NENINA EN EL DIARIO CRITICA
El caso Tejerina llega al teatro
El terrible suceso que inspiró una canción de León Gieco ahora es tema central de "Nenina", la obra que abre el XXIII Encuentro Nacional de Mujeres en Neuquén.
Primero una canción y ahora una obra teatral. En 2005, León Gieco le dedicó a Romina Tejerina "Santa Tejerina", que le valió una denuncia de "apología del delito", causa por la que fue sobreseído al año siguiente. El viernes pasado se estrenó "Nenina", un unipersonal inspirado en la chica jujeña, hoy de 25 años, presa desde el 23 de febrero de 2003, cuando mató a la beba recién nacida que había gestado a causa de una violación, por lo que fue condenada a una pena de 14 años.
Dirigida por el actor y director Iván Moschner e interpretada por la pintora y actriz Luciana Morcillo, "Nenina" es la creación conjunta de ambos, a la que se sumó la periodista Olga Viglieca. La presentación oficial será el sábado 16 en Neuquén, en el marco del XXIII Encuentro Nacional de Mujeres. Posteriormente, la intención de los autores es continuar con la obra en el Centro Cultural "20 de Diciembre", en Barracas (Ituzaingó 747), donde Moschner es docente de teatro y Morcillo de plástica.
"Tus manos, tus ojos, tu sonrisa, tu ilusión, tu inocencia" es el comienzo de la poesía que Morcillo le escribió a Tejerina, muy afectada por su caso desde que se inició. "Ella es la única que está presa mientras el violador está libre", dice. Integrante del Plenario de Trabajadoras -grupo de militantes del Partido Obrero y mujeres que no participan de organizaciones partidarias-, Morcillo reivindica el teatro como herramienta de denuncia y lucha social. "Son temas que ahora no se abordan", considera.
El personaje interpretado por la actriz de 34 años, en su primera incursión teatral, es Milena, una mujer de treinta años (vestido floreado, pelo recogido, anteojos) que trabaja en una oficina y decide enviarle a Tejerina un mensaje grabado a la cárcel. "Le llevé a Iván, mi maestro de teatro, unos textos míos relacionados con lo femenino, entre los que estaba el poema a Romina y él me sugirió que alrededor de ese caso debía girar la obra", cuenta. Acerca del título elegido, explica que "Nenina es una forma cariñosa de llamar a alguien y así es como Milena la llama a Romina. A medida que avanza la obra, se va revelando que se trata de ella. Además, suena parecido".
Mientras tanto, Tejerina continúa en la cárcel; en abril la Corte Suprema rechazó -en fallo dividido- la apelación presentada por la defensa. Para Morcillo, es una injusticia sobre la que el arte, sin descuidar sus propias reglas, debe comprometerse: "Hay muchísimos casos como el de Romina, de violaciones, de abortos ilegales, de violencia, en todo el país y en el mundo".
miércoles, 20 de agosto de 2008
"Brusco aumento" de la muerte materna
La muerte materna en el país tuvo un "brusco aumento" del 19% respecto de 2005; el promedio nacional es de 48 cada 100.000.1 "Son niveles muy altos que no se condicen con el nivel de avance del país, y afecta a mujeres muy pobres" (La Capital, 23/6) ¿Qué mejor prueba de la política gubernamental contra las mujeres? Los datos son tan calamitosos que Ocaña se excusó de hablar en el congreso de expertos del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el PNUD, etc., que se realiza en Buenos Aires. La Argentina está por detrás de toda Latinoamérica; en Uruguay y Chile, por ejemplo, el índice es de 13 cada cien mil. La mitad de las mujeres no tienen ninguna cobertura en salud y hay un crecimiento pavoroso de las brechas regionales: mientras en Jujuy la muerte materna es la más alta del país, con 165 cada 100.000; en la ciudad de Buenos Aires es de 18, casi 15 veces menos, aunque habría que diferenciar la estadística de Recoleta de la de Pompeya.
Silvina Ramos, informante por la Argentina, señaló que el 95% de los partos y el 85% de las muertes ocurren en el hospital. Pero que hay diez veces más riesgo de morir en las maternidades pequeñas (menos de 1.500 partos anuales) que en instituciones más grandes, algo que explicó por la falta de infraestructura adecuada y el poco entrenamiento profesional en la emergencia obstétrica.
