRICIA ROJAS NN, se encuentra alojada en la Unidad junto a su otra hija de un año de edad
Este Comité contra la Tortura en horas de la tarde del día 27 de abril, tomado conocimiento de la muerte del bebe de Patricia solicitó al área de sanidad un informe donde se especifique las acciones y medidas en relación a los hechos acontecidos y un resumen de la historia clínica donde queda debidamente especificado que el desarrollo del embarazo era normal.
El reclamo y la represión
Ante estos acontecimientos, las detenidas, mayoritariamente de los pabellones del Módulo Materno Infantil, solicitaron la urgente adecuación del área de sanidad para la atención de las detenidas embarazadas y de la salud de los niños, estableciendo un plazo hasta el día lunes para obtener una respuesta de parte de las autoridades.
El día lunes se reúnen en la escuela, representantes de los pabellones de madres con el Director y médicos de sanidad. Solicitan reunirse en forma urgente con el Jefe del SPB Fernando Diaz y con funcionarios del Ministerio de Salud. Las autoridades del penal, les informan que el Jefe del SPB iría recién el miércoles a las 17 hs. Varias detenidas se juntan en el patio y dicen que se quedarían allí hasta que venga el jefe del Servicio. Se reúnen entre 40 y 50 mujeres. A excepción de 8, las restantes eran madres y embarazadas. Las demás detenidas-madres permanecieron en los pabellones cuidando a los niños.
Comienzan entonces a ser rodeadas en la reja cercana a control por fuerzas del Grupo Especial Antimotines. Más de 100 agentes armados con escopetas y escudos comienzan a disparar balas de goma. Disparan incluso a mujeres embarazadas que estaban en el salón de visitas con familiares e hijos, hiriendo a dos de ellas y a un hombre.
Las mujeres que estaban en el patio fueron rodeadas por cinco grupos de 20 agentes que se distribuían en techos, muros y pasillos que rodean el patio y pasoducto. Según explicaron las propias detenidas, la represión es indiscriminada y violenta. Disparan en todos los sentidos incluso hacia los patios de los pabellones 8, 9, 10 y 11, Módulo “C” Materno Infantil, donde habitualmente están los niños. Varia balas de goma ingresan incluso a uno de los pabellones de madres con sus hijos. Las detenidas que corren hacia el Pabellón de madres, se detienen frente a la puerta de ingreso al Modulo que estaba cerrada y se tiran al piso pidiendo que no disparen. Según refirieron las detenidas en las entrevistas mantenidas con el Comité contra la Tortura, aún en el piso continúan disparando balas de goma a corta distancia y las rocían con un gas que produce quemaduras en la piel y la vista. Incluso las mujeres embarazadas son obligadas a tirarse al piso mientras reciben patadas, golpes y balas de goma en los pies.
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Según continuan relatando las detenidas entrevistadas, la gran cantidad de gas que arrojan afecta también a los niños y mujeres embarazadas que permanecìan en los pabellones. Más de cuatro horas después, este Comité constató el estado de angustia de muchos de los niños. Algunas embarazadas que inhalaron el gas debieron ser trasladadas a Sanidad. Dos horas después de producidos estros hechos, el jefe del SPB, Fernando Díaz se presenta en la Unidad.
Como consecuencia de los hechos este Comité junto a la APDH La Plata, constataron heridas en 16 mujeres, 15 de ellas madres y/o embarazadas.
Pabellón Nº 8
1.- O. A. A. (madre de una hija de 3 meses detenida con ella, golpes en las dos rodillas, en ambos codos y en la cabeza).
2.- V. V. A. (madre de un hijo de 3 años y medio detenido con ella, bala de goma en zona lumbar y pierna derecha).
Pabellón Nº 9
3.- M. A. N. (un hijo de 9 meses detenido con ella, herida con bala de goma, en dos dedos del pie izquierdo).
4.- G. Y. D. (una hija con VIH de 1 año y 4 meses detenida con ella, herida bala de goma en glúteo derecho).
5.- V. B. S. (madre de una hija de 2 meses, herida de bala de goma en espalda y problemas en la vista por efecto del gas arrojado).
6.- N. B. F (madre de una hija de 10 meses, herida con balas de goma, en pierna y espalda, detenida con su hijo).
7.- V. R.V. (madre de un bebé de dos meses, quemaduras de gas en cara y espalda).
Pabellón Nº 10
8.- L. A. P.
Pabellón Nº 11
9.- A. Q. J. (herida con bala de goma en el pie izquierdo, embarazada)
10.- L. NN. S. (quemada en cintura y espalda y parte posterior de pierna derecha, madre).
11.- P. M. (madre de un nene, herida con bala de goma en pierna derecha, golpes en canilla izquierda y codo derecho, quemada en mano derecha).
12.- V. M. P.(herida con bala de goma en parte posterior de pierna derecha)
13.- M. M. L. (Madre, quemadura e hinchazón en mano derecha por efecto del gas)
14.- S. M. (embarazo de alto riesgo, intoxicada con gas).
Pabellón Nº 3
15.- R. V. C. (herida con bala de goma en mano izquierda y pie derecho).
16.- A. S. Y. (intoxicada por inhalar gas arrojado)
Para más información comunicarse con:
Comité Contra la Tortura:
Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA. 0221-156017695.
