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En los barrios la trata de personas es una preocupación de todos los días | |
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Según el Partido Obrero, que llega el registro de los casos, sólo los casos de tres mujeres aún desaparecidas han sido denunciados como tales. Pero asegura que son muchísimos más. En medio del frío de la semana, en una reunión realizada en el barrio Solidaridad para advertir sobre los riesgos de la "trata de personas", una mujer contaba una de las tantas historias de jóvenes que un mal día desaparecieron de sus casas. "Aquí mismo una chica comenzó a comunicarse por Internet con un hombre, que un día le dijo que se vaya con él. Se fue, porque aquí vivía en la pobreza, y nunca más la familia supo de ella", señaló una señora durante el encuentro. El caso no está documentado en ninguna denuncia policial, y abona la explicación que más abunda en estos casos: "Se fue con el novio". Pero para la concejal Gabriela Cerrano, es una frase que suele repetirse en las comisarías y que oculta una realidad mucho más grave que las autoridades están dispuestas a aceptar. "El ministro Kosiner ha dicho hace poco que la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia ha rescatado a 70 personas desde su creación. Teniendo en cuenta que esa división funciona desde hace poco más de un año, la cifra es llamativamente alta", señaló Cerrano. Las cifras contrastan con los contados casos que son denunciados como secuestros para trata de personas. Cerrano señala los nombres de María Esther Maidana, de 28 años, desaparecida en el barrio San Benito en diciembre de 2008, y de Cinthia Jurado, del barrio Limache, a la que no se vio más desde febrero de 2009. Y agrega el caso de Mabel Guerra, de 30 años, desaparecida en 2009 de Apolinario Saravia. Pocos casos, para la cantidad de mujeres rescatadas por división policial de trata de personas. "Lo que ocurre es que en las mismas dependencias policiales se desalienta la denuncia por trata de personas. Allí la primera explicación es que la joven seguramente se fue con el novio. O simplemente se asienta como una fuga de hogar." Así se había registrado en 2009 la desaparición de dos nenas de 14 y 15 años en Joaquín V. González, que en septiembre de ese año fueron encontradas en una playón de estacionamiento de camiones en Pampa del Infierno, provincia de Chaco. Pero aunque las crónicas periodísticas del momento señalaban que las investigaciones policiales se habían iniciado por las recurrentes denuncias de fugas del hogar, ningún otro rescate de esos casos tomó estado público. "Y en realidad, recuerda Cerrano, las niñas fueron rescatadas después de la denuncia de un camionero. Porque la mayoría de los rescates han sido posible por la denuncia de los particulares". Una condición que favorece la trata de personas, hace también que los casos sean poco conocidos, y muy difícilmente resueltos. "Quienes trafican con las personas saben muy bien que una familia que vive en la pobreza no tendrá recursos para movilizarse, para buscar a la joven .Ni siquiera para ir a la Ciudad Judicial. Y mucho menos para contratar un abogado. Es, lo que hace un siglo se llamaba "trata blancas" de, mujeres de la Europa del Este". Siguiendo informes de la Organización Mundial para la Inmigración, Cerrano está convencida de que la trata de personas no sería posible sin la connivencia de agentes de las fuerzas de seguridad. Fenómeno, señala, que se agrava teniendo en cuenta la escasa atención del resto de los aparatos estatales. "Los defensores oficiales están repletos de trabajo. Pero la trata de personas es de una magnitud tal, que debería haber defensores específicos para estos casos. Por otro lado, a las 70 mujeres que se las ha rescatado de la explotación sexual. ¿Qué tipo de asistencia se les ha brindado?. | |
| Fuente: Nuevo Diario de Salta |
viernes, 30 de julio de 2010
Denuncia de la Concejal Cerrano del Partido Obrero Salta Capital
lunes, 26 de julio de 2010
Nota publicada en 2007
Reglamentación "progresista" del aborto
POR DETRAS DEL CODIGO PENAL DE 1922
El kirchnerismo y sus aliados plantean como un avance la reglamentación de los abortos no punibles. La Campaña por el Aborto Legal también aplaude estas nuevas trabas a derechos reconocidos desde 1922 por el Código Penal. La Campaña llamó indirectamente a votar a Filmus porque “los inquisidores de siempre se sienten alentados por el triunfo de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, que si se mantiene en la segunda vuelta hará toda una ofensiva contra nuestros derechos” (13/6).