El control médico durante el embarazo, indispensable para disminuir la muerte materna, también refleja una enorme desigualdad: en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, 9 de cada 10 gestantes tienen varios controles prenatales. El promedio cae verticalmente en el Norte, donde casi el 3% llega al parto sin ningún control previo. Daisy Mafubelu, subdirectora de la OMS, dijo: "Estas disparidades sólo se revertirán si el gobierno le da al sistema de salud los recursos necesarios y garantiza la cantidad adecuada de profesionales preparados para lidiar con las complicaciones obstétricas". Echale agua.
Como desde hace ya 25 años, el aborto ilegal es responsable del 30% de las muertes, un escándalo que la Argentina comparte sólo con Jamaica y Trinidad Tobago. Aún así, el índice es engañoso, porque el aborto se enmascara detrás de la segunda causa de muerte -infecciones, hemorragias- para evitar la denuncia policial. "Las complicaciones por aborto ilegal es un gran asesino de mujeres. Si esta causa se eliminara descendería inmediatamente la mortalidad materna", opinó el belga Paul Van Look, director de la OMS. Otro punto destacado como "problema crítico" fue "la inequidad en el acceso a la anticoncepción".
Estos datos, hasta ahora prolijamente ocultados, clarifican la discusión política en los talleres de aborto y anticoncepción en el próximo Encuentro de Mujeres. Mientras la centroizquierda y sus agentes en los Encuentros nacionales insistieron en atar la lucha por el aborto legal a las promesas de Ginés y el kirchnerismo, éstos demolieron la salud pública en general y la salud de las mujeres en particular. La rosca con los diputados progres, los monitoreos y consultorías con los ministerios, la sustitución de la lucha por el aborto legal por variantes devaluadas como la reglamentación o ampliación de los abortos no punibles sólo han servido para desmoralizar el movimiento. Mientras tanto, las mujeres más pobres pagan con su vida las políticas gubernamentales. El Encuentro de Neuquén es el ámbito para desarrollar un balance que nos permitan definir una política y una estrategia capaz de enfrentar a los responsables de esta catástrofe social que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres.
Olga Cristóbal
1. Todos los datos en Página/12, La Nación, Clarín y La Capital, 24/6.
La muerte materna en el país tuvo un "brusco aumento" del 19% respecto de 2005; el promedio nacional es de 48 cada 100.000.1 "Son niveles muy altos que no se condicen con el nivel de avance del país, y afecta a mujeres muy pobres" (La Capital, 23/6) ¿Qué mejor prueba de la política gubernamental contra las mujeres? Los datos son tan calamitosos que Ocaña se excusó de hablar en el congreso de expertos del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el PNUD, etc., que se realiza en Buenos Aires. La Argentina está por detrás de toda Latinoamérica; en Uruguay y Chile, por ejemplo, el índice es de 13 cada cien mil. La mitad de las mujeres no tienen ninguna cobertura en salud y hay un crecimiento pavoroso de las brechas regionales: mientras en Jujuy la muerte materna es la más alta del país, con 165 cada 100.000; en la ciudad de Buenos Aires es de 18, casi 15 veces menos, aunque habría que diferenciar la estadística de Recoleta de la de Pompeya.
Silvina Ramos, informante por la Argentina, señaló que el 95% de los partos y el 85% de las muertes ocurren en el hospital. Pero que hay diez veces más riesgo de morir en las maternidades pequeñas (menos de 1.500 partos anuales) que en instituciones más grandes, algo que explicó por la falta de infraestructura adecuada y el poco entrenamiento profesional en la emergencia obstétrica.
El control médico durante el embarazo, indispensable para disminuir la muerte materna, también refleja una enorme desigualdad: en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, 9 de cada 10 gestantes tienen varios controles prenatales. El promedio cae verticalmente en el Norte, donde casi el 3% llega al parto sin ningún control previo. Daisy Mafubelu, subdirectora de la OMS, dijo: "Estas disparidades sólo se revertirán si el gobierno le da al sistema de salud los recursos necesarios y garantiza la cantidad adecuada de profesionales preparados para lidiar con las complicaciones obstétricas". Echale agua.