Lic. Laurana MALACALZA. 011- 1566475194
Dra. Alicia ROMERO. 0221- 156229570
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH La Plata)
Dra. Alicia PERALTA. 0221-154096639.
miércoles, 29 de abril de 2009
miércoles, 8 de abril de 2009
Movilización contra la Trata
La movilización del 3 de abril frente al Congreso contó con la presencia de familiares de víctimas y diferentes organizaciones y personas que luchan contra la trata de personas. En la radio abierta se denunció el crecimiento de la desaparición de mujeres a manos de las redes de trata, se reclamó la aparición con vida y se responsabilizó a los gobiernos nacional y provinciales por sus responsabilidades con relación al crecimiento de este flagelo.
(Foto de Zula)
Gobiernan los proxenetas
En La Pampa, el comisario Hugo Ledesma denunció al jefe de la policía provincial, Ricardo Baudaux, y a su segundo, Juan Domingo Pérez, por promover y encubrir la trata y las redes de prostitución de la provincia (Página/12, 22/3).
Pocos días después, el miércoles 25, se desarrolló en Buenos Aires una reunión, organizada por la OEA, de autoridades de distintos países del continente en materia de trata de personas. El canciller, Jorge Taiana, y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, denunciaron a los clientes de la prostitución y elogiaron a las fuerzas policiales y judiciales: "No encontramos problemas en la lucha contra este delito, los magistrados están trabajando bien, cada vez que tenemos una prueba la elevamos a consideración del juez y tenemos la orden de forma inmediata, los allanamientos son exitosos y eso lo quiero rescatar", dijo Fernández (Télam, 26/3). La "historia oficial" contrasta claramente con los hechos y con las noticias referidas al modus operandi de la policía pampeana para encubrir los prostíbulos, una historia repetida en todo el país: "El comisario contó que era frecuente que se filtrara dentro de la fuerza la información de que iba a realizar operativos y se alertaba a los propietarios de prostíbulos" (Página/12, 22/3). En la Argentina no hay un solo funcionario político ni policial detenido por este delito, a pesar de que están denunciados en los casos de Fernanda Aguirre, en el de Otoño Uriarte (quien finalmente apareció muerta), en el de Marita Verón y tantos otros. El caso de Andrea López, desaparecida en La Pampa, sigue sin resolverse.
La Pampa es reconocida por el informe 2006 de la Organización Internacional de Migraciones como una de las provincias receptoras de mujeres de otras provincias y de Paraguay. Al año siguiente del informe, el entonces gobernador Carlos Verna (PJ) impulsó una ley "reglamentarista", en la que se proponía alistar los boliches habilitados como wiskerías, pero funcionan como prostíbulos, y empadronar a las mujeres allí sometidas. Una medida similar impulsó un puntero de Urtubey en Salta, hace apenas unos meses. El Código Penal castiga el proxenetismo; sin embargo, los gobiernos habilitan los negocios donde se lucra con la esclavitud sexual. "Para vender tragos, los municipios, como el de Santa Rosa, exigen a los propietarios de las whiskerías que las coperas renueven una libreta sanitaria que incluye exámenes para determinar que no tienen enfermedades de transmisión sexual". El mismo proxeneta retira las libretas sanitarias del municipio, declaró el intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba (ídem). Está en juego un movimiento de dinero importante que incluye abultadas coimas policiales, impuestos recaudados por el Estado y cometas para punteros políticos barriales.
Bajo el comando de Aníbal Fernández, el gobierno kirchnerista, con el apoyo de todo el arco opositor patronal, protagoniza un operativo de resguardo de este negocio que incluye a empresarios de la industria del deporte, el turismo, la actividad agrícola y la indumentaria. Por esta razón, el ministro se encargó personalmente de que la Ley de Trata no incluyera la pesquisa de los bienes de los tratantes, re-victimizó a las mujeres mayores de edad e impuso penas excarcelables para los tratantes.
El 3 de abril habrá una radio abierta en el Congreso Nacional. Abajo la trata, aparición con vida de las mujeres desaparecidas.
Vanina Biasi
Macri y Scioli le siguen enviado chicos a Grassi
En La Pampa, el comisario Hugo Ledesma denunció al jefe de la policía provincial, Ricardo Baudaux, y a su segundo, Juan Domingo Pérez, por promover y encubrir la trata y las redes de prostitución de la provincia (Página/12, 22/3).
Pocos días después, el miércoles 25, se desarrolló en Buenos Aires una reunión, organizada por la OEA, de autoridades de distintos países del continente en materia de trata de personas. El canciller, Jorge Taiana, y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, denunciaron a los clientes de la prostitución y elogiaron a las fuerzas policiales y judiciales: "No encontramos problemas en la lucha contra este delito, los magistrados están trabajando bien, cada vez que tenemos una prueba la elevamos a consideración del juez y tenemos la orden de forma inmediata, los allanamientos son exitosos y eso lo quiero rescatar", dijo Fernández (Télam, 26/3). La "historia oficial" contrasta claramente con los hechos y con las noticias referidas al modus operandi de la policía pampeana para encubrir los prostíbulos, una historia repetida en todo el país: "El comisario contó que era frecuente que se filtrara dentro de la fuerza la información de que iba a realizar operativos y se alertaba a los propietarios de prostíbulos" (Página/12, 22/3). En la Argentina no hay un solo funcionario político ni policial detenido por este delito, a pesar de que están denunciados en los casos de Fernanda Aguirre, en el de Otoño Uriarte (quien finalmente apareció muerta), en el de Marita Verón y tantos otros. El caso de Andrea López, desaparecida en La Pampa, sigue sin resolverse.