El Congreso discute –ya lo aprobó la Comisión de Salud– una re-reglamentación presentada por Juliana Marino (K) y Silvia Augsburger (del PS). Sin tanto aspaviento, Solá en marzo y Telerman en mayo reglamentaron los abortos no punibles por vía administrativa y el Concejo Deliberante de Rosario lo hizo la semana pasada. Todos fijan algún plazo para la intervención no superior a quince días y ordenan que los abortos se practiquen “sin la exigencia de autorización judicial”.
Precioso. El detalle es que el Código no exige autorización judicial. Por eso este tipo de aborto se practica sin problemas en la medicina privada. En la salud pública, en cambio, “es habitual que los médicos se nieguen a realizarlos sin la venia de un magistrado”, porque el Estado ha cedido el control de los comités de ética y de las jefaturas de obstetricia y ginecología a las camarillas de la Curia. Lo mismo pasa en los servicios de violencia pediátricos y los tribunales del menor y la familia. Los agentes clericales a sueldo del Estado amenazan a los profesionales con bloquearles la matrícula.
Un paso adelante, dos atrás
La re-reglamentación muestra la decisión de no avanzar en la despenalización del aborto. Pero además, la idea de que amedrente a la Curia es ridícula. ¿Por qué los que violan el artículo 86 respetarían su articulado? No es un asunto de ineficacia. Para no confrontar con la Iglesia, las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las garantías establecidas el art. 86, agregando condiciones incumplibles en un sistema de salud desmantelado.
Veamos: el art. 86 dice que no es punible “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta” si 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En este caso, el representante legal debe dar su consentimiento.
Ni autorización judicial, ni denuncia de la violación, ni objeción de conciencia. Sólo el diagnóstico médico y el consentimiento de la gestante. El proyecto y las ordenanzas ya aprobadas, en cambio, fijan “nuevos procedimientos”. Por ejemplo, en el caso de “peligro de vida” (art. 2) se exige su fundamentación “mediante los estudios de diagnóstico pertinentes”. Y en el de “peligro para la salud” (art. 3), que lo fundamente todo un “equipo interdisciplinario mediante los estudios de diagnóstico pertinentes”. ¡Todo un equipo disciplinario en hospitales que no tienen ni anestesista! En el sistema de salud público porteño hay sólo un tomógrafo cada 65.000 personas; en el Conurbano hay nueve para más de 3.500.000. “Hay espacios de más de un millón de habitantes que no cuentan con tomógrafo y varias semanas de 2006 y de 2007 funcionaron sólo dos o tres equipos” (La Nación, 29/5). La situación es peor en el interior. ¿Cuánto van a tardar en reunir “un equipo interdisciplinario” o en hacer “los estudios de diagnóstico”?
Marino y Augsberger se jactan de ampliar la no punibilidad a toda violación. ¡Pero eso está en el Código desde 1922! Hay jurisprudencia, la última de la Cámara Civil de Mar del Plata (Página/12, 5/3). Pero exigen la “constancia de la denuncia policial o trámite judicial”, dejando a la víctima en manos de jueces y policías. También “amplían” en los casos de “feto inviable” (ahora incluidos en “peligro para la salud”). Pero “la inviabilidad del feto debe ser indubitablemente comprobada”. In-du-bi-ta-ble-men-te.
Todos los proyectos permiten la objeción de conciencia, una concesión que vuelve a dejar a los médicos a merced de las presiones de las camarillas.
La Iglesia tomó nota de estos timoratos y salió a doblar la apuesta. En principio, está tratando de que se postergue el tratamiento legislativo del proyecto “a través de sugerencias por escrito a los diputados. Los representantes de la Cámara Baja esta vez prestaron especial atención al planteo episcopal. A esto se sumó un llamado de la Casa Rosada al presidente de la Cámara de Diputados para congelar por un tiempo el tratamiento de la iniciativa” (DyN, 15/6). Si esto no prospera, un documento de la Conferencia Episcopal adelanta un planteo de inconstitucionalidad (La Nación, 4 y 11/6) porque “no existe” en la legislación “derecho a causar la muerte de los propios hijos” ni se puede “excluir del control de los jueces el estudio de un caso en el que se ponga en juego el derecho a la vida” (La Nación, 11/6). Un coro de obispos y voceros de la Curia (La Nación, Carlos Menem y el ex ministro Barra) han comenzado, ellos sí, una campaña. José Arancedo, arzobispo de Santa Fe, pidió “un reconocimiento como defensoras de la vida” a las autoridades del Hospital Iturraspe, las que se negaron a tratar el cáncer a Ana María Acevedo porque obligaba a interrumpir su embarazo.