Como desde hace ya 25 años, el aborto ilegal es responsable del 30% de las muertes, un escándalo que la Argentina comparte sólo con Jamaica y Trinidad Tobago. Aún así, el índice es engañoso, porque el aborto se enmascara detrás de la segunda causa de muerte -infecciones, hemorragias- para evitar la denuncia policial. "Las complicaciones por aborto ilegal es un gran asesino de mujeres. Si esta causa se eliminara descendería inmediatamente la mortalidad materna", opinó el belga Paul Van Look, director de la OMS. Otro punto destacado como "problema crítico" fue "la inequidad en el acceso a la anticoncepción".
Estos datos, hasta ahora prolijamente ocultados, clarifican la discusión política en los talleres de aborto y anticoncepción en el próximo Encuentro de Mujeres. Mientras la centroizquierda y sus agentes en los Encuentros nacionales insistieron en atar la lucha por el aborto legal a las promesas de Ginés y el kirchnerismo, éstos demolieron la salud pública en general y la salud de las mujeres en particular. La rosca con los diputados progres, los monitoreos y consultorías con los ministerios, la sustitución de la lucha por el aborto legal por variantes devaluadas como la reglamentación o ampliación de los abortos no punibles sólo han servido para desmoralizar el movimiento. Mientras tanto, las mujeres más pobres pagan con su vida las políticas gubernamentales. El Encuentro de Neuquén es el ámbito para desarrollar un balance que nos permitan definir una política y una estrategia capaz de enfrentar a los responsables de esta catástrofe social que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres.
Olga Cristóbal
1. Todos los datos en Página/12, La Nación, Clarín y La Capital, 24/6.
La Iglesia, entregadora de bebés nacidos en cautiverio
El Movimiento Familiar Cristiano (MFC), laicos de la Iglesia Católica, fue "uno de los vehículos utilizado para lograr adopciones de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en Campo de Mayo" (Crítica, 31/7). Las Abuelas informaron que en el hospital del cuartel se hallaron partidas de nacimiento y que en la Secretaría del Menor "aparecieron escondidas decenas de fichas de adopciones favorecidas por el MFC".
El juzgado de Jorge Ballesteros, a su vez, encontró en la sede del MFC fichas de bebés inscriptos con nombre falso en hospitales y "por lo menos otras seis" sin ningún dato. Una tal señora Link recibía a los adoptantes y a los bebés secuestrados y hacía los registros "con los datos de ingresos de bebés y de los adoptantes". Este "entramado que permitía ‘el blanqueo' de los chicos nacidos en cautiverio" se confirmó a partir de la recuperación de Belén Altamiranda Taranto, hija de militantes del PRT. Belén nació en Campo de Mayo y tenía tres meses cuando "el MFC la entregó en adopción a una familia".
El personal judicial que "fue" a la sede del MFC -¿la allanaron o qué?- "no imaginaban que del otro lado lo esperaba la confirmación de lo que venía investigando desde hace años": que el MFC era "una especie de agencia de adopción para familias civiles y militares". ¿Cuál es la sorpresa? La causa para determinar el destino de no menos de veinte bebés nacidos en Campo de Mayo comenzó en 1999. Médicos y enfermeras confirmaron que traían embarazadas -todas están desaparecidas- desde otras cárceles clandestinas, que parían encadenadas y encapuchadas. También que el actual obispo Federico Gogala iba a la maternidad y presenció algunos partos. Que había monjas de la congregación Cristo Rey. "La sospecha de la participación de la Iglesia en la apropiación de niños en Campo de Mayo no es para nada descabellada", afirmó Luciano Hazan, abogado de Abuelas (Página/12, 14/10/07).
Ballesteros no interrogó ni a Gogala, ni a las monjas, ni a los responsables del MFC. Si lo hiciera, tal vez volvería a sorprenderse. Actualmente, el MFC se ocupa de facilitar trámites de adopción y garantizar la catadura moral de los adoptantes. Pero, además, tiene chicos en guarda. Se los entrega la Justicia para que los alberguen en sus Hogares de Belén (hay en todo el país) hasta que "se resuelve la situación legal".