La Pampa es reconocida por el informe 2006 de la Organización Internacional de Migraciones como una de las provincias receptoras de mujeres de otras provincias y de Paraguay. Al año siguiente del informe, el entonces gobernador Carlos Verna (PJ) impulsó una ley "reglamentarista", en la que se proponía alistar los boliches habilitados como wiskerías, pero funcionan como prostíbulos, y empadronar a las mujeres allí sometidas. Una medida similar impulsó un puntero de Urtubey en Salta, hace apenas unos meses. El Código Penal castiga el proxenetismo; sin embargo, los gobiernos habilitan los negocios donde se lucra con la esclavitud sexual. "Para vender tragos, los municipios, como el de Santa Rosa, exigen a los propietarios de las whiskerías que las coperas renueven una libreta sanitaria que incluye exámenes para determinar que no tienen enfermedades de transmisión sexual". El mismo proxeneta retira las libretas sanitarias del municipio, declaró el intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba (ídem). Está en juego un movimiento de dinero importante que incluye abultadas coimas policiales, impuestos recaudados por el Estado y cometas para punteros políticos barriales.
Bajo el comando de Aníbal Fernández, el gobierno kirchnerista, con el apoyo de todo el arco opositor patronal, protagoniza un operativo de resguardo de este negocio que incluye a empresarios de la industria del deporte, el turismo, la actividad agrícola y la indumentaria. Por esta razón, el ministro se encargó personalmente de que la Ley de Trata no incluyera la pesquisa de los bienes de los tratantes, re-victimizó a las mujeres mayores de edad e impuso penas excarcelables para los tratantes.
El 3 de abril habrá una radio abierta en el Congreso Nacional. Abajo la trata, aparición con vida de las mujeres desaparecidas.
Vanina Biasi
Macri y Scioli le siguen enviado chicos a Grassi
En noviembre del año pasado, un niño de ocho años intentó suicidarse. Estaba internado en el Hogar San José Obrero, perteneciente a la Fundación Felices los Niños que regentea el cura Grassi, acusado de abuso sexual reiterado contra varios menores de sus institutos. La Justicia ordenó que el Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente porteño evaluara al chico. Cuando los profesionales quisieron verlo, la Fundación lo había trasladado a otro de sus hogares en la provincia. La Justicia ordenó que se analizara cómo vivían los 46 chicos internados en el hogar, que tienen entre siete y 17 años.
Las conclusiones del equipo evaluador señalan todo tipo de irregularidades, abandonos, maltratos y abusos. Varios chicos denunciaron que fueron violados por chicos mayores o que fueron testigos de violaciones. Un nene de ocho años dijo que le ponían una correa de perro y "entonces empezaron a hacerlo, me veían cara de novia". El hogar está sucio, los chicos no tienen ni cepillo de dientes, a veces no hay agua, la enfermera no acredita título de ningún tipo, en toda la institución no hay ni un botiquín o un plan alimentario. Las monjas a cargo dejan los chicos solos, muchas veces desde la tarde hasta la madrugada, "acción que genera dificultades en el suministro de los medicamentos indicados". El informe del equipo describe la obstrucción deliberada de las monjas y del apoderado de la Fundación, Ricardo Muro (Página/12, 23/3).
Lo insólito es que la titular del Consejo, Jessica Malegarie - que llegó al macrismo por Rodríguez Larreta, su compañero en el Grupo Sophia-le pidió a la Justicia que levante "la intervención informativa" basada en que "se ha dado curso a acciones concretas dirigidas a resolver situaciones de clara negligencia en relación con la salud integral de los niños/as y adolescentes alojados en el hogar de la Fundación Felices los Niños". Y agrega: "los cambios sugeridos han sido receptados y consensuados con las autoridades" (ídem). Malegarie dijo que la "reorganización" del hogar quedará a cargo de Muro, que negó los abusos y dijo que "el niño se puso un cable al cuello para llamar la atención" (Canal 26, 28/3).
Qué cadena de atrocidades. El pedófilo Grassi sigue teniendo menores a cargo. El gobierno de Macri, el de Scioli y la Justicia le siguen enviando chicos y pagándole subsidios. Y cuando los propios trabajadores del gobierno porteño denuncian que los chicos son abusados y maltratados, el macrismo defiende a los abusadores.
Que el Estado subsidie a las familias que lo necesitan, en vez de entregar los hijos de las mujeres pobres a la tutela de abusadores y pedófilos. Hay que terminar con el sostenimiento estatal a los hogares confesionales y no confesionales, que son centros de tortura para los chicos y fuente de enriquecimiento para los torturadores, con sotana o sin ella.
Clementina Robles
La crisis capitalista y la mujer
Actividades del Plenario de Trabajadoras
· Curso "Origen de la opresión de la mujer". Comienza el lunes 6 de abril: local San Justo, Pichincha 2700, 18 hs. Cursillista: Lili Kunis. Inscripción abierta.
Merlo:
· Charlas de las mujeres de los comedores del Polo. Viernes 17, 14 horas, Barrio Zamoré.