Pero la horrible realidad no da sosiego. El gobierno dice que el 80% de las mujeres accede a métodos anticonceptivos; sin embargo, entre los ocho menores muertos por el incendio del vagón en Córdoba había dos niñas madres, de 13 y 14 años, y sus hijos. A ellas no llegaron los anticonceptivos. El gobierno asegura que la pastilla del día después se entrega en los hospitales, pero le negaron, primero la pastilla y después el derecho a abortar, a una menor jujeña violada.
El octubre es el Encuentro de Mujeres de Córdoba. Allí estaremos las luchadoras y también las que arrogándose la representación del movimiento de mujeres son habitués de los actos oficiales, avalan su política criminal y hacen campaña para el gobierno. Por eso se niegan a que votemos y a que los talleres del Encuentro se conviertan en asambleas resolutivas. Hay que denunciarlas como agentes de un gobierno que entregó la política sexual y reproductiva a la Curia y avanzar en un plan de lucha por el aborto legal, en defensa de la vida de las mujeres.
Olga Cristóbal
Nota publicada en Prensa Obrera Nº 998 de 2007
Las modificaciones introducidas en estos días a la guía de Ginés González García dan la razón a las críticas que el PO y el Plenario de Trabajadoras realizamos en soledad hace tres años atrás. Para terminar con la penetración oscurantista, separación de la iglesia del estado, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Plenario de Trabajadoras
domingo, 18 de julio de 2010
EL SIGNIFICADO DE UNA VICTORIA
La aprobación del matrimonio igualitario es una incuestionable victoria de los derechos democráticos, contra el clero y contra la reacción política.
“Estamos bajo una fuerte presión externa”, dijo Rodríguez Saa, anticipando la derrota del rechazo al matrimonio gay, minutos antes de la votación. En una sociedad caracterizada por la represión a la juventud, la discriminación laboral, el trabajo en negro y la opresión extrema a la mujer trabajadora, el reclamo del matrimonio igualitario se ganó una inocultable simpatía popular. El Senado deliberó bajo esa presión.
La derrota de la Iglesia debe medirse con referencia a la brutal escalada que lanzó contra esta ley. Esa ofensiva se extendió a todo el país, y culminó en la movilización lanzada sobre el Congreso en la tarde de este martes. La Iglesia jugó recursos cuantiosos para la concurrencia de parroquias distritales, colegios e instituciones religiosas de todo tipo.
Estas acciones acompañaron a las manipuladas “audiencias” de la senadora clerical Negre de Alonso, donde los agentes del clero y del capital se unían para condenar al matrimonio homosexual. En respuesta a estas expresiones reaccionarias, en la mayoría de las provincias se desarrollaron contramarchas y asambleas en defensa del matrimonio igualitario.
Miseria política
La ajustada votación revela hasta qué punto la hostilidad a los derechos democráticos domina la agenda de los partidos capitalistas. Esa oposición fue disimulada con la “libertad de conciencia” que todos ellos otorgaron a sus legisladores. El gobierno K, que se atribuye el impulso del proyecto, no pudo disciplinar a una parte importante de sus senadores del interior. De esa deserción no se salvó siquiera el “fiel” Scioli, quien llamó a “despolitizar” el debate, o sea que se declaró neutral ante la ofensiva del clero. Cristina Kirchner permaneció en silencio durante todo el tratamiento parlamentario. Tardíamente, salió a criticar al “oscurantismo”, cuando la Iglesia se largó a una ofensiva de carácter general.
La mezquindad oficial sólo se parangona con la de sus opositores capitalistas. En el radicalismo, votaron a favor del proyecto sus principales voceros políticos, como Morales o Sanz. Pero por abajo, la mayoría de sus senadores votó compactamente junto al clero. Carrió, que se abstuvo en Diputados, buscó hasta el último minuto una variante de compromiso con la Iglesia. Los partidos históricos de la burguesía son tan dependientes de las capillas confesionales como de los grupos capitalistas que los financian.