Según el MFC, ofrecieron "ese servicio" por primera vez a los Juzgados de Menores de Rosario, en 1982. EL MFC oculta que el vínculo con el bebé es previo a la intervención judicial, algo de lo que se jactan en los Encuentros de Mujeres las militantes de los Hogares de Belén (cuya presencia en los Encuentros es impuesta en nombre de la "democracia"). En Jujuy, decían "haber convencido" a 6.000 mujeres "pobres o solas" para que no abortaran y les entregaran sus hijos. Después, los adoptaban "familias bien". Más claro: el MFC se apodera del bebé de la madre "pobre o sola", arregla con el juez que le dé la guarda, ubica la familia "bien" adoptante, y el juzgado autoriza la adopción. ¿No es un circuito impecable de apropiación y tráfico de hijos de mujeres "pobres o solas", con aval judicial? Baseotto no lo hubiera hecho mejor. Cuánto reciben las arcas de la Iglesia por los servicios del MFC lo ignoramos, pero otra organización católica similar, que también tiene hogares de guarda, le pidió a una adoptante "entre gastos, trámites y donaciones, más o menos 15.000 dólares".
Ayer, asociados a la dictadura para robar hijos de desaparecidas. Hoy, asociados a los jueces para robar hijos de mujeres pobres. Robar niños y lucrar con ellos es una vocación estructural de la Iglesia. El Estado encubre y subsidia a los esclavistas eclesiásticos.
Olga Cristóbal
El Movimiento Familiar Cristiano (MFC), laicos de la Iglesia Católica, fue "uno de los vehículos utilizado para lograr adopciones de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en Campo de Mayo" (Crítica, 31/7). Las Abuelas informaron que en el hospital del cuartel se hallaron partidas de nacimiento y que en la Secretaría del Menor "aparecieron escondidas decenas de fichas de adopciones favorecidas por el MFC".
El juzgado de Jorge Ballesteros, a su vez, encontró en la sede del MFC fichas de bebés inscriptos con nombre falso en hospitales y "por lo menos otras seis" sin ningún dato. Una tal señora Link recibía a los adoptantes y a los bebés secuestrados y hacía los registros "con los datos de ingresos de bebés y de los adoptantes". Este "entramado que permitía ‘el blanqueo' de los chicos nacidos en cautiverio" se confirmó a partir de la recuperación de Belén Altamiranda Taranto, hija de militantes del PRT. Belén nació en Campo de Mayo y tenía tres meses cuando "el MFC la entregó en adopción a una familia".
El personal judicial que "fue" a la sede del MFC -¿la allanaron o qué?- "no imaginaban que del otro lado lo esperaba la confirmación de lo que venía investigando desde hace años": que el MFC era "una especie de agencia de adopción para familias civiles y militares". ¿Cuál es la sorpresa? La causa para determinar el destino de no menos de veinte bebés nacidos en Campo de Mayo comenzó en 1999. Médicos y enfermeras confirmaron que traían embarazadas -todas están desaparecidas- desde otras cárceles clandestinas, que parían encadenadas y encapuchadas. También que el actual obispo Federico Gogala iba a la maternidad y presenció algunos partos. Que había monjas de la congregación Cristo Rey. "La sospecha de la participación de la Iglesia en la apropiación de niños en Campo de Mayo no es para nada descabellada", afirmó Luciano Hazan, abogado de Abuelas (Página/12, 14/10/07).
Ballesteros no interrogó ni a Gogala, ni a las monjas, ni a los responsables del MFC. Si lo hiciera, tal vez volvería a sorprenderse. Actualmente, el MFC se ocupa de facilitar trámites de adopción y garantizar la catadura moral de los adoptantes. Pero, además, tiene chicos en guarda. Se los entrega la Justicia para que los alberguen en sus Hogares de Belén (hay en todo el país) hasta que "se resuelve la situación legal".
Según el MFC, ofrecieron "ese servicio" por primera vez a los Juzgados de Menores de Rosario, en 1982. EL MFC oculta que el vínculo con el bebé es previo a la intervención judicial, algo de lo que se jactan en los Encuentros de Mujeres las militantes de los Hogares de Belén (cuya presencia en los Encuentros es impuesta en nombre de la "democracia"). En Jujuy, decían "haber convencido" a 6.000 mujeres "pobres o solas" para que no abortaran y les entregaran sus hijos. Después, los adoptaban "familias bien". Más claro: el MFC se apodera del bebé de la madre "pobre o sola", arregla con el juez que le dé la guarda, ubica la familia "bien" adoptante, y el juzgado autoriza la adopción. ¿No es un circuito impecable de apropiación y tráfico de hijos de mujeres "pobres o solas", con aval judicial? Baseotto no lo hubiera hecho mejor. Cuánto reciben las arcas de la Iglesia por los servicios del MFC lo ignoramos, pero otra organización católica similar, que también tiene hogares de guarda, le pidió a una adoptante "entre gastos, trámites y donaciones, más o menos 15.000 dólares".