· Plenario, a cargo de Marilina y Anahí, en Cámpora 2100, 18 hs.
San Isidro:
· Curso "Origen de la opresión de la mujer." Tres clases. Comienza jueves 16 de abril, a las 19 hs, en CBC Martínez. Abierta la inscripción.
· Curso "Origen de la opresión de la mujer." Tres clases. Comienza jueves 16 de abril, a las 19 hs, en CBC Martínez. Abierta la inscripción.
martes, 31 de marzo de 2009
3 de abril al Congreso: Contra las redes de trata y prostitución
Abajo la trata de personas
3 de abril: Todos al Congreso
El 3 de abril de 2002, en Tucumán, desapareció Marita Verón, una joven de 23 años. El caso se hizo conocido por la lucha de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla. En el curso de esta lucha, Susana liberó a más de 100 mujeres de diferentes prostíbulos del país.
Desde hace dos años, la organización feminista La Casa del Encuentro, el Plenario de Trabajadoras y otras organizaciones manifestamos frente al Congreso Nacional el día 3 de cada mes para denunciar la trata de personas y la esclavitud sexual y laboral.
En la tribuna montada por estas organizaciones estuvieron presentes Susana Trimarco, las madres de otras desaparecidas -como Andrea López (de La Pampa) y la niña Fernanda Aguirre (de Entre Ríos). También estuvieron allí las propias víctimas de la trata, como Mercedes, madre de Osvaldo Raúl Saliwonczyk, "el Boli", desaparecido de la democracia. También estuvieron los familiares y amigos de Otoño Uriarte. En aquella oportunidad una integrante de la delegación que se entrevistó con Aníbal Fernández, maestra de Otoño y compañera del Plenario de Trabajadoras, denunció lo que por entonces era un proyecto de ley "contra la trata" que impulsaban Vilma Ibarra y el propio ministro. El mes pasado estuvo presente la interna del Garrahan en lucha por la aparición de la hija de una de las trabajadoras del hospital.
Desde cada una de esas actividades hemos denunciado la Ley de Trata, que se sancionó en abril de 2008, como una ley que culpabiliza a las víctimas, no desmantela las redes, no incauta los bienes de los tratantes y estipula penas de tres años para quien secuestra personas.
El próximo 3 de abril nos concentramos en el Congreso a las 18 horas para reclamar por la aparición con vida de cientos de mujeres y niños que permanecen secuestrados por las redes de prostitución. Llamamos a los gremios, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a sumarse.
A siete años de la desaparición de Marita Verón denunciamos al gobierno nacional y a su oposición patronal y decimos: aparición con vida, desmantelamiento de las redes de trata, abajo el negocio de la esclavitud sexual y laboral, cárcel a los tratantes, proxenetas y sus cómplices en el poder policial, político y judicial, y llamamos a levantar la misma tribuna en todas las provincias del país.
Vanina Biasi
Violencia laboral en el 'Programa contra las Violencias'
En la semana en que el Congreso votaba la nueva Ley de violencia de género (ver PO Nº 1.075), Eva Giberti, coordinadora del Programa Víctimas contra las Violencias, informó que en los últimos dos años y medio "se registraron 2.204 casos de violaciones y abusos" (Página/12, 12/3). Lo que olvidó, sin embargo, es que en esa semana los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos -el área de la que depende el Programa- fueron reprimidos cuando se movilizaron contra los despidos de contratados y por aumentos de salario. La privación del empleo y el ataque a los ingresos económicos de las trabajadoras son algunas de las violencias descriptas en la "nueva ley". Los despidos también abarcan el área de Giberti: hubo cuatro trabajadores despedidos y varios 'retiros voluntarios'. De este modo, el gobierno se propone combatir la violencia contra las mujeres desmantelando los organismos que deberían ocuparse de hacerlo.
El Programa que coordina Eva Giberti ha recibido, desde hace meses, acusaciones de malos tratos. Los trabajadores denuncian: "En el Programa de Víctimas contra las Violencias, el equipo coordinado por la doctora Eva Giberti y la licenciada Zaida Gatti, se persigue, maltrata y despide sin causa, a los profesionales trabajadores" (www.atejusticia.com.ar).
No será la ley contra la violencia de género la que le impida a Giberti seguir con los despidos y los maltratos, ya que no prevé sanción alguna para quien la viole.
Dos de los objetivos anunciados por Giberti cuando asumió la dirección del Programa contra las Violencias ya se cumplieron: la "creación de una Ley de Violencia familiar" y la de una "Ley de trata de personas". La primera es un saludo a la bandera. La segunda, legaliza la trata de mayores de edad y garantiza la impunidad de traficantes y proxenetas. La reconocida feminista Eva Giberti es promotora de dos leyes (pondría de politicas) que refuerzan la opresión de las mujeres.
Clementina Robles
Las Mirtas y las Sofías
No son las primeras, ¿qué hacemos para que sean las últimas?
El brutal asesinato de Mirta Arias y su hija menor de 6 años, Sofía, por parte de su ex pareja ha conmovido a Córdoba.
Todos y cada uno de los asesinatos a mujeres producidos por sus parejas o ex parejas, todos, tienen un historial -no son hechos súbitos.
Hay una política deliberada de vaciamiento de las entidades creadas para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, que además se la entregan a los punteros del gobernante de turno. En su momento, el manejo lo tuvo la ex mujer de De la Sota, Riutort; ahora, se lo pasaron a otra puntera, Ruiz.