Síntoma político
Con su ofensiva contra el matrimonio homosexual, la Iglesia quería introducir una agenda de mayor alcance, que sirviera de base para un reagrupamiento político derechista. Ese programa planteaba el fin de los juicios militares en nombre de la “reconciliación”, el archivo definitivo para el derecho al aborto, tal como lo plantearon varios obispos en sus homilías.
La derrota del Senado es un golpe a esa agenda reaccionaria. Ni qué decir que el kirchnerismo, que enfrentó tardíamente esa ofensiva clerical, pretenderá adjudicarse la conquista. Pero la capacidad de un gobierno de explotar una victoria democrática está condicionada al carácter más general de su orientación política. En este plano, sus límites son inexorables. El mismo gobierno que se enarbola con el matrimonio homosexual juró vetar la causa popular más importante del momento, o sea, la elevación de las jubilaciones al 82% del mínimo y su actualización con los salarios. En la misma noche de la votación del Senado, el oficialismo pugnaba por acomodar la ley de glaciares a los intereses de la Barrick Gold
La victoria del matrimonio homosexual es un acicate para la conquista de todos los reclamos democráticos y sociales pendientes, desde el derecho al aborto hasta la conquista del 82% móvil. Pero no podemos delegar las batallas que se vienen en los partidos o direcciones gremiales atadas al capital y a la reacción política. Tomemos en nuestras manos la lucha por el salario, las jubilaciones y los derechos democráticos, para desarrollar sobre esa base una alternativa política propia.
(Tapa Prensa Obrera Nº1137)
“Estamos bajo una fuerte presión externa”, dijo Rodríguez Saa, anticipando la derrota del rechazo al matrimonio gay, minutos antes de la votación. En una sociedad caracterizada por la represión a la juventud, la discriminación laboral, el trabajo en negro y la opresión extrema a la mujer trabajadora, el reclamo del matrimonio igualitario se ganó una inocultable simpatía popular. El Senado deliberó bajo esa presión.
La derrota de la Iglesia debe medirse con referencia a la brutal escalada que lanzó contra esta ley. Esa ofensiva se extendió a todo el país, y culminó en la movilización lanzada sobre el Congreso en la tarde de este martes. La Iglesia jugó recursos cuantiosos para la concurrencia de parroquias distritales, colegios e instituciones religiosas de todo tipo.
Estas acciones acompañaron a las manipuladas “audiencias” de la senadora clerical Negre de Alonso, donde los agentes del clero y del capital se unían para condenar al matrimonio homosexual. En respuesta a estas expresiones reaccionarias, en la mayoría de las provincias se desarrollaron contramarchas y asambleas en defensa del matrimonio igualitario.
Miseria política
La ajustada votación revela hasta qué punto la hostilidad a los derechos democráticos domina la agenda de los partidos capitalistas. Esa oposición fue disimulada con la “libertad de conciencia” que todos ellos otorgaron a sus legisladores. El gobierno K, que se atribuye el impulso del proyecto, no pudo disciplinar a una parte importante de sus senadores del interior. De esa deserción no se salvó siquiera el “fiel” Scioli, quien llamó a “despolitizar” el debate, o sea que se declaró neutral ante la ofensiva del clero. Cristina Kirchner permaneció en silencio durante todo el tratamiento parlamentario. Tardíamente, salió a criticar al “oscurantismo”, cuando la Iglesia se largó a una ofensiva de carácter general.
La mezquindad oficial sólo se parangona con la de sus opositores capitalistas. En el radicalismo, votaron a favor del proyecto sus principales voceros políticos, como Morales o Sanz. Pero por abajo, la mayoría de sus senadores votó compactamente junto al clero. Carrió, que se abstuvo en Diputados, buscó hasta el último minuto una variante de compromiso con la Iglesia. Los partidos históricos de la burguesía son tan dependientes de las capillas confesionales como de los grupos capitalistas que los financian.
Síntoma político
Con su ofensiva contra el matrimonio homosexual, la Iglesia quería introducir una agenda de mayor alcance, que sirviera de base para un reagrupamiento político derechista. Ese programa planteaba el fin de los juicios militares en nombre de la “reconciliación”, el archivo definitivo para el derecho al aborto, tal como lo plantearon varios obispos en sus homilías.