Ayer, asociados a la dictadura para robar hijos de desaparecidas. Hoy, asociados a los jueces para robar hijos de mujeres pobres. Robar niños y lucrar con ellos es una vocación estructural de la Iglesia. El Estado encubre y subsidia a los esclavistas eclesiásticos.
Olga Cristóbal
JUICIO CONTRA EL CURA GRASSI
“Hacete amigo del juez...”
Ni el público ni la prensa podrán presenciar el juicio contra el cura Grassi, acusado de "abuso deshonesto, corrupción de menores agravada y amenazas coactivas" contra tres menores que estaban bajo su custodia en la Fundación Felices los Niños. Otro favor del Tribunal Oral N° 1 de Morón es que fijó como fecha de inicio "el mismo día en que arranca el de la masacre de Cromañón, lo que le permitirá bajar el perfil". Los jueces, además, aceptaron que Grassi grabe en video todos los testimonios. El abogado Juan Pablo Gallego, del Comité de Seguimiento sobre los Derechos del Niño, apeló la medida; consideró que está "más dirigida a proteger al imputado que a las víctimas" y acusó a los jueces de ejercer "censura anticipada y cercenamiento total a la libertad de expresión" (Página/12, 3/8).Es un eslabón más del dispositivo de encubrimiento a Grassi: el juicio se dilató por más de ocho años; el acusado vive enfrente de la Fundación y todos los pedidos de encarcelamiento fracasaron aunque violó las dos condiciones que le fueron impuestas - que no visitara la Fundación ni injuriara a sus denunciantes en la prensa. Se le permitió eludir todas las pericias psiquiátricas, si bien una batalla judicial obligó a agregar una pericia realizada en Calafate (donde también está procesado por abuso) que determinó que el cura "tiene indicadores similares a los delincuentes sexuales". El intento de invalidar ésa y todas las otras pruebas de cargo precipitó el desplazamiento del tribunal anterior (Clarín, 2/7). El nuevo tribunal continúa revictimizando a los jóvenes y les exige nuevas pericias psiquiátricas.Que Grassi filme los testimonios avala la constante intimidación de las víctimas, testigos y peritos de la querella, que "fueron amenazados a lo largo de la investigación, incluyendo a los tres chicos que lo acusaron y al psicólogo de uno de los jóvenes, Enrique Stola". Las amenazas mafiosas alcanzaron a un testigo protegido con domicilio secreto. La Justicia nunca investigó.Grassi se jacta de que la Iglesia lo respalda y no miente: nunca le retiró el estado pastoral. El obispo de Morón, Luis Eilchom, lo autorizó a dar misa en William Morris, el barrio donde viven algunas de sus víctimas y testigos (Crítica, 4/7). El cardenal Bergoglio, que fue y es su confesor, no desmiente ser "una de las personas a las que Grassi consulta y pide consejos" (Veintitrés, 12/8/06). La Iglesia es un antro de delincuentes sexuales. Y la Justicia su cómplice.
Olga Cristóbal
“Hacete amigo del juez...”