La ley de violencia familiar no tiene real aplicación para las mujeres, que terminan siendo persuadidas de "perdonar" y hacer conciliaciones.
La ley sí tiene aplicación cuando se trata de arrancar los niños a las mamás pobres, sin aportar solución real y para engrosar el negocio de la curia y las ONGs que viven de los presupuestos para niños institucionalizados.
No está previsto el control de exclusión del hogar ni castigos para quien la viole. En esa instancia se dan muchos de los crímenes. Estos delitos crecen de manera alarmante en medio de crisis económicas.
Planteamos más claramente que nunca la necesidad de organizar la lucha contra la violencia hacia la mujer y contra el amparo institucional.
Queremos que la justicia y el gobierno dejen de llenarse la boca con los nombres de las Mirtas y las Sofías.
Doris Barjacoba
3 de abril: Todos al Congreso
El 3 de abril de 2002, en Tucumán, desapareció Marita Verón, una joven de 23 años. El caso se hizo conocido por la lucha de su madre, Susana Trimarco, por encontrarla. En el curso de esta lucha, Susana liberó a más de 100 mujeres de diferentes prostíbulos del país.
Desde hace dos años, la organización feminista La Casa del Encuentro, el Plenario de Trabajadoras y otras organizaciones manifestamos frente al Congreso Nacional el día 3 de cada mes para denunciar la trata de personas y la esclavitud sexual y laboral.
En la tribuna montada por estas organizaciones estuvieron presentes Susana Trimarco, las madres de otras desaparecidas -como Andrea López (de La Pampa) y la niña Fernanda Aguirre (de Entre Ríos). También estuvieron allí las propias víctimas de la trata, como Mercedes, madre de Osvaldo Raúl Saliwonczyk, "el Boli", desaparecido de la democracia. También estuvieron los familiares y amigos de Otoño Uriarte. En aquella oportunidad una integrante de la delegación que se entrevistó con Aníbal Fernández, maestra de Otoño y compañera del Plenario de Trabajadoras, denunció lo que por entonces era un proyecto de ley "contra la trata" que impulsaban Vilma Ibarra y el propio ministro. El mes pasado estuvo presente la interna del Garrahan en lucha por la aparición de la hija de una de las trabajadoras del hospital.
Desde cada una de esas actividades hemos denunciado la Ley de Trata, que se sancionó en abril de 2008, como una ley que culpabiliza a las víctimas, no desmantela las redes, no incauta los bienes de los tratantes y estipula penas de tres años para quien secuestra personas.
El próximo 3 de abril nos concentramos en el Congreso a las 18 horas para reclamar por la aparición con vida de cientos de mujeres y niños que permanecen secuestrados por las redes de prostitución. Llamamos a los gremios, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a sumarse.
A siete años de la desaparición de Marita Verón denunciamos al gobierno nacional y a su oposición patronal y decimos: aparición con vida, desmantelamiento de las redes de trata, abajo el negocio de la esclavitud sexual y laboral, cárcel a los tratantes, proxenetas y sus cómplices en el poder policial, político y judicial, y llamamos a levantar la misma tribuna en todas las provincias del país.
Vanina Biasi
Violencia laboral en el 'Programa contra las Violencias'
En la semana en que el Congreso votaba la nueva Ley de violencia de género (ver PO Nº 1.075), Eva Giberti, coordinadora del Programa Víctimas contra las Violencias, informó que en los últimos dos años y medio "se registraron 2.204 casos de violaciones y abusos" (Página/12, 12/3). Lo que olvidó, sin embargo, es que en esa semana los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos -el área de la que depende el Programa- fueron reprimidos cuando se movilizaron contra los despidos de contratados y por aumentos de salario. La privación del empleo y el ataque a los ingresos económicos de las trabajadoras son algunas de las violencias descriptas en la "nueva ley". Los despidos también abarcan el área de Giberti: hubo cuatro trabajadores despedidos y varios 'retiros voluntarios'. De este modo, el gobierno se propone combatir la violencia contra las mujeres desmantelando los organismos que deberían ocuparse de hacerlo.
El Programa que coordina Eva Giberti ha recibido, desde hace meses, acusaciones de malos tratos. Los trabajadores denuncian: "En el Programa de Víctimas contra las Violencias, el equipo coordinado por la doctora Eva Giberti y la licenciada Zaida Gatti, se persigue, maltrata y despide sin causa, a los profesionales trabajadores" (www.atejusticia.com.ar).
No será la ley contra la violencia de género la que le impida a Giberti seguir con los despidos y los maltratos, ya que no prevé sanción alguna para quien la viole.
Dos de los objetivos anunciados por Giberti cuando asumió la dirección del Programa contra las Violencias ya se cumplieron: la "creación de una Ley de Violencia familiar" y la de una "Ley de trata de personas". La primera es un saludo a la bandera. La segunda, legaliza la trata de mayores de edad y garantiza la impunidad de traficantes y proxenetas. La reconocida feminista Eva Giberti es promotora de dos leyes (pondría de politicas) que refuerzan la opresión de las mujeres.
Clementina Robles
Las Mirtas y las Sofías
No son las primeras, ¿qué hacemos para que sean las últimas?
El brutal asesinato de Mirta Arias y su hija menor de 6 años, Sofía, por parte de su ex pareja ha conmovido a Córdoba.