La derrota del Senado es un golpe a esa agenda reaccionaria. Ni qué decir que el kirchnerismo, que enfrentó tardíamente esa ofensiva clerical, pretenderá adjudicarse la conquista. Pero la capacidad de un gobierno de explotar una victoria democrática está condicionada al carácter más general de su orientación política. En este plano, sus límites son inexorables. El mismo gobierno que se enarbola con el matrimonio homosexual juró vetar la causa popular más importante del momento, o sea, la elevación de las jubilaciones al 82% del mínimo y su actualización con los salarios. En la misma noche de la votación del Senado, el oficialismo pugnaba por acomodar la ley de glaciares a los intereses de la Barrick Gold
La victoria del matrimonio homosexual es un acicate para la conquista de todos los reclamos democráticos y sociales pendientes, desde el derecho al aborto hasta la conquista del 82% móvil. Pero no podemos delegar las batallas que se vienen en los partidos o direcciones gremiales atadas al capital y a la reacción política. Tomemos en nuestras manos la lucha por el salario, las jubilaciones y los derechos democráticos, para desarrollar sobre esa base una alternativa política propia.
(Tapa Prensa Obrera Nº1137)
viernes, 25 de junio de 2010
Matrimonio Gay Los K la miran pasar
MATRIMONIO GAY
Los K la miran pasar
Aunque la cantidad de indecisos en todos los bloques (y las posibles ausencias) vuelve incierta la votación del matrimonio gay en el senado, la paridad será mayor a la prevista. A caballo de esa situación, la Iglesia Católica y la Evangélica han lanzado una fuerte embestida para que la cuestión pase a archivo. Sin renunciar al rechazo (su pretensión de máxima), ahora tolerarían la unión civil siempre y cuando se la excluya del derecho a adoptar. Es un recule en el contexto de una intensa agitación de la Iglesia en contra del proyecto, que cuenta con media sanción, a escala de todo el país. Como parte de esta campaña, propuso llevar el debate a audiencias públicas en las legislaturas provinciales, una cruzada que se lleva adelante con la neutralidad de los gobiernos provinciales en algunos casos, y en otros –como Urtubey en Salta– apoyando resueltamente la ofensiva confesional.
A la cabeza de la escalada de audiencias, está la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Liliana Negre de Alonso (PJ disidente), una confesa integrante del Opus Dei. Evangélicos y católicos refuerzan la presión con movilizaciones callejeras de sus aparatos, que en el caso de Tucumán fueron respondidas. Negre de Alonso se ha negado a recibir a la Federación de gays y lesbianas, pero tiene la agenda saturada de citas con obispos. En el Chaco, directamente prohibió que la Federación interviniera en el debate. En Mendoza, los senadores sólo se reunirán con las Iglesias.
Los “K” y el progresismo
El kirchnerismo, que no se privó de hacer demagogia con el matrimonio gay, asiste impasible a esta escalada de la derecha confesional. Los K miran pasar el trámite de una ley que, en verdad, buscaron esquivar de todas formas. En una primera instancia, apostaron a que la cuestión del matrimonio gay fuera por la vía de acciones y fallos judiciales, sin pasar por un debate de fondo en el Congreso. Primero, tropezaron en la justicia porteña, bajo el fuego cruzado de Macri y Bergoglio. Luego, intentaron fundar el precedente del matrimonio gay en un juzgado de Ushuaia, y se toparon con una impugnación judicial posterior. Sólo después de esos fracasos, admitieron iniciar un trámite político y parlamentario en el Congreso.
Después de la demagogia en Diputados, donde Néstor Kirchner bajó a votar, los K y el progresismo depositaron el proyecto en un Senado sometido a cepos reaccionarios que ellos mismos contribuyeron a edificar. Por una parte, tanto el oficialismo como los radicales le dieron “libertad de voto” a sus senadores. Por la otra, cabe recordar que estos partidos –y también el “socialismo”– votaron como titular de la Comisión respectiva a la clerical Negre, a sabiendas que entregaban al Opus Dei el ámbito donde debe discutirse el matrimonio gay y cualquier flexibilización del derecho al aborto. En tanto, la mayoría absoluta del PJ disidente y el PRO actúan, casi sin fisuras, como voceros oficiosos del clero.
Mientras los sectores más reaccionarios ganan la calle, los K no están dispuestos a hacer nada que los lleve a un choque de fondo con la Iglesia o con la mayoría de “sus gobernadores”, atados por mil lazos a los lobbys más oscurantistas del interior. La conclusión es clara: una causa democrática y anticlerical extraordinaria, que logró hacer recular al clero y logró la adhesión de gran parte de la población, no puede quedar en manos de los K y los partidos del régimen. Para quebrar el fabuloso lobby clerical, se impone una movilización de carácter independiente.