Ni el público ni la prensa podrán presenciar el juicio contra el cura Grassi, acusado de "abuso deshonesto, corrupción de menores agravada y amenazas coactivas" contra tres menores que estaban bajo su custodia en la Fundación Felices los Niños. Otro favor del Tribunal Oral N° 1 de Morón es que fijó como fecha de inicio "el mismo día en que arranca el de la masacre de Cromañón, lo que le permitirá bajar el perfil". Los jueces, además, aceptaron que Grassi grabe en video todos los testimonios. El abogado Juan Pablo Gallego, del Comité de Seguimiento sobre los Derechos del Niño, apeló la medida; consideró que está "más dirigida a proteger al imputado que a las víctimas" y acusó a los jueces de ejercer "censura anticipada y cercenamiento total a la libertad de expresión" (Página/12, 3/8).Es un eslabón más del dispositivo de encubrimiento a Grassi: el juicio se dilató por más de ocho años; el acusado vive enfrente de la Fundación y todos los pedidos de encarcelamiento fracasaron aunque violó las dos condiciones que le fueron impuestas - que no visitara la Fundación ni injuriara a sus denunciantes en la prensa. Se le permitió eludir todas las pericias psiquiátricas, si bien una batalla judicial obligó a agregar una pericia realizada en Calafate (donde también está procesado por abuso) que determinó que el cura "tiene indicadores similares a los delincuentes sexuales". El intento de invalidar ésa y todas las otras pruebas de cargo precipitó el desplazamiento del tribunal anterior (Clarín, 2/7). El nuevo tribunal continúa revictimizando a los jóvenes y les exige nuevas pericias psiquiátricas.Que Grassi filme los testimonios avala la constante intimidación de las víctimas, testigos y peritos de la querella, que "fueron amenazados a lo largo de la investigación, incluyendo a los tres chicos que lo acusaron y al psicólogo de uno de los jóvenes, Enrique Stola". Las amenazas mafiosas alcanzaron a un testigo protegido con domicilio secreto. La Justicia nunca investigó.Grassi se jacta de que la Iglesia lo respalda y no miente: nunca le retiró el estado pastoral. El obispo de Morón, Luis Eilchom, lo autorizó a dar misa en William Morris, el barrio donde viven algunas de sus víctimas y testigos (Crítica, 4/7). El cardenal Bergoglio, que fue y es su confesor, no desmiente ser "una de las personas a las que Grassi consulta y pide consejos" (Veintitrés, 12/8/06). La Iglesia es un antro de delincuentes sexuales. Y la Justicia su cómplice.
Olga Cristóbal
Llegamos a Neuquén
Llegamos a Neuquén diez días después de que la justicia cordobesa, acatando directivas del clero, prohibió la distribución de la píldora del día después en hospitales y centros de salud. La ley obliga al Estado a entregar esa píldora, que evita el embarazo, a niñas y mujeres violadas: en lo sucesivo sólo accederán a ella quienes sepan que existe y puedan pagarla. La prohibición promueve los abortos clandestinos y, por lo tanto, la muerte materna, que en los últimos cinco años creció un 19,4% hasta llegar al 48 por mil, ubicando a la Argentina entre los países más mortíferos del continente (Página/12, 24/6). Y promueve también, claro, que se multipliquen las Romina: el 6 de agosto en La Pampa una adolescente de 16 años abortó un feto sola en un baño.
Llegamos a Neuquén mientras en Buenos Aires se repiten las marchas por la aparición de Johanna Escobar, de 12 años, en un intento desesperado por evitar que sea una más de las miles de mujeres y nenas secuestradas por las redes de trata para explotación sexual. Hay 5.000 nenas y nenes esclavizados para turismo sexual sólo en la Capital Federal ¿Cuántos habrá en todo el país? La ley K contra la trata lo único que garantiza es la impunidad de rufianes, tratantes, esclavistas.
Llegamos a Neuquén sabiendo que se han disparado los índices de violencia contra la mujer pero que menos del 10% de los violadores llega a ser juzgado, y que reciben condenas irrisorias. Violadores y asesinos son enviados a casa con tobilleras electrónicas "arregladas". La cabo Marta Oviedo -asesina de Andrea Viera- anda tranquilamente de paseo con su tobillera. Los policías de Marcos Paz, violadores y asesinos de Noelia Herrera, ni siquiera están procesados. Pero a las madres presas con sus hijos se les niega la prisión domiciliaria y les quitan el refuerzo alimentario para los chicos.
Llegamos a Neuquén las trabajadoras que luchamos todos estos años por la defensa incondicional de Zanón y de todas las empresas recuperadas. Las que luchamos por el salario igual a la canasta familiar, contra el trabajo precario, contra la burocracia sindical. Maestras de todo el país, que rendimos homenaje al compañero Fuentealba luchando por el mismo programa que él defendió: el salario y la defensa de la educación. Estamos hartas de que nuestros alumnos pasen hambre y frío en escuelas sin gas, sin vidrios y con comedores desfinanciados, que no garantizan la que muchas veces es la única comida del día. Y las trabajadoras de la salud, testigos del deterioro de la salud del pueblo, de que en los hospitales no hay vacunas, ni antibióticos, ni gasa. Y las jubiladas, a quienes el gobierno nos acaba de licuar el 40% de nuestras jubilaciones mientras promete un primer aumento de la ‘movilidad' para ¡marzo de 2009! Y las piqueteras, en lucha contra el hambre que se adueña de las barriadas y por el aumento de los planes sociales congelados desde hace años.