Todos y cada uno de los asesinatos a mujeres producidos por sus parejas o ex parejas, todos, tienen un historial -no son hechos súbitos.
Hay una política deliberada de vaciamiento de las entidades creadas para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, que además se la entregan a los punteros del gobernante de turno. En su momento, el manejo lo tuvo la ex mujer de De la Sota, Riutort; ahora, se lo pasaron a otra puntera, Ruiz.
La ley de violencia familiar no tiene real aplicación para las mujeres, que terminan siendo persuadidas de "perdonar" y hacer conciliaciones.
La ley sí tiene aplicación cuando se trata de arrancar los niños a las mamás pobres, sin aportar solución real y para engrosar el negocio de la curia y las ONGs que viven de los presupuestos para niños institucionalizados.
No está previsto el control de exclusión del hogar ni castigos para quien la viole. En esa instancia se dan muchos de los crímenes. Estos delitos crecen de manera alarmante en medio de crisis económicas.
Planteamos más claramente que nunca la necesidad de organizar la lucha contra la violencia hacia la mujer y contra el amparo institucional.
Queremos que la justicia y el gobierno dejen de llenarse la boca con los nombres de las Mirtas y las Sofías.
Doris Barjacoba
sábado, 28 de marzo de 2009
Mujeres Trabajadoras
Fernando Lugo
Fernando Lugo, presidente de Paraguay y ex obispo de la Iglesia Católica, es padre de un niño de dos años, nacido de la joven Viviana Carrillo. Lugo abusó de ella desde 1999, cuando era una adolescente de 16 años, "empleada en una casa de familia" de unos amigos del entonces obispo de San Pedro, uno de los distritos más pobres del país. El obispo la sedujo y le prometió que dejaría los hábitos, y efectivamente los dejó en 2006 -cuando Carrillo ya estaba embarazada-, pero para postularse a la presidencia. El hecho trascendió la semana pasada, cuando Carrillo, que ahora tiene 26, le exigió ante la Justicia que reconozca a su hijo y que le pase una pensión por alimentos. En síntesis: Lugo sedujo a una niña de 16 años con el concurso de los patrones, que consintieron que el obispo durmiera con ella en la casa donde trabajaba. Es un caso rampante de derecho de pernada, paidofilia y abuso sexual de menores ejercido por una autoridad antes eclesiástica y ahora política. El relato de la joven delinea el perfil típico: "Fui seducida con bellas palabras cuando tenía apenas 16 años". Carrillo agregó que Lugo "es celoso y me prohíbe trabajar, lo cual hace mi vida más complicada porque últimamente tengo que mendigarle para asistir a mi hijo". Además, "en una discusión semanas atrás, dentro de un automóvil, Lugo la abofeteó" (Clarín, 14/4). O sea que el paidófilo es un padre abandónico y también un violento. El escándalo generó "un terremoto político" a un gobierno que asumió hace ocho meses en nombre "de la verdad y la transparencia" (Clarín, 9/4). Pero la oposición no lo ataca por abusador sino por "haber estafado" a la Iglesia Católica y a los votantes. "¿Quién le puede creer a un hombre que no sólo ha engañado a la Iglesia Católica, a los que votaron por él y, desde hace ocho meses, a todos los ciudadanos?", preguntó el diputado Ariel Oviedo, hijo de Lino Oviedo (Unace). El senador Julio César Velázquez, del Partido Colorado, pidió a la Iglesia que lo "excomulgue por haber cometido el delito de estupro teniendo responsabilidades episcopales" (La Capital, 14/4). ¿Y si no las hubiera tenido? La Asamblea Episcopal paraguaya hizo mutis por el foro, algún prelado se declaró dolorido por el engaño y el obispo Mario Medina directamente tuvo el descaro de felicitar al presidente "porque es valiente y reconoce lo que hizo" (ídem). Lugo reconoció su paternidad pero se dice víctima de una conspiración. Un comunicado del gobierno sostiene que "es evidente que este caso está inscripto dentro de una campaña de hostigamiento político contra el presidente de la República, quien está liderando un proceso de cambio histórico". El "proceso de cambio histórico" de Lugo abreva en las más caras tradiciones de violencia y abuso contra las niñas y mujeres explotadas por la Iglesia Católica y la oligarquía paraguaya. Olga Cristóbal
Torneo de cínicos
Las mujeres de más de siete hijos pueden cobrar una pensión del Estado nacional de 747 miserables pesos mensuales, lo que da un poco más de 100 por hijo. Dicho de otra manera: un litro de leche diario por chico y dos botellas de aceite a compartir al mes. El subsidio fue establecido hace 20 años por una ley nacional pero el gobierno implementa todo tipo de triquiñuelas para no pagarlo. Hay 9.998 mujeres en lista de espera. Las beneficiarias deben "acreditar que no gozan de jubilación o pensión, que no tienen bienes, ingresos o recursos de subsistencia". O sea que los 747 sean sus únicos ingresos. El tema fue objeto de una nota del diario Clarín, que dedicó dos páginas a difamar y burlarse de las mujeres que entrevistaron en las afueras de La Paz (Entre Ríos). Todos los testimonios reflejan una enorme miseria y las trabas que tuvieron que sortear para cobrar el subsidio. "Con la pensión, parece mentira, me pude comprar a crédito, una televisión usada, una cama y un colchón", dice