A la cabeza de la escalada de audiencias, está la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Liliana Negre de Alonso (PJ disidente), una confesa integrante del Opus Dei. Evangélicos y católicos refuerzan la presión con movilizaciones callejeras de sus aparatos, que en el caso de Tucumán fueron respondidas. Negre de Alonso se ha negado a recibir a la Federación de gays y lesbianas, pero tiene la agenda saturada de citas con obispos. En el Chaco, directamente prohibió que la Federación interviniera en el debate. En Mendoza, los senadores sólo se reunirán con las Iglesias.
Los “K” y el progresismo
El kirchnerismo, que no se privó de hacer demagogia con el matrimonio gay, asiste impasible a esta escalada de la derecha confesional. Los K miran pasar el trámite de una ley que, en verdad, buscaron esquivar de todas formas. En una primera instancia, apostaron a que la cuestión del matrimonio gay fuera por la vía de acciones y fallos judiciales, sin pasar por un debate de fondo en el Congreso. Primero, tropezaron en la justicia porteña, bajo el fuego cruzado de Macri y Bergoglio. Luego, intentaron fundar el precedente del matrimonio gay en un juzgado de Ushuaia, y se toparon con una impugnación judicial posterior. Sólo después de esos fracasos, admitieron iniciar un trámite político y parlamentario en el Congreso.
Después de la demagogia en Diputados, donde Néstor Kirchner bajó a votar, los K y el progresismo depositaron el proyecto en un Senado sometido a cepos reaccionarios que ellos mismos contribuyeron a edificar. Por una parte, tanto el oficialismo como los radicales le dieron “libertad de voto” a sus senadores. Por la otra, cabe recordar que estos partidos –y también el “socialismo”– votaron como titular de la Comisión respectiva a la clerical Negre, a sabiendas que entregaban al Opus Dei el ámbito donde debe discutirse el matrimonio gay y cualquier flexibilización del derecho al aborto. En tanto, la mayoría absoluta del PJ disidente y el PRO actúan, casi sin fisuras, como voceros oficiosos del clero.
Mientras los sectores más reaccionarios ganan la calle, los K no están dispuestos a hacer nada que los lleve a un choque de fondo con la Iglesia o con la mayoría de “sus gobernadores”, atados por mil lazos a los lobbys más oscurantistas del interior. La conclusión es clara: una causa democrática y anticlerical extraordinaria, que logró hacer recular al clero y logró la adhesión de gran parte de la población, no puede quedar en manos de los K y los partidos del régimen. Para quebrar el fabuloso lobby clerical, se impone una movilización de carácter independiente.
Olga Cristóbal
(publicado en Prensa Obrera 1133)
Por qué se oponen al matrimonio homosexual
DE LOS DERECHOS DEMOCRATICOS A LA COOPTACION
Por qué se oponen al matrimonio homosexual
El derecho al matrimonio para gays y lesbianas es una reivindicación democrática, un principio elemental de igualdad ante la ley. Su violación confina a la inexistencia civil a las parejas y las priva (junto con sus hijos) de numerosos derechos: la adopción conjunta y la tenencia compartida, obra social, planes sociales, de vivienda, pensión jubilatoria, derecho a la herencia o a decidir cuidados médicos si el otro cónyuge no puede hacerlo por sí mismo. La mayoría de los homosexuales están obligados a una doble vida y a disimular su condición para obtener y mantener un empleo. El doble estándar jurídico devela el carácter homofóbico del Estado, responsable del cotidiano maltrato que reciben las personas GLTTB. Las iglesias son la usina ideológica del odio contra quienes desacatan la norma heterosexual.
La derecha cavernícola se opone a que los homosexuales adopten porque, dice, criarse con adultos del mismo sexo sería dañoso para los chicos, que necesitan un padre y una madre para su desarrollo “normal”. El infundio –que confunde deliberadamente biología y cultura, función parental y sexo– es refutado por la Organización Mundial de la Salud y las corrientes psi no confesionales. Los heterosexistas soslayan que la crisis terminal de su modelo de familia ha llevado a que gran parte de los chicos conviva con un solo adulto (usualmente la madre, una abuela, una tía) o en familias ensambladas. Ocultan que el capitalismo es el más enérgico destructor de la familia tradicional vía la pauperización, el desempleo y el trabajo precario, las extensas jornadas laborales, la falta de vivienda, la descalificación de los ancianos, el acoso a los jóvenes. También ocultan que la ley de adopción no inhabilita por orientación sexual, aunque los jueces y las ONG católicas encargadas de evaluar la “adoptabilidad” bloqueen la adopción a personas solas ante la posibilidad de que sean homosexuales.