Llegamos a Neuquén las trabajadoras rurales y las originarias, que fuimos invisibles durante los 100 días de conflicto entre el gobierno y la patronal agraria. Millones de palabras no les alcanzaron para nombrar el estatuto del peón de Videla, las jornadas interminables, el negreo, el trabajo infantil, el abuso sexual. Tampoco el saqueo ambiental y la expulsión de nuestras tierras por parte de patrones sojeros de todos los tamaños. Venimos a luchar por el derecho a la tierra, como las mujeres urbanas luchan por el derecho a la vivienda.
Llegamos a Neuquén de lugares distantes, pero unidas por los mismos problemas. La violencia cotidiana que se expresa en golpizas, asesinatos, esclavitud sexual. Las muertes por aborto y por el vaciamiento del sistema de salud. La ingerencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida social. Los salarios que no cubren la mitad de canasta familiar. La inflación que llevó a las nubes la comida, los remedios, los alquileres, la ropa, el transporte, la luz. El trabajo en negro.
La tan mentada "redistribución de la riqueza" kirchnerista concluye en tarifazos y escalada de precios, en el más vulgar de los ajustes. El gobierno pretende remontar la crisis de su "modelo productivo" cumpliendo a rajatablas las exigencias de la gran patronal: un ataque furibundo a las condiciones de vida del pueblo. La resistencia de los trabajadores recibe como única respuesta la represión: en esto no se diferencian la presidenta "nacional y popular" (7 de julio) y el sojero Schiaretti. Tampoco se diferencian a la hora de avasallar los derechos de la mujer. La entrega de nuestras reivindicaciones forma parte de la estrategia de reconciliación del gobierno con la oposición oligárquica y la Iglesia.
En defensa propia, las mujeres tenemos que hacer realidad una de las consignas más enunciadas en los Encuentros: el derecho a decidir. El derecho a decir basta. Después de veintitrés Encuentros, urge encontrar el modo de enfrentar unidas a los que se arrogan el derecho a decidir por nosotras sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro derecho a ser madres o a no serlo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre nuestras condiciones de existencia. Cada uno de los Encuentros se pronunció tajantemente por el aborto legal y gratuito y contra toda forma de violencia hacia la mujer. ¿Cómo puede ser que en nombre del pluralismo se pretenda evitar que defendamos juntas aquello en lo que todas coincidimos? ¿Cómo puede ser que en nombre del consenso se pretenda evitar que actuemos en la más absoluta unidad de acción?
Tenemos dos oportunidades inmediatas para que el movimiento de mujeres salga de su estancamiento y se convierta en un factor de la situación política. El 28/9 marchemos juntas en todo el país por el aborto legal. El 25 de noviembre marchemos juntas en todo el país contra la violencia hacia la mujer. Es hora de ponerles un freno. Es hora de que se oiga la voz de las mujeres, independiente de los curas, las patronales y el gobierno.
Olga Cristóbal (Plenario de Trabajadoras)
Llegamos a Neuquén diez días después de que la justicia cordobesa, acatando directivas del clero, prohibió la distribución de la píldora del día después en hospitales y centros de salud. La ley obliga al Estado a entregar esa píldora, que evita el embarazo, a niñas y mujeres violadas: en lo sucesivo sólo accederán a ella quienes sepan que existe y puedan pagarla. La prohibición promueve los abortos clandestinos y, por lo tanto, la muerte materna, que en los últimos cinco años creció un 19,4% hasta llegar al 48 por mil, ubicando a la Argentina entre los países más mortíferos del continente (Página/12, 24/6). Y promueve también, claro, que se multipliquen las Romina: el 6 de agosto en La Pampa una adolescente de 16 años abortó un feto sola en un baño.
Llegamos a Neuquén mientras en Buenos Aires se repiten las marchas por la aparición de Johanna Escobar, de 12 años, en un intento desesperado por evitar que sea una más de las miles de mujeres y nenas secuestradas por las redes de trata para explotación sexual. Hay 5.000 nenas y nenes esclavizados para turismo sexual sólo en la Capital Federal ¿Cuántos habrá en todo el país? La ley K contra la trata lo único que garantiza es la impunidad de rufianes, tratantes, esclavistas.