Norma. "Hay cuatro camas, pero somos 12 y tengo un nene discapacitado y otro con bajo peso, así que esta ayuda para mí es imprescindible", dice Bety, que tuvo que hacer dos veces los papeles antes de cobrar. "Hace 12 años me lo negaron, pero ahora me lo dieron. Mis hijos hacen ladrillos y algunos pescan. Es el principal ingreso de nuestra casa.", dice Victoria. "Ojalá que nunca me saquen esto, lo necesito", dice Irma. Eva no tuvo esa suerte: hace siete años le rechazaron el pedido y el año pasado no pudieron tramitarlo "porque se había caído el sistema". Ahora está probando de nuevo. Tiene tres hijos que trabajan en el sur; los otros pescan y cazan mulitas. "Hace poco, tuvieron que vender la única vaca lechera que les quedaba". Pero la conclusión de Clarín es otra: intenta probar que las mujeres se dedican a parir para forrarse a expensas del Estado al punto que titula con toda perfidia: "La fábrica de hijos: Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado" (Clarín, 5-4). El diario se alarma porque "desde 2003 se cuadruplicó el padrón de madres con siete hijos" y ya cobran 215.246 mujeres. Omite decir que tal vez ante tenían un empleo que les impedía gestionar la pensión. Pero la nota avanza: el subsidio, apunta, insume un presupuesto anual de 173 millones de pesos, "algo así como la recaudación completa de 40 partidos de la Selección de Maradona en el Monumental". Imposible no recordar que la accionista mayoritaria de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, seguramente no cobró subsidios por los dos hijos de desaparecidos que aún tiene apropiados, pero que la dictadura de Videla le regaló Papel Prensa y el gobierno de Duhalde le licuó una deuda de unos 2.500 millones de dólares. En este campeonato de cínicos se apuntaron un poroto las legisladoras kirchneristas Diana Conti, Teresa García y Juliana Di Tullio, que le escribieron a Herrera de Noble "para que en su condición de mujer" evite que "se reproduzcan notas discriminatorias contra la mujer". Como la señora no les contestó, denunciaron a Clarín ante la justicia por ejercer "violencia mediática" contra las entrevistadas (Crítica, 13/4). Tanta sensibilidad de género, por supuesto, no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres y debe entenderse exclusivamente como una escaramuza más del enfrentamiento entre el gobierno y Clarín. Porque las K se cuidan muy bien de denunciar lo más grave que revela la nota: que 215.246 mujeres y sus hijos sobreviven con 747 pesos al mes. Y que otras diez mil ni siquiera cuentan con eso. Un nuevo ejemplo de que la "cuestión de género" no siempre implica defensa de los intereses de las explotadas. Por el contrario, en este caso, como en tanto otros, se las utiliza para dirimir conflictos entre sectores patronales que no tienen ninguna divergencia respecto de la opresión real de las mujeres.
Olga Cristóbal
Notas publicadas en Prensa Obrera 1079
Fernando Lugo, presidente de Paraguay y ex obispo de la Iglesia Católica, es padre de un niño de dos años, nacido de la joven Viviana Carrillo. Lugo abusó de ella desde 1999, cuando era una adolescente de 16 años, "empleada en una casa de familia" de unos amigos del entonces obispo de San Pedro, uno de los distritos más pobres del país. El obispo la sedujo y le prometió que dejaría los hábitos, y efectivamente los dejó en 2006 -cuando Carrillo ya estaba embarazada-, pero para postularse a la presidencia. El hecho trascendió la semana pasada, cuando Carrillo, que ahora tiene 26, le exigió ante la Justicia que reconozca a su hijo y que le pase una pensión por alimentos. En síntesis: Lugo sedujo a una niña de 16 años con el concurso de los patrones, que consintieron que el obispo durmiera con ella en la casa donde trabajaba. Es un caso rampante de derecho de pernada, paidofilia y abuso sexual de menores ejercido por una autoridad antes eclesiástica y ahora política. El relato de la joven delinea el perfil típico: "Fui seducida con bellas palabras cuando tenía apenas 16 años". Carrillo agregó que Lugo "es celoso y me prohíbe trabajar, lo cual hace mi vida más complicada porque últimamente tengo que mendigarle para asistir a mi hijo". Además, "en una discusión semanas atrás, dentro de un automóvil, Lugo la abofeteó" (Clarín, 14/4). O sea que el paidófilo es un padre abandónico y también un violento. El escándalo generó "un terremoto político" a un gobierno que asumió hace ocho meses en nombre "de la verdad y la transparencia" (Clarín, 9/4). Pero la oposición no lo ataca por abusador sino por "haber estafado" a la Iglesia Católica y a los votantes. "¿Quién le puede creer a un hombre que no sólo ha engañado a la Iglesia Católica, a los que votaron por él y, desde hace ocho meses, a todos los ciudadanos?", preguntó el diputado Ariel Oviedo, hijo de Lino Oviedo (Unace). El senador Julio César Velázquez, del Partido Colorado, pidió a la Iglesia que lo "excomulgue por haber cometido el delito de estupro teniendo responsabilidades episcopales" (La Capital, 14/4). ¿Y si no las hubiera tenido? La Asamblea Episcopal paraguaya hizo mutis por el foro, algún prelado se declaró dolorido por el engaño y el obispo Mario Medina directamente tuvo el descaro de felicitar al presidente "porque es valiente y reconoce lo que hizo" (ídem). Lugo reconoció su paternidad pero se dice víctima de una conspiración. Un comunicado del gobierno sostiene que "es evidente que este caso está inscripto dentro de una campaña de hostigamiento político contra el presidente de la República, quien está liderando un proceso de cambio histórico". El "proceso de cambio histórico" de Lugo abreva en las más caras tradiciones de violencia y abuso contra las niñas y mujeres explotadas por la Iglesia Católica y la oligarquía paraguaya. Olga Cristóbal