Por el contrario, son los hijos de las parejas homosexuales los que están privados de todo derecho respecto del padre o la madre que carece de vínculo legal con ellos, y viceversa. Además, muchas veces son obligados a clandestinizar, desde la primera infancia, su entorno familiar.
La política capitalista de regimentación de la sexualidad impulsa el andamiaje social homofóbico, expresado en la imposición estatal y religiosa de la norma heterosexual, defendida como “orden natural” con funciones reproductivas. La maternidad compulsiva –supuesta “determinación natural y función social” (¿¡) inexorable de las mujeres “normales”– y la prohibición del aborto son otros de sus bastiones. El desafío a la norma heterosexual y su familia modelo, para reivindicar una sexualidad disociada de la reproducción y regida por el “improductivo” principio del placer, es una disidencia política –sean o no concientes de ello quienes la ejercen con el capitalismo. Esto explica la homofobia del régimen social y de los aparatos religiosos, que consideran a la homosexualidad corrosiva para el disciplinamiento moral de las masas.
Todo cambia
El matrimonio es una creación cultural cambiante y el capitalismo muchas veces debió tolerar modificaciones que significan la ampliación de derechos. La ley del matrimonio civil en la Argentina es un ejemplo. Su primera versión (1871), sujeta al derecho canónico, sólo reconoció el matrimonio entre católicos y los hijos de él surgidos, y sometió a la mujer y a la prole a la autoridad del jefe de familia. Recién en 1888, el Estado casó a personas de otros credos y en 1924 amplió la autonomía de las casadas. Hasta 1968, los hijos nacidos fuera del matrimonio no obtuvieron igualdad jurídica. En los ’80, se reconocieron los derechos de la madre (patria potestad compartida). Las concubinas y concubinos tuvieron hasta la sanción del divorcio (1987) el mismo estatuto ilegal que hoy tienen gays y lesbianas.
Por supuesto que la obtención del matrimonio para las parejas del mismo sexo no solucionará las opresiones que comparten con las parejas heterosexuales de las clases explotadas. La igualdad jurídica servirá –como ocurrió en el pasado, cuando la conquistaron los trabajadores y las mujeres– para develar que esa desigualdad no es causa sino uno de los efectos de la vasta opresión del régimen de clases.
Sin embargo, un sector del capitalismo se inclina por “normalizar” a las parejas homosexuales, asimilándolas como “familias diferentes”, pero familias al fin. Es el señuelo de la fuerte política de cooptación del movimiento GLTTB en todo el mundo, que asfixió en la mayoría cualquier cuestionamiento integral al régimen social.
La “asimilación”, claro, reproducirá las lacras del régimen social que la promueve, generando más “asimilados” que otros. ¿Matrimonio gay y asesinato de travestis? ¿Hoteles gay 5 estrellas y despido de maestras lesbianas? Un trolo pobre jamás recibirá el trato que el profesional gay mientras está protegido –encerrado– por el circuito gay friendly. Y mucho menos una travesti, inasimilable por el mercado de trabajo, condenada a prostituirse, sometida a prácticas quirúrgicas clandestinas, perseguida por la policía. No hay matrimonio gay que altere la opresión a las mujeres por muy lesbianas que sean: ganan el 70% del salario masculino y muchas tienen hijos que mantener (por eso el marketing de consumo gay se orienta a los varones).
Vivir una homosexualidad libre de discriminación –el restringido programa de los derechos civiles del movimiento GLTTB– es una ilusión bajo un sistema fundado, justamente, en múltiples opresiones. Como todo derecho democrático, exige total independencia política de las clases y partidos que lo sostienen y luchar por otro régimen social.