Llegamos a Neuquén sabiendo que se han disparado los índices de violencia contra la mujer pero que menos del 10% de los violadores llega a ser juzgado, y que reciben condenas irrisorias. Violadores y asesinos son enviados a casa con tobilleras electrónicas "arregladas". La cabo Marta Oviedo -asesina de Andrea Viera- anda tranquilamente de paseo con su tobillera. Los policías de Marcos Paz, violadores y asesinos de Noelia Herrera, ni siquiera están procesados. Pero a las madres presas con sus hijos se les niega la prisión domiciliaria y les quitan el refuerzo alimentario para los chicos.
Llegamos a Neuquén las trabajadoras que luchamos todos estos años por la defensa incondicional de Zanón y de todas las empresas recuperadas. Las que luchamos por el salario igual a la canasta familiar, contra el trabajo precario, contra la burocracia sindical. Maestras de todo el país, que rendimos homenaje al compañero Fuentealba luchando por el mismo programa que él defendió: el salario y la defensa de la educación. Estamos hartas de que nuestros alumnos pasen hambre y frío en escuelas sin gas, sin vidrios y con comedores desfinanciados, que no garantizan la que muchas veces es la única comida del día. Y las trabajadoras de la salud, testigos del deterioro de la salud del pueblo, de que en los hospitales no hay vacunas, ni antibióticos, ni gasa. Y las jubiladas, a quienes el gobierno nos acaba de licuar el 40% de nuestras jubilaciones mientras promete un primer aumento de la ‘movilidad' para ¡marzo de 2009! Y las piqueteras, en lucha contra el hambre que se adueña de las barriadas y por el aumento de los planes sociales congelados desde hace años.
Llegamos a Neuquén las trabajadoras rurales y las originarias, que fuimos invisibles durante los 100 días de conflicto entre el gobierno y la patronal agraria. Millones de palabras no les alcanzaron para nombrar el estatuto del peón de Videla, las jornadas interminables, el negreo, el trabajo infantil, el abuso sexual. Tampoco el saqueo ambiental y la expulsión de nuestras tierras por parte de patrones sojeros de todos los tamaños. Venimos a luchar por el derecho a la tierra, como las mujeres urbanas luchan por el derecho a la vivienda.
Llegamos a Neuquén de lugares distantes, pero unidas por los mismos problemas. La violencia cotidiana que se expresa en golpizas, asesinatos, esclavitud sexual. Las muertes por aborto y por el vaciamiento del sistema de salud. La ingerencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida social. Los salarios que no cubren la mitad de canasta familiar. La inflación que llevó a las nubes la comida, los remedios, los alquileres, la ropa, el transporte, la luz. El trabajo en negro.
La tan mentada "redistribución de la riqueza" kirchnerista concluye en tarifazos y escalada de precios, en el más vulgar de los ajustes. El gobierno pretende remontar la crisis de su "modelo productivo" cumpliendo a rajatablas las exigencias de la gran patronal: un ataque furibundo a las condiciones de vida del pueblo. La resistencia de los trabajadores recibe como única respuesta la represión: en esto no se diferencian la presidenta "nacional y popular" (7 de julio) y el sojero Schiaretti. Tampoco se diferencian a la hora de avasallar los derechos de la mujer. La entrega de nuestras reivindicaciones forma parte de la estrategia de reconciliación del gobierno con la oposición oligárquica y la Iglesia.
En defensa propia, las mujeres tenemos que hacer realidad una de las consignas más enunciadas en los Encuentros: el derecho a decidir. El derecho a decir basta. Después de veintitrés Encuentros, urge encontrar el modo de enfrentar unidas a los que se arrogan el derecho a decidir por nosotras sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro derecho a ser madres o a no serlo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre nuestras condiciones de existencia. Cada uno de los Encuentros se pronunció tajantemente por el aborto legal y gratuito y contra toda forma de violencia hacia la mujer. ¿Cómo puede ser que en nombre del pluralismo se pretenda evitar que defendamos juntas aquello en lo que todas coincidimos? ¿Cómo puede ser que en nombre del consenso se pretenda evitar que actuemos en la más absoluta unidad de acción?
Tenemos dos oportunidades inmediatas para que el movimiento de mujeres salga de su estancamiento y se convierta en un factor de la situación política. El 28/9 marchemos juntas en todo el país por el aborto legal. El 25 de noviembre marchemos juntas en todo el país contra la violencia hacia la mujer. Es hora de ponerles un freno. Es hora de que se oiga la voz de las mujeres, independiente de los curas, las patronales y el gobierno.
Olga Cristóbal (Plenario de Trabajadoras)
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