Torneo de cínicos
Las mujeres de más de siete hijos pueden cobrar una pensión del Estado nacional de 747 miserables pesos mensuales, lo que da un poco más de 100 por hijo. Dicho de otra manera: un litro de leche diario por chico y dos botellas de aceite a compartir al mes. El subsidio fue establecido hace 20 años por una ley nacional pero el gobierno implementa todo tipo de triquiñuelas para no pagarlo. Hay 9.998 mujeres en lista de espera. Las beneficiarias deben "acreditar que no gozan de jubilación o pensión, que no tienen bienes, ingresos o recursos de subsistencia". O sea que los 747 sean sus únicos ingresos. El tema fue objeto de una nota del diario Clarín, que dedicó dos páginas a difamar y burlarse de las mujeres que entrevistaron en las afueras de La Paz (Entre Ríos). Todos los testimonios reflejan una enorme miseria y las trabas que tuvieron que sortear para cobrar el subsidio. "Con la pensión, parece mentira, me pude comprar a crédito, una televisión usada, una cama y un colchón", dice Norma. "Hay cuatro camas, pero somos 12 y tengo un nene discapacitado y otro con bajo peso, así que esta ayuda para mí es imprescindible", dice Bety, que tuvo que hacer dos veces los papeles antes de cobrar. "Hace 12 años me lo negaron, pero ahora me lo dieron. Mis hijos hacen ladrillos y algunos pescan. Es el principal ingreso de nuestra casa.", dice Victoria. "Ojalá que nunca me saquen esto, lo necesito", dice Irma. Eva no tuvo esa suerte: hace siete años le rechazaron el pedido y el año pasado no pudieron tramitarlo "porque se había caído el sistema". Ahora está probando de nuevo. Tiene tres hijos que trabajan en el sur; los otros pescan y cazan mulitas. "Hace poco, tuvieron que vender la única vaca lechera que les quedaba". Pero la conclusión de Clarín es otra: intenta probar que las mujeres se dedican a parir para forrarse a expensas del Estado al punto que titula con toda perfidia: "La fábrica de hijos: Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado" (Clarín, 5-4). El diario se alarma porque "desde 2003 se cuadruplicó el padrón de madres con siete hijos" y ya cobran 215.246 mujeres. Omite decir que tal vez ante tenían un empleo que les impedía gestionar la pensión. Pero la nota avanza: el subsidio, apunta, insume un presupuesto anual de 173 millones de pesos, "algo así como la recaudación completa de 40 partidos de la Selección de Maradona en el Monumental". Imposible no recordar que la accionista mayoritaria de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, seguramente no cobró subsidios por los dos hijos de desaparecidos que aún tiene apropiados, pero que la dictadura de Videla le regaló Papel Prensa y el gobierno de Duhalde le licuó una deuda de unos 2.500 millones de dólares. En este campeonato de cínicos se apuntaron un poroto las legisladoras kirchneristas Diana Conti, Teresa García y Juliana Di Tullio, que le escribieron a Herrera de Noble "para que en su condición de mujer" evite que "se reproduzcan notas discriminatorias contra la mujer". Como la señora no les contestó, denunciaron a Clarín ante la justicia por ejercer "violencia mediática" contra las entrevistadas (Crítica, 13/4). Tanta sensibilidad de género, por supuesto, no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres y debe entenderse exclusivamente como una escaramuza más del enfrentamiento entre el gobierno y Clarín. Porque las K se cuidan muy bien de denunciar lo más grave que revela la nota: que 215.246 mujeres y sus hijos sobreviven con 747 pesos al mes. Y que otras diez mil ni siquiera cuentan con eso. Un nuevo ejemplo de que la "cuestión de género" no siempre implica defensa de los intereses de las explotadas. Por el contrario, en este caso, como en tanto otros, se las utiliza para dirimir conflictos entre sectores patronales que no tienen ninguna divergencia respecto de la opresión real de las mujeres.
Olga Cristóbal
Notas publicadas en Prensa Obrera 1079
viernes, 27 de marzo de 2009
Conferencia de Prensa y Charla Debate con Mirta Tejerina
Lunes 30 de marzo 11 hs en el Salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados conferencia de prensa de Mirta Tejerina denunciando la situación de Romina y otras internas en el Penal de mujeres de Jujuy.
CHARLA DEBATE LUNES 30 DE MARZO 16 HS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-BAR-ESTACIONAMIENTO
Violencia hacia la mujer:
Romina Tejerina y la lucha por su libertad
Hablarán:
Mirta Tejerina (hermana de Romina Tejerina)
Mariela Solesio (Vice presidente de la FUBA)
Organiza e invita: Plenario de Trabajadoras - UBA (Po + independientes)
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