Olga Cristobal
(publicado en Prensa Obrera 1134)
La derecha cavernícola se opone a que los homosexuales adopten porque, dice, criarse con adultos del mismo sexo sería dañoso para los chicos, que necesitan un padre y una madre para su desarrollo “normal”. El infundio –que confunde deliberadamente biología y cultura, función parental y sexo– es refutado por la Organización Mundial de la Salud y las corrientes psi no confesionales. Los heterosexistas soslayan que la crisis terminal de su modelo de familia ha llevado a que gran parte de los chicos conviva con un solo adulto (usualmente la madre, una abuela, una tía) o en familias ensambladas. Ocultan que el capitalismo es el más enérgico destructor de la familia tradicional vía la pauperización, el desempleo y el trabajo precario, las extensas jornadas laborales, la falta de vivienda, la descalificación de los ancianos, el acoso a los jóvenes. También ocultan que la ley de adopción no inhabilita por orientación sexual, aunque los jueces y las ONG católicas encargadas de evaluar la “adoptabilidad” bloqueen la adopción a personas solas ante la posibilidad de que sean homosexuales.
Por el contrario, son los hijos de las parejas homosexuales los que están privados de todo derecho respecto del padre o la madre que carece de vínculo legal con ellos, y viceversa. Además, muchas veces son obligados a clandestinizar, desde la primera infancia, su entorno familiar.
La política capitalista de regimentación de la sexualidad impulsa el andamiaje social homofóbico, expresado en la imposición estatal y religiosa de la norma heterosexual, defendida como “orden natural” con funciones reproductivas. La maternidad compulsiva –supuesta “determinación natural y función social” (¿¡) inexorable de las mujeres “normales”– y la prohibición del aborto son otros de sus bastiones. El desafío a la norma heterosexual y su familia modelo, para reivindicar una sexualidad disociada de la reproducción y regida por el “improductivo” principio del placer, es una disidencia política –sean o no concientes de ello quienes la ejercen con el capitalismo. Esto explica la homofobia del régimen social y de los aparatos religiosos, que consideran a la homosexualidad corrosiva para el disciplinamiento moral de las masas.
Todo cambia
El matrimonio es una creación cultural cambiante y el capitalismo muchas veces debió tolerar modificaciones que significan la ampliación de derechos. La ley del matrimonio civil en la Argentina es un ejemplo. Su primera versión (1871), sujeta al derecho canónico, sólo reconoció el matrimonio entre católicos y los hijos de él surgidos, y sometió a la mujer y a la prole a la autoridad del jefe de familia. Recién en 1888, el Estado casó a personas de otros credos y en 1924 amplió la autonomía de las casadas. Hasta 1968, los hijos nacidos fuera del matrimonio no obtuvieron igualdad jurídica. En los ’80, se reconocieron los derechos de la madre (patria potestad compartida). Las concubinas y concubinos tuvieron hasta la sanción del divorcio (1987) el mismo estatuto ilegal que hoy tienen gays y lesbianas.
Por supuesto que la obtención del matrimonio para las parejas del mismo sexo no solucionará las opresiones que comparten con las parejas heterosexuales de las clases explotadas. La igualdad jurídica servirá –como ocurrió en el pasado, cuando la conquistaron los trabajadores y las mujeres– para develar que esa desigualdad no es causa sino uno de los efectos de la vasta opresión del régimen de clases.
Sin embargo, un sector del capitalismo se inclina por “normalizar” a las parejas homosexuales, asimilándolas como “familias diferentes”, pero familias al fin. Es el señuelo de la fuerte política de cooptación del movimiento GLTTB en todo el mundo, que asfixió en la mayoría cualquier cuestionamiento integral al régimen social.
La “asimilación”, claro, reproducirá las lacras del régimen social que la promueve, generando más “asimilados” que otros. ¿Matrimonio gay y asesinato de travestis? ¿Hoteles gay 5 estrellas y despido de maestras lesbianas? Un trolo pobre jamás recibirá el trato que el profesional gay mientras está protegido –encerrado– por el circuito gay friendly. Y mucho menos una travesti, inasimilable por el mercado de trabajo, condenada a prostituirse, sometida a prácticas quirúrgicas clandestinas, perseguida por la policía. No hay matrimonio gay que altere la opresión a las mujeres por muy lesbianas que sean: ganan el 70% del salario masculino y muchas tienen hijos que mantener (por eso el marketing de consumo gay se orienta a los varones).
Vivir una homosexualidad libre de discriminación –el restringido programa de los derechos civiles del movimiento GLTTB– es una ilusión bajo un sistema fundado, justamente, en múltiples opresiones. Como todo derecho democrático, exige total independencia política de las clases y partidos que lo sostienen y luchar por otro régimen social.
Olga Cristobal
(publicado en Prensa Obrera 1134)
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